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Juez de Ecuador da 5 días a instituciones estatales para disminuir población carcelaria

CC0 / Pixabay / El pasillo de una cárcel (imagen referencial)
El pasillo de una cárcel (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 10.03.2021
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QUITO (Sputnik) — Un juez de Ecuador dio 5 días de plazo para que diversas instituciones del Estado adopten las medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria en el país, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) en un comunicado.
"El juez Ángel Mestanza Arboleda dispusoque el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que en el término de 5 días, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo y las demás entidades estatales demandadas, adopten las medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria del país", dice el texto.
La decisión del juez es la respuesta a una acción de protección con medidas cautelares a favor de las personas privadas de la libertad interpuesta por INREDH y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE).
Con dicha acción, el CDH-PUCE y la INREDH solicitaron el amparo directo y eficaz de los derechos de las personas privadas de la libertad reconocidos en la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales.
La acción fue presentada contra el presidente Moreno, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría Nacional de Planificación "Planifica Ecuador" y la Procuraduría General del Estado.
Según Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, el hacinamiento en los centros de privación de libertad, la existencia de muertes violentas dentro de los centros penitenciarios, la pérdida de control estatal de las cárceles, el tráfico de armas, drogas y amotinamientos, la falta de atención médica, la cual ha producido un incremento de los casos de tuberculosis y VIH-SIDA, son, entre otros, hechos causantes de violaciones de derechos constitucionales en el sistema carcelario identificados dentro de la demanda.
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