Morir en prisión en El Salvador: sin adioses ni flores

SAN SALVADOR (Sputnik) — Un reo del sistema penitenciario de El Salvador sufrió un accidente en prisión, murió, fue enterrado y nadie avisó a sus familiares, que se enteraron semanas después, de pura casualidad.

La tragedia ocurrió el último día de 2020. El Centro Penal de Apanteos, en el occidental departamento de Santa Ana, disputó la final de un torneo interno de fútbol y Miguel, uno de los jugadores, resbaló en la cancha de cemento y al caer se golpeó la cabeza.

De la clínica de prisión lo trasladaron al hospital San Juan de Dios, en la cabecera departamental, donde al cabo de cuatro días falleció: ocurrió al mediodía del 3 de enero, y 11 días después su cadáver seguía en la morgue, porque nadie lo reclamó.

Según una investigación del periódico La Prensa Gráfica (LPG), que citó documentación de Medicina Legal, Miguel fue finalmente enterrado en una fosa común del cementerio Santa Isabel, en Santa Ana, aunque su familia es del lejano departamento de Usulután.

"El día de su funeral no recibió flores, ni su familia pudo verlo por última vez, porque las autoridades del Centro Penal de Apanteos decidieron, sin explicar oficialmente el por qué, no avisarle a nadie de su muerte ni de las condiciones en las que murió", reportó LPG.

Capturado por posesión de drogas en 2016, a Miguel solo le quedaba un año para salir de prisión, pero su familia no lo veía desde inicios de 2020, por las medidas extraordinarias ordenadas por el Gobierno de Nayib Bukele, y por la pandemia de COVID-19.

De hecho, su hermana Daysi se enteró el 15 de febrero, cuando fue a Apanteos a llevarle un paquete. La mujer no dio crédito a sus oídos cuando el custodio se negó a recibir el mandado porque Miguel ya estaba muerto y enterrado hacía más de un mes.

Nada nuevo

Para la Asociación Azul Originario (AZO), organización sin fines de lucro comprometida con los derechos humanos de la población penal, este tipo de arbitrariedades no son nuevas, y se agudizaron con las restricciones decretadas con la irrupción del COVID-19.

Marielos Rodríguez, la especialista de AZO que llevó el caso de Miguel, aseguró a Sputnik que la Dirección General de Centros Penales violentó el derecho de las familias de los reos a conocer qué pasa con ellos, cómo están, cómo viven… o mueren.

"Es indignante ver estos hechos en las cárceles, y más para las familias, porque desde 2019 fue cortada toda comunicación", comentó Rodríguez, a propósito de la primera medida adoptada por la actual administración para retomar el control de las prisiones.

La experta lamentó que todos los Gobiernos se enfoquen en castigar y no en prevenir o propiciar una reinserción social, lo cual deriva, por ejemplo, en un alza de las detenciones arbitrarias y en la criminalización de la juventud.

"Al Estado le interesan más los números que llevar a cabo correctamente los procesos de acceso a la justicia o mejorar las técnicas investigativas para determinar si hubo delito", agregó Rodríguez, que ama su profesión pese a los estigmas y prejuicios.

Verdad apresada

Por lo pronto, la familia de Miguel está decidida a recibir algo más que un formulario con la notificación del deceso, el nombre de quienes lo certificaron y el lugar donde enterraron el cadáver, a 170 kilómetros de su tierra natal.

La Dirección de Centros Penales sigue hermética al respecto, no responde a preguntas de prensa ni le dice a los familiares más de lo ya dicho. En AZO están conscientes de que será difícil hacer justicia, pero eso nunca los ha detenido antes, y no lo hará ahora.

El abogado Otto Flores explicó a Sputnik que fueron presentadas sendas denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, para que Centros Penales explique de forma oficial qué pasó con Miguel.

Flores lamenta en particular que el Gobierno adopte medidas que inhiban la información sobre los reos, y las justifique con resultados no latentes, y que violan tanto derechos del privado de libertad como de sus familiares, sin que a la sociedad parezca importarle.

"Cuando alguien es detenido y condenado, viene con su historia familiar, y la condena acarrea costos económicos, sociales y emocionales para esa familia", señala el jurista de AZO, quien confirma los prejuicios arraigados en El Salvador respecto a los presos.

De hecho, esta ONG brinda apoyo legal ante detenciones ilegales y violación de derechos, y vela por el debido proceso y la presunción de inocencia reconocida por la Constitución, pero casi desconocida por una sociedad demasiado acosada por la violencia.