Amnistía Internacional alerta del colapso de atención primaria en España ante vacunación

MADRID (Sputnik) — Los servicios de atención primaria de España acumulan más de una década de falta de inversión, lo que se traduce en una falta de personal que vulnera el derecho a la salud de los pacientes y, además, dificulta el avance del proceso de vacunación contra el coronavirus, según denuncia Amnistía Internacional.

"Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación cercana al colapso", denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Sociales en Amnistía Internacional España.

Un informe elaborado por esta organización alerta que España debe incrementar sus plantillas de atención primaria con carácter "urgente" para "alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea" y "hacer frente a la campaña de vacunación".

España cuenta con un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Estas cifras se encuentran muy por debajo de las de países como Portugal (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).

"España lleva 12 años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial", afirma Esteban Beltrán, director de la delegación de Amnistía Internacional en el país.

En su lugar, prosigue, España tomó la dirección contraria y redujo la inversión a un 13% entre 2009 y 2018, lo que obligó al país afrontar la pandemia "con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad".

Según el informe, esta situación generó "múltiples barreras en el acceso a la salud" e impactó a los pacientes causando "un retraso en la atención sanitaria" que en muchos casos "podría haber agravado su condición".

Una encuesta de la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas refleja que durante la pandemia un 69% de estos pacientes sufrieron la cancelación de consultas programadas de manera previa a la crisis sanitaria.

Aunque todavía es pronto para sacar conclusiones sobre el impacto de la gestión de la pandemia en indicadores de salud de otras patologías, Amnistía Internacional alerta de que "ya hay algunos informes que señalan ese deterioro".

Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) entre marzo de 2020 y febrero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido de 81.608 personas.

Estas cifras superan de forma notable a las 68.468 muertes por COVID-19 contabilizadas por el Ministerio de Sanidad, que solo incluye en su contabilidad a aquellos fallecimientos en personas diagnosticadas previamente.

Otro ejemplo es el del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de todo el país, que han advertido que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón en España, lo que supondría 1.300 muertes adicionales.

"Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después", relata Maria Luisa, paciente de cáncer, cuyo testimonio recoge el informe.

"Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. (…) Ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir", añade.

Ante este escenario, Amnistía Internacional recuerda que España "está a tiempo de revertir la situación si se toman las medidas adecuadas", por lo que "no se puede dejar pasar ni un día más" en alcanzar los niveles de inversión recomendados por la OMS.

La publicación de este informe coincide con la convocatoria de una nueva huelga por parte de AMYTS, el mayor sindicato médico de Madrid, para denunciar el "abandono" de la atención primaria y pedir soluciones al Gobierno regional.