Una organización social hondureña denuncia impunidad en el caso de asesinato de Berta Cáceres

MANAGUA (Sputnik) — Al cumplirse cinco años del asesinato de la ambientalista y líder indígena hondureña Berta Cáceres el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por ella, denunció que estructuras criminales del más alto nivel siguen operando en total impunidad.

"Además de los autores intelectuales, quienes pagaron para que se cometiera el feminicidio contra Berta, también existen actores estales, funcionarios públicos que no han sido procesados por sus acciones u omisiones en el caso", apuntó el Copinh a través de un comunicado en el grupo de Whatsapp Causa Berta Cáceres.

Alega la organización social que aunque el Ministerio Público reitera que investiga a Daniel Atala, cuya familia es propietaria de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) a la cual se enfrentó la ambientalista hasta su muerte, no ha procedido a su captura.

También señala el poco avance del juicio (ahora reprogramando del 6 al 30 de abril) contra David Castillo, empleado de DESA detenido hace tres años y acusado de actuar como intermediario entre los autores materiales e intelectuales del crimen.

La acusación privada que representa a la familia de la Cáceres y el Ministerio Público ya presentaron 88 pruebas que sustentan el involucramiento de Castillo, añade el comunicado.

Los acusadores propusieron a Pedro Atala, Jacobo Atala y Daniel Atala como testigos en el proceso judicial contra David Castillo, de los que solo el último fue aceptado por el tribunal.

"El Tribunal de Sentencia aceptó los peritajes propuestos por la acusación privada no solo para demostrar la vinculación criminal de David Castillo, sino para aportar desde una perspectiva de género y antropológica, pruebas que demuestren que Berta Cáceres fue asesinada por ser mujer, indígena y defensora de los derechos humanos, condiciones agravantes del crimen", expuso el Copinh.

La organización denunció también que aún no es firme la sentencia de 2018 contra los autores materiales del crimen.

Alertó, además, que el Copinh fue expulsado del caso 'Fraude sobre el (río) Gualcarque', un caso de corrupción estrechamente vinculado con la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas lencas como consecuencia de los proyectos hidroeléctricos emprendidos por la empresa DESA en el curso de esa corriente fluvial, que los pueblos originarios consideran sagrada y vital para su sobrevivencia.

"Con la expulsión de Copinh se niega el derecho del pueblo lenca a participar en el proceso como víctima de crímenes y violaciones de los derechos humanos en sus territorios pata poder acceder a la justicia y su garantía a la no repetición", recalcó el comunicado.

La organización insistió que en estos casos se sigue por parte del estado hondureño un patrón racista contra los pueblos originarios.