Alud de reclamos en Paraguay hace trastabillar al Gobierno de Abdo Benítez

MONTEVIDEO (Sputnik) — Desde hace una semana, Paraguay afronta su peor crisis política desde el inicio del Gobierno de Mario Abdo Benítez, potenciada por la pandemia del COVID-19.

No es la primera vez que la oposición exige un juicio político contra el mandatario, pero ahora el pedido llega con una tormenta perfecta: colapso de hospitales, falta de insumos, aumento en los casos diarios de COVID-19 y acusaciones de supuesta corrupción, más el reclamo de familiares de los enfermos que no acceden a medicamentos.

Cientos de ciudadanos salieron a las calles en los últimos días a pedir directamente la renuncia del presidente o el impeachment.

Analistas y algunos políticos opositores advierten que Abdo Benítez ha quedado debilitado ante la fuerte y creciente presión pública, y a merced de los deseos del exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), quien maneja la mayoría del oficialista Partido Colorado (derecha) en el Congreso legislativo.

"La gente está exigiendo que se vaya el presidente y vicepresidente. Ya no hay término medio. Es una situación de hartazgo y de indignación con este Gobierno, que no ha dado ninguna respuesta a las grandes necesidades que tiene la gente", dijo a Sputnik el presidente del opositor Frente Guasú (centroizquierda), el senador Carlos Filizzola.

Promesas de cambio

El propio mandatario admitió el domingo ser consciente de que la ciudadanía espera cambios en su Gobierno y prometió que los iba a hacer, además de comprometerse a "escuchar a todos".

"Fuimos testigos de la manifestación pacífica de un sector importante de la ciudadanía que se autoconvocó. Nuestro país vive días muy difíciles por la pandemia; mi compromiso es escuchar a todos, para rectificar el rumbo prestando atención a todas las críticas. Soy consciente de que la gente espera cambios y voy a nombrar a nuevas autoridades en aras de la pacificación y esta semana seguiremos evaluando otros cambios", aseguró el mandatario, según declaraciones recogidas por el diario Última Hora.

El mandatario, quien subrayó que la libertad de expresión está garantizada en el país, abrió una válvula de escape ante la crisis: sus ministros Julio Mazzoleni, de Salud, y Eduardo Petta, de Educación, presentaron renuncia. Pero no fue suficiente.

Sin medicamentos

El detonante de las protestas esta vez fue la falta de medicamentos y la incertidumbre sobre la llegada de vacunas contra el COVID-19, explicó a Sputnik la analista en política y periodista Estela Ruiz Díaz, de la radio Monumental y el diario Última Hora.

En tanto, el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, Belarmino Balbuena, dijo a esta agencia que, esta vez, el malestar social y político se expresa con "mucha fuerza".

"A partir de los familiares que reclamaron al Gobierno medicamentos, la gente comenzó a tomar las calles, entre lágrimas, y generó esta movilización fundamentalmente de jóvenes. Esto para nosotros es irreversible", dijo contundente.

Juicio político

El lunes, los 29 diputados del Partido Liberal Radical Auténtico, el mayor de la oposición, ratificaron que propondrán un juicio político contra el presidente y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, aunque son necesarios en total 53 votos para que prospere.

El Frente Guasú se sumó a la iniciativa, pero sus votos no son suficientes, por lo que la oposición necesitará el respaldo de algún legislador oficialista.

Las opiniones sobre el éxito del pedido están divididas. Mientras Filizzola cree que podría prosperar, Ruiz Díaz y Balbuena lo descartan.

"Hay una fuerte presión social para que el juicio político pueda prosperar. La coyuntura actual es muy grave, la gente está cansada, harta, indignada, no ve solución con este Gobierno", afirmó Filizzola.

El senador recordó que aún no se ha llegado a los tres años del mandato por lo que, según la Constitución, si el presidente y vicepresidente dejan sus funciones, son sometidos a un juicio político y sustituidos, el presidente del Congreso debe asumir el cargo y llamar a elecciones anticipadas.

Sin embargo, Ruiz Díaz sostuvo que no se alcanzarán los votos necesarios para iniciar el proceso de impeachment.

"El juicio está descartado. Porque solo una bancada es la que decidió plantear el juicio político. Si no tiene el apoyo de Honor Colorado, (facción del partido gobernante) que dirige el expresidente Cartes, es totalmente imposible iniciar el proceso. Entonces, es una iniciativa cuasi simbólica", opinó.

La analista considera que la oposición también impulsa el impeachment para mejorar su chances en unas futuras elecciones.

"En este contexto, Cartes decidió no bajarle el pulgar a Abdo Benítez. Hay razones político-electorales. Tenemos elecciones municipales en junio. Una crisis en este momento afectaría las chances del Partido Colorado. Además, si se da la destitución del presidente y vicepresidente, se llamaría a elecciones. No quieren correr riesgos porque la oposición puede ganar en una situación de caos", reflexionó.

Movilizaciones

Balbuena admitió que no hay chances de que prospere el juicio político, ya que Cartes tiene los hilos de la mayoría de la Cámara de Diputados. Por tanto, el movimiento campesino apuesta a redoblar las protestas con "mayor fuerza" y mejor coordinación entre los distintos actores sociales.

"Lo que estamos planificando es una acción más organizada y con capacidad de conducir políticamente. Nosotros como campesinos tenemos experiencia en la confrontación social. Se deben de robustecer las medidas", agregó.

Gobierno debilitado

El cambio que introdujo Abdo Benítez en su gabinete "descomprimió mínimamente" la presión, señaló Ruiz Díaz, para quien el mandatario debe lograr convencer a sus adversarios y diluir las movilizaciones. "Entonces habrá superado esta crisis", afirmó.

De todas formas, Abdo Benítez "queda debilitado ante esta situación", a pesar de que hace mucho que ya se lo considera un "presidente muy vulnerable", indicó.

"Está sometido a Cartes. Nuevamente, con este salvavidas que le tira el expresidente queda cada vez más débil y más inestable su Gobierno", sostuvo.

Abdo Benítez ya estuvo cerca del juicio político en agosto de 2019, cuando llevaba un año al frente del país. El motivo fue un fallido acuerdo con Brasil sobre cómo emplearían los dos países en los próximos tres años la electricidad que genera la central de Itaipú, situada en el fronterizo río Paraná.

El pacto, firmado en secreto el 24 de mayo de 2019, estipulaba nuevos términos y disposiciones para Paraguay que, según críticos, implicaban aumentos en las tarifas para el país, entre otros perjuicios.

Tras conocerse el contenido en julio de ese año, se desató una ola de renuncias, y el acuerdo fue finalmente anulado a pedido de Asunción.