Se ha registrado correctamente
Por favor, haga clic en el enlace del correo electrónico enviado a
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana

¿Cómo se castiga a los que se cuelan en la fila de vacunación contra el COVID-19?

© REUTERS / Benoit TessierVacuna de AstraZeneca
Vacuna de AstraZeneca - Sputnik Mundo, 1920, 09.03.2021
Síguenos en
En América Latina la cantidad disponible de vacunas dista de la necesaria para inmunizar a la población. A este problema se le suma la corrupción, que en algunos países desató escándalos políticos y destituciones de funcionarios que no respetaron la fila de vacunación. Ante las controversias, los Gobiernos han generado nuevas leyes para controlar.
La pandemia ha afectado con especial brutalidad a Latinoamérica: aunque en la región está el 8,5% de la población mundial, más de un cuarto de las muertes por COVID-19 han ocurrido allí. La llegada de vacunas significaba un posible apaciguamiento en los extenuantes esfuerzos para controlar la propagación del virus; pero lo cierto es que ha significado sortear nuevos problemas.
La cantidad de vacunas disponibles en la región distan de ser las necesarias para generar el tan esperado efecto de rebaño e inmunizar a la población, y su distribución y administración se perjudicó por la falta de planificación, problemas logísticos y el favoritismo y la corrupción.
Una enfermera administra la vacuna contra el coronavirus a un anciano de una residencia en Barcelona. 2 de febrero de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 09.03.2021
América Latina
Vacunación amortigua severo brote de COVID-19 en residencia de ancianos de Chile
En Argentina se llamó el vacunatorio VIP, en Perú el vacunagate, en Ecuador y Chile decenas de personas se saltaron la fila, en Colombia también se investigan algunos casos de vacunaciones irregulares, y en Brasil hay una investigación policial en marcha por posibles inoculaciones con aire
En pos de lograr una mayor transparencia en el proceso de vacunación, en Argentina, Uruguay y Brasil se han presentado proyectos de ley para aceitar el proceso de vacunación. 

Argentina y la interpretación del Código Penal

Cuando a finales de febrero en Argentina estalló el vacunatorio VIP y se descubrió que al menos 70 personas habían sido vacunados de forma irregular, el presidente Alberto Fernández destituyó al ministro de Salud Ginés González García y pidió terminar "con la payasada". 
"Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en Argentina que diga: 'Será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila', no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido", dijo durante su visita a México el 23 de febrero. 
Pero según han señalado algunos analistas, Fernández no tomó en cuenta que el inciso 5 del artículo 175 del Código Penal hace referencia al "que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública". Consideran que en este caso podría aplicarse, ya que se violaron las disposiciones vigentes sobre las personas que estaban en la franja autorizada por el Estado para ser inoculadas con la vacuna contra el COVID-19. 
Certificado digital de vacunación contra el COVID-19 en China - Sputnik Mundo, 1920, 09.03.2021
Internacional
China estrena un certificado digital de vacunación contra COVID para viajes internacionales
Un nuevo episodio del vacunatorio VIP salió a la luz en la provincia de Tucumán, donde según La Nación, la Justicia está investigando la vacunación irregular de funcionarios locales, junto con sus colaboradores y allegados.
En ese contexto "ante la ineptitud del Gobierno", los diputados opositores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que autoriza a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adquirir vacunas que se puedan implementar al Plan Estratégico de vacunación, informó Perfil
"Es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país respetando el orden de prioridades establecido por el ministerio de Salud", dijo a Perfil el diputado Luis Petri sobre el proyecto presentado.

Precaución en Uruguay

A finales de febrero el senador oficialista Juan Sartori presentó un proyecto de ley que busca evitar que en Uruguay haya vacunación VIP y se respete el calendario de inoculaciones. 
Según explicó el legislador a los medios locales, el proyecto establece que los funcionarios que estén vinculados al proceso de vacunación deban firmar una declaración jurada "por la que se sujetan a las disposiciones que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo".
Además, se le otorgan facultades a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para controlar que no haya irregularidades y "hace una mención específica de los artículos del Código Penal que eventualmente podrían llegar a incumplirse en determinadas situaciones donde se configure irregularidad", agregó Sartori.

En Brasil se pena adelantarse en la fila

La Cámara de Representantes brasileña aprobó a comienzos de febrero un proyecto de ley que estipula multas y penas de entre uno y tres años de prisión para quienes rompan la línea de vacunación, informó la Agencia Brasil. La sanción se incrementa en un tercio si el agente falsifica un certificado, una declaración, un acta o cualquier documento.
Los representantes también aprobaron la propuesta que aumenta la pena para aquellos que destruyan, se apropien indebidamente, desvíen o roben la vacuna o los insumos utilizados contra el COVID-19. 
Croquetas para fomentar la vacunación contra el coronavirus - Sputnik Mundo, 1920, 08.03.2021
España
¿Croquetas free COVID? La curiosa iniciativa de un local en Madrid para incentivar la vacunación
Además, los representantes aprobaron proyecto de ley aprobado tipifica como delito de corrupción en los planes de vacunación el acto de utilizar el propio cargo o función para, en beneficio propio o de otros, violar el orden de prioridad de la vacunación o desafiar, por cualquier medio, el funcionamiento de los planes de vacunación federales, estatales, distritales o municipales. La pena es de dos a doce años de prisión y una multa. En caso de que el funcionario público no tome medidas para investigar este tipo de delitos, puede recibir la misma pena.
Sin embargo, las iniciativas se encuentran a espera de ser analizadas por el Senado, según O 'Globo.
Lo último
0
Recientes primeroAntiguos primero
loader
EN VIVO
Заголовок открываемого материала
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала