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Bolivia: 4 femicidios atroces y la obligación de mejorar la atención a las víctimas de violencia

© REUTERS / David MercadoManifestante contra los feminicidios en Bolivia durante el Día Internacional de la Mujer
Manifestante contra los feminicidios en Bolivia durante el Día Internacional de la Mujer - Sputnik Mundo, 1920, 10.03.2021
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El hallazgo de fosas con los cuerpos de cuatro mujeres desaparecidas en los últimos años en Cochabamba hace reflexionar a la sociedad boliviana sobre las maneras de prevenir la violencia creciente hacia las mujeres.
El descubrimiento de cuatro cuerpos de mujeres enterrados en el Trópico de Cochabamba (centro) reabrió el debate sobre la efectividad de las leyes para salvaguardar a las víctimas de violencia machista. Posiblemente los autores de estos crímenes ya se encuentran tras las rejas, pero ¿qué deberes le quedan al Estado boliviano para evitar que asesinatos despiadados de este tipo vuelvan a ocurrir?
Mónica Olmos, de 25 años, desapareció el 20 de diciembre de 2020. Su mamá, Magda, recibió en su teléfono un último pedido de auxilio al día siguiente. La señora hizo rastrear ese mensaje y así llegó hasta Omar Jhonny Fernández Herrada, primo de su hija, quien negó saber dónde estaba.
El cuerpo de Mónica apareció el 10 de febrero pasado, en la comunidad Tres Arroyos, del municipio de Villa Tunari, en el Trópico cochabambino. Estaba enterrada a 300 metros de la casa de Fernández, quien fue detenido y confesó el femicidio.
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Para encontrarla, la Policía entró a los teléfonos de otros dos implicados y revisó sus mensajes. Por ello también están presos Juan Denis Guevara Mita, de 37 años, y David Sapana Ruiz, de 21. Fernández, de 27 años, fue sentenciado en juicio abreviado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto.
En Tres Arroyos, ataron cabos y pensaron que este caso tenía puntos en común con la desaparición de Nayeli Lizarazu Acuña, de 19 años y de esa comunidad, a quien no veían desde febrero de 2020. La hallaron enterrada a 10 metros de donde estaba Mónica.
La Policía continuó revisando las actividades telefónicas de Fernández de años anteriores y halló pistas que permitirían encontrar a otras mujeres desaparecidas. Hablaron con el preso y confesó otros dos femicidios. Con la ayuda de perros adiestrados, el 1º de marzo pasado se dio con dos cuerpos.
Eran el de Beatriz García Ustariz, de 29 años, desaparecida desde agosto de 2017; y el de Margarita Maldonado, de 24 años, cuyo paradero se desconocía desde septiembre de 2019. Para dar con ellas, la Policía se aprovechó de un error de Fernández. Luego del asesinato de Beatriz, continuó por un tiempo usando su chip telefónico.

La investigación de las Mujeres de Fuego

Nivia Coca es presidenta de Mujeres de Fuego, un colectivo de sobrevivientes de la violencia patriarcal. Comentó a Sputnik que la página en Facebook de la organización es un canal para recibir denuncias, así como apoyo en el cumplimiento de su tarea. Por este medio supieron de la desaparición de Mónica, a finales de 2020.
Cuando su cuerpo fue hallado, "empezamos a hacer seguimiento. Nos pusimos de acuerdo con la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) de El Chapare. Coordinamos para saber cómo va el caso, qué ayuda reciben las familias y demás", contó Coca.
Según ella, "fue grave la sorpresa cuando encontraron un segundo cuerpo. Eso nos puso en alerta de que podría haber más casos de feminicidios en el mismo lugar".
La presidenta de Mujeres de Fuego dijo que indagaron en otras desapariciones de mujeres en esa zona durante los últimos años. "Así llegamos a encontrar los cuatro cuerpos. Pero este no es un caso cerrado todavía", afirmó. En su organización siguen investigando más casos que podrían atribuirse a Fernández, a quien calificó de "asesino serial".
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Ya condenado por el femicidio de Olmos, en un principio Fernández aceptó su autoría en los otros tres asesinatos. Dijo que las cuatro habían sido sus novias y que las había matado "por celos". Pero a los pocos días se desdijo y aseguró que su antiguo amigo Juan Denis había sido el autor intelectual de los crímenes, por él ejecutados. A tres de ellas las asesinó asfixiándolas con sogas. A una le rompió el cráneo con un objeto aún no determinado.
Coca comentó que se reunieron con el comandante general de la Policía Nacional, Jhonny Aguilera. Le exigieron que en los casos de desaparición de personas las alertas de búsqueda se activen de inmediato. Y no en las siguientes 48 o 72 horas, como actualmente se haría.
La líder de Mujeres de Fuego razonó que durante las primeras horas de desaparición de una persona "es más importante hacer seguimiento y dar con el paradero de ellas. Nosotras hemos hecho así, y a través de nuestra página en 24 horas hemos podido hallar a menores de edad", dijo Coca. Y agregó: "Fue gracias a las redes sociales, sin la búsqueda del sector de Inteligencia de la Policía".
Quizás porque se hizo eco de su reclamo, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, pidió a las tres empresas de telefonía celular del país (Entel, Tigo y Viva) que cuando se les pida información por medio de la Fiscalía la entreguen en el mismo día. Y no como ocurre ahora, que tardan hasta un mes, cuando en muchos casos ya no es posible dar con las víctimas de femicidios y desapariciones forzadas, a menudo vinculadas a redes de trata y tráfico de personas.

Misterios de Tres Arroyos

Las cuatro mujeres vivían en esta zona de Villa Tunari. ¿A nadie resultaba extraño que desaparecieran jóvenes de sus comunidades todos los años? Según los investigadores, esto se explica en cierto grado de psicopatía manifestado por Fernández. Al quedarse con los teléfonos de sus víctimas, seguía en contacto con sus familiares.
Les escribía haciéndose pasar por ellas, para que creyeran que su hija o hermana había conseguido trabajo en otro departamento y que ya algún día la volverían a ver. Así logró mantener relativamente tranquilas a las familias de las víctimas. Él se aprovechaba de que conocía a sus integrantes y sus costumbres, para lograr una mejor manipulación de sus sentimientos.
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"Este hecho muestra la punta del iceberg de la brutalidad patriarcal con la que actúan las sociedades frente a las mujeres", dijo a Sputnik Violeta Tamayo, militante de la organización feminista Pan y Rosas.
"Bolivia es uno de los países donde se están incrementando aceleradamente las desapariciones de mujeres en los últimos años. Es pues algo escalofriante, alarmante, que tiene que poner en alerta a todas las organizaciones de mujeres", sostuvo.
Este caso motivó que 150 organizaciones de la sociedad civil boliviana emitieran un pronunciamiento conjunto, en el cual señalaron, entre otros puntos, "que en Bolivia siete de cada 10 mujeres viven o han vivido una situación de violencia en su relación de pareja. El país tiene la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica y el 31% de las mujeres siente inseguridad al caminar en las calles".
Y agregó: "En varios casos de femicidio las familias denunciaron, previamente, la desaparición de las víctimas, aunque en muchas zonas rurales y periurbanas ello no es posible por la falta de autoridades".
No es necesario recorrer muchas páginas de un diario para caer en la cuenta de que en las ciudades suceden infinidad de casos de violencia hacia las mujeres, que no son denunciados, que son callados, tanto por víctimas como por eventuales testigos. Estas actitudes también se repiten en áreas rurales, aunque muchos casos quedan en silencio, fundamentalmente por la falta de instituciones a las cuales acudir en busca de apoyo.
"La mayoría de municipios del área rural no cuentan con SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), que es una institución pública para que una mujer vaya a sentar una denuncia. Tampoco cuentan con casas de acogida para víctimas de violencia, ni servicio de apoyo psicológico", ilustró Coca.
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Indicó que a la página de Mujeres de Fuego les llegan denuncias de violencia en áreas rurales. "Hemos tratado de entrar a los municipios de donde nos llegan estos mensajes, pero es casi imposible llegar hasta allá. Son horas de viaje y además tenemos que poder hacer seguimiento". Contó que allí tampoco se cuenta con juzgados integrales con perspectiva de género, como lo establece la ley 348, de protección a las mujeres ante la violencia.
Para Tamayo, sería importante realizar encuentros de difusión de la ley 348 en áreas rurales, tal como dice el texto de esa normativa. Pero "es otro de los puntos que no se aplican de la ley 348. No existe un presupuesto suficiente como para decir: 'Adelante, apliquemos'", mencionó entre otras falencias.
En el Gobierno de Luis Arce ¿hay voluntad para corregir esta normativa? "Creo que si no hubiera la voluntad, no se habría abierto la posibilidad de modificar la ley 348. Pero agarrada a esta voluntad tiene que venir la capacidad de poder recolectar todos los aportes de los colectivos, en especial los que trabajan en violencia contra la mujer", explicó Coca.
Tamayo contó que ya tiene una propuesta: "Es necesario separar a la institución policial de la investigación de todos los casos de violencia contra las mujeres, incluidos los de trata y tráfico de personas".
"Nos parece sumamente importante que lo que ahora constituye la FELCV pase a ser un ente no policializado, es decir un ente civil que lleve adelante estas investigaciones", consideró.
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