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"Así es como se debilita la educación pública": el modelo madrileño se asienta en Andalucía

© Foto : Pixabay / WokandapixAula vacía
Aula vacía  - Sputnik Mundo, 1920, 03.03.2021
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La planificación de la oferta educativa para el próximo curso penaliza a la educación pública. La pérdida de aulas públicas por la baja natalidad no afecta a la enseñanza concertada que sigue ganando terreno. Asociaciones de padres y madres, profesionales y sindicatos denuncian el maltrato a lo público por la Junta de Andalucía.
Los centros educativos públicos de Andalucía están que trinan. Ha empezado el proceso de escolarización para el curso 2021-2022 y en la planificación de la oferta inicial baja las plazas para varios centros públicos y, según denuncian a Sputnik sindicatos, familias y docentes, no lo hacen en los centros concertados. La bajada de la natalidad vuelve a convertirse en un castigo que se ceba, sobre todo, con la educación pública.
Aunque desde la Consejería de Educación andaluza no responden a las solicitudes concretas de este medio y la comparativa de educación pública con concertada, sí nos remiten a la respuesta que han enviado a la Federación Provincial de Padres y Madres en Sevilla (FAMPA). La Junta asegura que para los nuevos niños que se incorporan a la escuela a los 3 años, "se ofertan 90.450 plazas de nuevo ingreso, de las que el 80,6% corresponden a centros públicos y el 19,3% a la concertada. Es decir, el equilibrio entre la red pública y la concertada se mantiene". Una proporción similar entre pública y concertada reflejan, según la Junta, la totalidad de alumnos (1.742.267) sostenidos con fondos públicos.
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Aunque desde la administración aclaran que aún se trabaja en la fase inicial de la planificación de la oferta en función de los datos censales, apuntan al importante descenso de natalidad en la comunidad más poblada de España, que este año cuenta con "una bajada superior a los 3.600 niños y niñas de tres años, y un total en todo el sistema de más de 23.000".

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Hasta el 31 de marzo no concluye el proceso de escolarización, pero este medio ya ha constatado, a pesar del comunicado de la Junta, recortes "inesperados" en varios centros. Un ejemplo de tantos es el CEIP Joaquín Turina, uno de los tres bilingües de francés que hay en la capital andaluza que ve cómo desaparece una de las dos líneas que tiene para los niños de tres años. Ubicado en el centro de la ciudad, el destino de este colegio es languidecer con un 50% de sus líneas a partir de ahora. Si ahora tenían un curso A y otro B, a partir de ahora habrá una sola clase. En cambio, en las inmediaciones del mismo barrio, el Colegio Inmaculado Corazón de María Portaceli —concertado— mantiene sus 5 líneas.
Las familias lamentan el agravio comparativo y los padres y madres recogen firmas, "argumentan baja natalidad, este centro ofertaba 50 plazas, el año pasado hubo una demanda de 47, así que por eso ahora nos castigan y nos quitan una clase completa, así es como se debilita a la educación pública", nos dice un padre.
Las familias y los sindicatos consultados por Sputnik denuncian la falta de comunicación con la Consejería de Educación, las cifras son "siempre" estimaciones, pero oficialmente "no confirman ni nos dicen nada" lamentan fuentes sindicales.
"Como en años anteriores, no hemos recibido datos oficiales sobre las líneas que desaparecen en cada municipio o distrito" nos dicen desde la Confederación de padres y madres CODAPA, que al igual que los sindicatos, ha tirado de sus redes para calcular las pérdidas de aulas públicas, "tememos una pérdida de al menos 3.000 plazas públicas sólo en 3 años".
"Se orienta la escolarización, provocando un trasvase de alumnado de la pública a la privada-concertada", denuncian los padres y madres de Sevilla, "en determinadas zonas […] siempre se quedan muchas familias sin poder escolarizar a sus menores en centros públicos. Frente al blindaje de la concertada, exigimos, como mínimo, la estabilidad de las plazas públicas".
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Los cupos de los centros públicos se renuevan cada curso, en cambio, los conciertos que se otorgan a la enseñanza privada son por cuatro años para primaria y seis años para secundaria. Volviendo al ejemplo de Sevilla, el Colegio concertado Portaceli tiene aseguradas sus cinco líneas independientemente de la natalidad durante cuatro años.
USTEA, una de los principales fuerzas sindicales en educación nos cuenta que "el bajo número de plazas ofertadas en los centros públicos disuade a las familias de solicitarlos como prioritarios, ante el temor de no obtener plaza". Según sus cálculos, de acuerdo a estadística de la Junta, desde el curso 2015/16 hasta el 2020/21 se han suprimido 2.127 aulas, de las cuales 2.050 eran públicas y sólo 27 concertadas. En ese período ha habido un descenso de caso 40.000 alumnos, "los datos hablan por sí solos: el descenso de la natalidad lo asume la escuela pública en exclusiva".
Desde CCOO alertan que la "tendencia de castigar a la educación pública viene de los tiempos del PSOE en Andalucía, teníamos la esperanza de que la pandemia frenara esta sangría, de que el descenso de natalidad se aprovechara para disminuir la ratio de alumnos por aula, pero ni con pandemia se cumple ese deseo", lamenta Diego Molina, de la Federación de Educación.
El problema se da sobre todo en las ciudades y grandes núcleos urbanos, donde hay barrios donde la oferta concertada copa la totalidad. "En ciudades como Granada y Cádiz la pública ya representa menos del 40% del total de aulas", detalla Miguel Castillo, de USTEA. Las áreas rurales son en cambio menos eficientes y rentables.

¿Quién decide, los padres o la administración?

Las agrupaciones sindicales y varios docentes públicos consultados por Sputnik alertan de que el clima político en Andalucía debilita la educación pública. A la reciente polémica con el pin parental de VOX, se suman los acuerdos alcanzados por el Gobierno del PP y Ciudadanos con la agrupación de ultraderecha.
"Quieren más conciertos, quieren mucho más y escalar la concertación de bachillerato y FP sin cortapisas", señala Molina. Los acuerdos políticos han recalcado desde la conformación del Gobierno andaluz la apuesta por este modelo.
La llegada de la nueva Ley Celaá, la Lomloe erradica el concepto de "demanda social", es decir, que los padres decidan el centro en el que escolarizan a sus hijos, ya que se reserva el papel de la educación como nivelador social y territorial.
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La ley Wert (la anterior del PP) "daba valor a la demanda social y ahora, con la Ley Celaá, es la administración la que planifica y decide la distribución de las plazas", sintetiza Molina, "así que lo que vemos es que en Andalucía se mantiene la línea anterior para evitar la entrada de la Lomloe".
Pero en el fondo, la disyuntiva padres–administración es una mera cuestión teórica o política, un debate ficticio, ya que solo un 2% de los padres andaluces no ha obtenido plaza en el centro solicitado en el curso 2020-2021.

Un tejido educativo heredado

Con el paso de la Transición española a la democracia, tras la muerte de Franco en 1975, el Estado tuvo que asumir las competencias en educación que hasta entonces pertenecían a la Iglesia. Ante el ingente reto, la vía intermedia de los centros con conciertos surgió como garante del servicio público. Hoy, España sigue siendo uno de los países europeos donde la educación pública tiene menos peso y eso implica una creciente segregación escolar, es decir, meter en un mismo saco a los alumnos con más dificultades y barreras socioeconómicas.
"El modelo madrileño" es el principal caso de este paradigma en Europa, según un informe de Save The Children de 2018, que reveló que la mitad del alumnado desfavorecido se concentra en un 9% de los centros educativos españoles, y prácticamente la totalidad son públicos.
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