La Asamblea de Madrid acepta su disolución pero recurre el adelanto electoral

MADRID (Sputnik) — La Asamblea de Madrid aceptó la disolución de la Cámara pero anunció su intención de recurrir el adelanto electoral en la región, acordado de forma sorpresiva por la presidenta autonómica.

"La Mesa de la Diputación permanente, tras la publicación del Decreto de la Comunidad de Madrid disolviendo la Asamblea y convocando elecciones, considera disuelta la Asamblea", reza un texto aprobado este jueves 11 de marzo por el órgano que gobierna la Cámara.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del conservador Partido Popular) rompió el 10 de marzo su acuerdo para compartir el Gobierno de la región con la formación liberal Ciudadanos, tras lo que disolvió el Parlamento regional y convocó nuevos comicios.

Según la propia Ayuso, este movimiento busca evitar una moción de censura en su contra después de que sus socios de Ciudadanos se alinearan con el Partido Socialista para promover un movimiento similar en la Región de Murcia.

Sin embargo, la legalidad de la decisión está en entredicho. El decreto de disolución fue firmado a mediodía y una hora después los partidos de la oposición madrileña registraron mociones de censura contra Ayuso, que fueron aceptadas por la Mesa de la Cámara.

Según el estatuto de Autonomía de Madrid, no se puede convocar elecciones "cuando se encuentre en tramitación una moción de censura".

La duda ahora recae sobre el hecho de si la firma del decreto de disolución es suficiente para considerar válida la llamada a elecciones o si, por el contrario, es necesario esperar a que la decisión sea publicada en el Boletín Oficial de la región certificar su entrada en vigor, lo que haría que las mociones de censura primaran, anulando la llamada a las urnas.

Aunque la Asamblea asumió este 11 de marzo su resolución una vez publicado el decreto, la Mesa de la diputación permanente anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Madrid pidiendo "medidas cautelarísimas" para su suspensión, lo que deja el futuro político de la región capitalina en manos de los jueces.