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El periplo de Keiko Fujimori: tres años entre la cárcel y el poder

© AFP 2021 / Peruvian JudiciaryKeiko Fujimori, líder del partido peruano Fuerza Popular
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La candidata peruana Keiko Fujimori enfrenta un pedido de prisión por 30 años por lavado de activos, en una causa surgida en 2018 a partir del Lava Jato. En los últimos años, la dirigente ha alternado entre la prisión, los recursos judiciales, los enfrentamientos políticos y la tercera carrera hacia la Presidencia.
Después de dos ciclos electorales —2011 y 2016— en los que estuvo cerca de alcanzar la Presidencia de Perú, la carrera política de Keiko Fujimori no pudo despegarse de las acusaciones de corrupción y un sinfín de idas y vueltas con la Justicia que la tienen, ahora, ante la posibilidad de ser encarcelada durante 30 años.
En efecto, el fiscal José Domingo Pérez —especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios— oficializó el 11 de marzo una acusación contra la excongresista y líder del partido Fuerza Popular por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la Justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
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El pedido de condena contra Fujimori es el corolario de una investigación judicial iniciada en 2018 y que, según consigna el propio Ministerio Público peruano, ya lleva 2 años, cuatro meses y 11 días de recopilación de elementos. La candidata no es la única acusada, ya que la causa también pide condenas para otras 39 personas y sanciones contra el propio partido Fuerza Popular y una empresa privada de bienes raíces.

¿De qué acusan a Keiko Fujimori?

Los problemas judiciales de Keiko Fujimori comenzaron cuando la investigación conocida como Lava Jato —que investigaba sobornos de la empresa constructora Odebrecht a políticos de Brasil— comenzó a incluir también presuntos apoyos económicos ilegales a dirigentes políticos peruanos.
En el marco de la investigación, el titular de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reveló que la empresa había aportado 1,2 millones de dólares para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. Según reveló en ese momento el medio Ojo Público, el partido político de Fujimori contaba con una estructura para oficializar esos aportes irregulares, en la que participan varios de sus principales dirigentes.
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A partir de las revelaciones, la Justicia peruana ordenó una serie de allanamientos en locales de Fuerza Popular y las residencias particulares de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, dirigentes clave del partido. Los allanamientos se realizaron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.
El caso volvería a tener novedades el 10 de octubre de 2018, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar de Keiko por diez días. La dirigente política calificó aquella medida como parte de una persecución política y apeló la sentencia. Tras siete días en prisión, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dio la razón a Fujimori y le permitió recuperar la libertad.
Allí comenzaron las idas y vueltas entre Keiko Fujimori y la Justicia, que la verían ingresar y salir de la cárcel en más de una oportunidad. En efecto, la líder de Fuerza Popular volvió a ser detenida el 31 de octubre, luego de que el juez Carhuancho volviera a dictar prisión preventiva, en esa oportunidad por un plazo de 36 meses.

Cárcel, apelaciones y política

La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori no llegó a estar 36 meses de prisión y, de hecho, ni siquiera llegó a cumplir la mitad de esa condena. El 12 de septiembre de 2019, la Corte Suprema de Perú resolvió reducir de 36 a 18 meses el tiempo de prisión que correspondía a la acusada, al entender que la medida dictada en primer lugar era excesiva.
Para ese fallo fue fundamental la jueza Susana Castañeda, que se incorporó al máximo órgano del Poder Judicial peruano en agosto de 2019 para dirimir la discordia que existía entre los magistrados del órgano, que no había alcanzado en primera instancia los cuatro votos necesarios para tomar una resolución. Con el voto de Castañeda, la reducción de la pena fue aprobada por cuatro votos contra dos.
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Fujimori volvería a tener una buena noticia el 26 de noviembre de 2019, cuando el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación de la dirigente tras acceder a un pedido de habeas corpus presentado por su defensa. Finalmente, la líder recuperó su libertad luego de haber cumplido tan solo 13 de los 36 meses de prisión pedidos en un primer momento.
Aquella decisión no estuvo exenta de polémica, ya que el entonces presidente, Martín Vizcarra, había acusado a Fuerza Popular y al Congreso de manipular la integración del Tribunal Constitucional para asegurar una sentencia favorable a la dirigente. Los desencuentros entre el presidente y el Congreso por la designación de los nuevos integrantes del TC motivaron la disolución del órgano legislativo peruano el 30 de septiembre de 2019.
La suerte no duró mucho y en enero de 2020 Fujimori fue enviada nuevamente a prisión, esa vez por el juez Víctor Zúñiga, a quien correspondió encargarse de la etapa preparatoria del juicio. El 28 de enero, el magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva.
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Fujimori tampoco llegó a cumplir esa sentencia, ya que apeló el fallo y en abril de 2020, y con la pandemia de COVID-19 azotando a Perú, un tribunal de apelaciones habilitó su excarcelación. La defensa de la líder política intentó varias veces apartar del caso alegando que no era imparcial pero no lo logró. En todos los casos, la Justicia ratificó al magistrado al frente de la causa.
Desde entonces Keiko Fujimori no solo recuperó la libertad sino que pudo lanzarse como candidata presidencial de cara a las elecciones de abril de 2021, siempre con su partido Fuerza Popular, que no fue inhabilitado por la justicia electoral.
El pedido de condena por 30 años anunciado por el fiscal Pérez deberá ser analizado por el juez Zúñiga, que deberá resolver si amerita el inicio de un juicio oral contra la candidata presidencial.
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