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Consejo de Seguridad de Ecuador niega desclasificar documentos de secuestro a periodistas

CC BY 2.0 / PACAF / 130301-F-MQ656-1044Periodista (imagen referencial)
Periodista (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 03.03.2021
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QUITO (Sputnik) — El colectivo ecuatoriano Nos Faltan Tres denunció que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) negó una solicitud de la Fiscalía para acceder a información clasificada relacionada con el secuestro y asesinato en 2018 de un equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera norte.
"Cuando faltan dos semanas para que se cumplan tres años del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, integrado por Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) negó la solicitud de la Fiscalía General del Estado de acceder a la información clasificada relacionada con los hechos de 2018", dijo un comunicado del colectivo.
Según esa organización, la negativa contradice el ofrecimiento público que hizo el presidente Lenín Moreno de entregar toda la información reservada apenas se confirmaron los hechos.
La Fiscalía solicitó la desclasificación de tres actas correspondientes a igual número de sesiones mantenidas por el Cosepe entre el 28 de marzo y el 17 de abril de 2018.
A través de un documento ingresado al expediente fiscal en esta semana, el Cosepe dio a conocer su decisión de no desclasificar los registros solicitados con el argumento de que al hacerlo se afectaría la seguridad del Estado, anotó el colectivo.
El secuestro y posterior asesinato al equipo de El Comercio es atribuido a la organización Oliver Sinisterra, disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe presentado en diciembre de 2019 destacó la responsabilidad que tienen los estados de Colombia y Ecuador de mantener la seguridad en la frontera común y de enfrentar a los grupos armados y delictivos.
Asimismo, señaló la responsabilidad de los estados de garantizar el ejercicio periodístico y de avanzar y concluir las investigaciones de los hechos.
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