El Gobierno de México encara violencia política que dejó 64 muertos en un semestre

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México diseñó una estrategia de seguridad pública para proteger a militantes y candidatos de partidos políticos que pueden ser blanco de la violencia política e intimidación del crimen organizado, que entre septiembre y febrero pasados dejó 64 personas muertas, dijo Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia de las autoridades federales, en coordinación con gobiernos locales, tiene el objetivo de "darle protección a candidatos, que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, ni los obliguen a declinar por amenazas, por otros intereses", que distorsionan el proceso electoral, dijo el jefe del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa.

Las acciones coordinadas por la secretaria federal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se pone en marcha para que "se garantice la libertad de todos, y que sean los ciudadanos lo que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia del crimen organizado ni de cuello blanco", anunció López Obrador.

La estrategia de seguridad fue presentada para proteger el proceso hacia las elecciones municipales y legislativas del 6 de junio próximo, de medio sexenio presidencial.

El objetivo es "que no haya candidatos a modo, ni grandes electores que remplacen a los ciudadanos", que no sean obligados los aspirantes a cargos a "hacerse a un lado o atenerse a las consecuencias", dijo el mandatario en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y residencia oficial.

La titular de Seguridad Pública reveló, por ejemplo, que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 "se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio", en algunas regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Contra el "partido del crimen organizado"

El actual Gobierno "heredó el partido de la delincuencia organizada y de cuello blanco, hubo regiones del país donde decidían los candidatos, y buscan seguir controlando mediante campañas de miedo", dijo la responsable de coordinar la estrategia.

Esa política de seguridad es coordinada con gobernadores para ejecutar acciones conjuntas de vigilancia, enfocada en la protección de candidatos a alcaldes, con participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como defensor del pueblo.

En la llamada Estrategia de Protección del Contexto Electoral también participa la cartera de Gobernación, responsable de la política interior, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Centro Nacional de Inteligencia, y las fuerzas de seguridad civiles y militares.

La instrucción del Gobierno federal es "prevenir y sancionar la violencia política, proteger a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco", subrayó Rodríguez en su presentación.

Relató que, en contextos electorales, las organizaciones del crimen organizado "ejecutan un repertorio variado de acciones para incidir en elecciones, con estrategias de complicidad o presiones violentas".

Los criminales emprenden "campañas de miedo para intimidar a la clase política y el pueblo, amenazan, asesinan, cooptan", dijo la también coordinadora del Gabinete de Seguridad nacional, en la que participan los titulares de la Defensa y la Marina.

La protección del proceso electoral está focalizada en siete de los 32 estados de la federación mexicana más afectados.

Más de la mitad de los actos de intimidación y asesinatos se han perpetrado en siete entidades: Oaxaca, Morelos y Guerrero, en el sur, Veracruz en el sureste, Guanajuato y Jalisco en el centro, y Baja California en el norte, fronterizo con EEUU.

Los delitos documentados son secuestro, extorsión e intimidación de familias, quema de domicilios, atentados y asesinatos.

Rodríguez relató que los criminales también están "coludidos con partidos y gobiernos locales con financiamientos, donativos en especie, protección personal y capital humano para campañas".

En algunas regiones, el crimen organizado intenta designar candidatos a poderes locales y "bloquean a candidatos de partidos que no responden a sus intereses".

Según una red de defensores de derechos humanos, el terror sembrado por el crimen organizado ha causado el "desplazamiento forzado" de casi 350.000 personas dentro de México.

En los próximos comicios serán elegidos los 500 diputados del Congreso federal, 15 de los 32 gobernadores, el 80% de los 2.500 municipios, más de un millar de cargos en congresos locales, para un total de 21.000 cargos de elección.