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Activista social hondureña denuncia racismo en proceso judicial contra lideresas garífunas
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"El apremio del Poder Judicial de Honduras (@PJdeHonduras) en procesar a las hermanas Jennifer y Marianela Mejía Solórzano, en comparación al trato
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Las hermanas Solórzano, lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), fueron detenidas el 3 de marzo bajo el supuesto delito de usurpación de tierras en la ciudad de Trujillo, norteño departamento de Colón."Responsabilizamos a este gobierno genocida y mafia criminal de lo que le pueda pasar a nuestras hermanas Jennifer Solórzano y Marianela Solórzano a quienes las tienen detenidas arbitrariamente en la posta policial de Tocoa. Estamos en alerta, ¡¡no son delincuentes, son defensoras¡¡", apuntó en Twitter Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.El 4 de marzo un juez de Trujillo dictó prisión preventiva por seis días para las dos dirigentes garífunas, acusadas por los delitos de usurpación y daños en contra de una empresa, y al propio tiempo decidió su permanencia en las celdas de la Policía de ese municipio caribeño."Despojo sistemático del territorio garífuna se incrementó desde inicio dictadura, y la facilitación de la entrega del territorio por @PEPE_LOBO [expresidente Porfirio Lobo, 2010-2014] a Randy Jorgensen [empresario canadiense] para la construcción del Banana Coast", denunció este lunes a través de Twitter la organización defensora de los derechos de la etnia negra en Honduras."Entre las acusaciones efectuadas por el Poder Judicial de Honduras en contra de las defensoras del territorio garífuna, las hermanas Mejía Solórzano, incluye la de promover el desplazamiento forzado, tipificado como delito en nuevo código procesal penal bajo el artículo 248", expuso la organización social."Cargo inaudito ya que los garífunas venimos siendo expulsados de Honduras desde hace décadas, especialmente desde el inicio de la dictadura, la que ha suscitado estampidas de desplazados que su mayoría salen huyendo del país ante el debacle económico y jurídico", puntualizó la Ofraneh.El mismo día 3 de marzo fue asesinado Martin Pandy, presidente del patronato de la comunidad garífuna hondureña de Corozal, en lo que presuntamente constituyó un acto de sicariato.
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Activista social hondureña denuncia racismo en proceso judicial contra lideresas garífunas
MANAGUA (Sputnik) — La detención y procesamiento de las hermanas Jennifer y Marianela Solórzano fue denunciado como un acto de racismo contra la comunidad garífuna por la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Bertha Zúñiga.
"El apremio del Poder Judicial de Honduras (@PJdeHonduras) en procesar a las hermanas Jennifer y Marianela Mejía Solórzano, en comparación al trato preferencial concedido al usurpador de tierras garífunas, el canadiense Randy Jugersen, es una muestra más del racismo que prevalece en Honduras", escribió Zúñiga en Twitter.
Las hermanas Solórzano, lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), fueron detenidas el 3 de marzo bajo el supuesto delito de usurpación de tierras en la ciudad de Trujillo, norteño departamento de Colón.
"Responsabilizamos a este gobierno genocida y mafia criminal de lo que le pueda pasar a nuestras hermanas Jennifer Solórzano y Marianela Solórzano a quienes las tienen detenidas arbitrariamente en la posta policial de Tocoa. Estamos en alerta, ¡¡no son delincuentes, son defensoras¡¡", apuntó en Twitter Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh.
7 de septiembre 2020, 19:04 GMT
El 4 de marzo un juez de Trujillo dictó prisión preventiva por seis días para las dos dirigentes garífunas, acusadas por los delitos de usurpación y daños en contra de una empresa, y al propio tiempo decidió su permanencia en las celdas de la Policía de ese municipio caribeño.
"Despojo sistemático del territorio garífuna se incrementó desde inicio dictadura, y la facilitación de la entrega del territorio por @PEPE_LOBO [expresidente Porfirio Lobo, 2010-2014] a Randy Jorgensen [empresario canadiense] para la construcción del Banana Coast", denunció este lunes a través de Twitter la organización defensora de los derechos de la etnia negra en Honduras.
"Entre las acusaciones efectuadas por el Poder Judicial de Honduras en contra de las defensoras del territorio garífuna, las hermanas Mejía Solórzano, incluye la de promover el desplazamiento forzado, tipificado como delito en nuevo código procesal penal bajo el artículo 248", expuso la organización social.
"Cargo inaudito ya que los garífunas venimos siendo expulsados de Honduras desde hace décadas, especialmente desde el inicio de la dictadura, la que ha suscitado estampidas de desplazados que su mayoría salen huyendo del país ante el debacle económico y jurídico", puntualizó la Ofraneh.
El mismo día 3 de marzo
fue asesinado Martin Pandy, presidente del patronato de la comunidad garífuna hondureña de Corozal, en lo que presuntamente constituyó un acto de sicariato.
