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Una experta afirma que salvadoreñas con emergencias obstétricas son criminalizadas
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"Hay un perfil que criminaliza a mujeres pobres, entre 18 y 23 años, a partir de estereotipos de género", declaró Clérico en la audiencia para exigir que el
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Manuela fue condenada a 30 años de cárcel en 2008, acusada de homicidio agravado tras un parto extrahospitalario en la letrina de su casa y perder a su hijo por una emergencia obstétrica, y murió en 2010 por un cáncer que no le fue atendido a tiempo."El caso de Manuela fue la crónica de una criminalización y una muerte anunciada", dijo Clérico, quien calificó de "gravísimas" las violaciones de los derechos humanos que sufrió la víctima desde que llegó a la sala de urgencias, hasta su condena y muerte, esposada a una camilla del Hospital Rosales de San Salvador.La experta afirmó que la criminalización de la violencia obstétrica se retroalimenta en El Salvador con diversos estereotipos que propician la discriminación contra las mujeres, a las que no se les permite bajo ningún escenario interrumpir su embarazo.Clérico negó que este fuera un caso aislado en El Salvador, y lo achacó a problemas estructurales que impiden el acceso de las mujeres jóvenes, pobres y residentes en su mayoría en zonas rurales que no tienen acceso a la educación básica."Manuela necesitaba una defensa oportuna, porque en la sala de espera dio información que fue utilizada en su contra", agregó la especialista.El expediente de Manuela fue remitido a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entre los objetivos de la audiencia que transcurrirá entre el 10 y 11 de marzo destaca la dignificación de las mujeres víctimas de la criminalización del aborto.Antes de 1998, las mujeres en El Salvador podían abortar en casos de violación, o si la salud del bebé o de la madre estaba en riesgo, pero a partir de ese año la interrupción del embarazo quedó prohibida por completo.
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Una experta afirma que salvadoreñas con emergencias obstétricas son criminalizadas
SAN SALVADOR (Sputnik) — Las mujeres jóvenes y pobres que sufren una emergencia obstétrica son criminalizadas en El Salvador, dijo la perita argentina Laura Clérico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"Hay un perfil que criminaliza a mujeres pobres, entre 18 y 23 años, a partir de estereotipos de género", declaró Clérico en la audiencia para exigir que el Estado de El Salvador admita su responsabilidad en la muerte de Manuela, joven víctima de la ilegalidad del aborto en ese país.
Manuela fue condenada a 30 años de cárcel en 2008, acusada de homicidio agravado tras un parto extrahospitalario en la letrina de su casa y perder a su hijo por una emergencia obstétrica, y murió en 2010 por un cáncer que no le fue atendido a tiempo.
"El caso de Manuela fue la crónica de una criminalización y una muerte anunciada", dijo Clérico, quien calificó de "gravísimas" las violaciones de los derechos humanos que sufrió la víctima desde que llegó a la sala de urgencias, hasta su condena y muerte, esposada a una camilla del Hospital Rosales de San Salvador.
La experta afirmó que la criminalización de la violencia obstétrica se retroalimenta en El Salvador con diversos estereotipos que propician la discriminación contra las mujeres, a las que no se les permite bajo ningún escenario interrumpir su embarazo.
10 de marzo 2021, 18:19 GMT
Clérico negó que este fuera un caso aislado en El Salvador, y lo achacó a problemas estructurales que impiden el acceso de las mujeres jóvenes, pobres y residentes en su mayoría en zonas rurales que no tienen acceso a la educación básica.
"Manuela necesitaba una defensa oportuna, porque en la sala de espera dio información que fue utilizada en su contra", agregó la especialista.
El expediente de Manuela fue remitido a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entre los objetivos de la audiencia que transcurrirá entre el 10 y 11 de marzo destaca la dignificación de las mujeres víctimas de la criminalización del aborto.
"Al dignificar la figura de Manuela también se va a dignificar la figura de muchas mujeres que han transitado del hospital a la cárcel", afirmó la activista salvadoreña Morena Herrera en rueda de prensa previa a esta audiencia.
Antes de 1998, las mujeres en El Salvador podían abortar en casos de violación, o si la salud del bebé o de la madre estaba en riesgo, pero a partir de ese año la interrupción del embarazo quedó prohibida por completo.