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8M: nada que festejar en Argentina frente a la avalancha de femicidios

© Sputnik / Francisco LucottiMiles de mujeres reclamaron frente al Palacio de Tribunales para exigir acciones al Estado para frenar los femicidios
Miles de mujeres reclamaron frente al Palacio de Tribunales para exigir acciones al Estado para frenar los femicidios
 - Sputnik Mundo, 1920, 05.03.2021
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El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero está lejos de ser una fecha para celebrar. En Argentina, cuando se superaron los 60 femicidios en lo que va de 2021, se sostiene más fuerte que nunca la exigencia por medidas concretas para frenar los asesinatos de mujeres y toda forma de violencia machista.
Argentina es uno de los tantos países de Latinoamérica donde los femicidios no disminuyen a pesar del fortalecimiento de las campañas de las mujeres por la visibilización de la violencia de género y el castigo a los culpables, por lo que una vez más se alzaron las voces de las que se animan a reclamar por justicia y equidad.
Desde el inicio de 2021, fue notoria la ola de casos espeluznantes de asesinatos prevenibles de mujeres a lo largo y ancho del país, acompañado de la revelación consistente de la falta de acompañamiento del aparato judicial así como de los alarmantes indicios que apuntan a las fuerzas de seguridad.
"Este 8 de marzo no queremos flores, queremos derechos. No es un día de celebración, es un día de lucha, tenemos que estar unidos y unidas para terminar con la violencia de género que se está llevando a una mujer o compañera trans por día", dijo a Sputnik Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, organización de apoyo a las víctimas de violencia de género.
Argentina registró durante lo que lleva de 2021 un promedio de un femicidio, transfemicidio o travesticidio cada 26 horas y supera el ritmo de 2020, que fue de un asesinato por cuestiones de género cada 29 horas, contó la titular de la ONG pionera en el seguimiento y registro de femicidios en Argentina.
A woman takes part in a march to protest violence against women and the murder of a 16-year-old girl in a coastal town of Argentina last week, at Reforma avenue, in Mexico City, Mexico, October 19, 2016 - Sputnik Mundo, 1920, 03.03.2021
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La violencia machista retratada en 4 femicidios latinoamericanos
Alrededor del continente latinoamericano múltiples organizaciones y especialistas alertaron acerca de esta problemática. En noviembre de 2020, el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana contra la violencia de género, que nuclea a 35 organizaciones de 21 países de la región, declararon emergencia feminista en América Latina.
"Estamos pidiendo que el Estado profundice las campañas de prevención y haga efectivos los programas que fueron anunciados oportunamente, con una mirada federal, integral y transversal. En materia legislativa, somos de los países de la región realmente en avanzada, pero si tenemos leyes y no se cumplen, sin lugar a dudas no vamos a disminuir la violencia", recalcó.
Rico destacó la ley 27.210, sancionada en 2015, de cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género que, según lo indica, ofrece a las mujeres o personas disidentes violentadas la posibilidad de un patrocinio jurídico gratuito, que no se efectiviza a nivel nacional, aseguró.

Una revolución progresiva

Los femicidios son la forma de violencia machista más extrema, pero la lucha apunta más profundo, a las condiciones estructurales forjadas por un sistema patriarcal que se encuentra normalizado en todos los ámbitos de la sociedad.
"Desde 2015, con Ni Una Menos, gritamos 'basta, ya es intolerable la violencia machista' y fuimos avanzando en las demandas, fuimos aumentando la cantidad de personas que se movilizaban y se fueron sumando otras peticiones, como la legalización del aborto y las desigualdades económicas que vivimos las mujeres y personas disidentes", dijo a Sputnik Gisela Stablun, referente de la organización feminista Mala Junta.
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Stablun destacó que hoy se vive otra etapa en la lucha ya que hace algunos años el objetivo principal era sensibilizar a las personas que estaban en situaciones de violencia para que puedan pedir ayuda y correrse de esos vínculos violentos, mientras que ahora el problema es que las denuncias comienzan a hacerse cada vez más, pero la respuesta del Estado por ahora es ineficiente.
Durante el año pasado, dos de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia y solo 19 de las 298 fueron garantizadas con medidas de protección. En el 64,5% de los casos el femicida fue la pareja o expareja de la víctima, y en el 82,4% el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, incluida la familia (11,5%). En los últimos tres años, creció de 8% a 12% el número de víctimas que ya habían hecho la denuncia contra su agresor.

"Dentro del Poder Judicial, entre muchos jueces e instituciones de la Justicia, hay una resistencia en aplicar medidas con perspectiva de género, en capacitarse en la Ley Micaela [obligatoria para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado en género y violencia sexista]", denunció la médica integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir.

El Gobierno argentino emitió el 21 de febrero un decreto para la creación de Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios en el ámbito del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, creado por la resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y Diversidad, un organismo dirigido a prevenir los crímenes del machismo.
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Stablun aseguró que en diferentes instancias no hay articulación entre los lugares que reciben las denuncias y que es necesario pensar en dispositivos que acompañen a las instituciones para incorporar la perspectiva de género ya que solo con una capacitación no alcanza.
"Hace falta crear dispositivos que puedan medir el riesgo. No es lo mismo para una mujer que va a hacer una denuncia que la pareja pertenezca a alguna fuerza armada, si tiene recursos económicos para poder tomar un distanciamiento", enfatizó.
En este sentido, las mujeres de organizaciones populares como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Darío Santillán y Nuestra América convocaron a una movilización al Congreso nacional para reclamar la sanción de una ley de emergencia en violencia de género y la creación de espacios de cuidado para las hijas e hijos de las trabajadoras de la economía popular.
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El proyecto propone la creación de una red de atención y albergue de mujeres víctimas de violencia, para quienes la permanencia en el domicilio pudiera ponerla en riesgo a ella y sus hijos, además de un subsidio con un monto creciente según el número de hijos, que les permita cortar la dependencia económica. También plantea un programa de promotoras territoriales en prevención de violencia de género.
Las diferentes organizaciones feministas se movilizarán también a la sede legislativa nacional, tomando medidas de cuidado por pandemia, y se organizarán distintas acciones locales en otros puntos del país, además de una campaña de visibilización en las redes sociales y medios de comunicación.
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