Madrid no permitirá manifestaciones con más de 500 asistentes el 8-M

MADRID (Sputnik) — La Delegación del Gobierno en Madrid no permitirá concentraciones multitudinarias con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, aunque sí se permitirán reuniones que no superen los 500 asistentes.

"No va a haber una manifestación del 8-M como la del año pasado pero sí se van a permitir las concentraciones que no superen las 500 personas y en las que se garantice, entre otras medidas, la distancia de seguridad", dijo el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, en declaraciones a Onda Madrid.

Según explicó, los colectivos feministas ya comunicaron su intención de concentrarse el 8 de marzo y esas convocatorias no se prohibieron "porque mantienen los parámetros exigidos por la pandemia".

En aquellos casos que no cumplan los parámetros, añadió Franco, las autoridades hablarán con las plataformas convocantes para "buscar fórmulas alternativas" y que su reivindicación "no implique un atentado contra la salud".

A su vez, la ministra de Sanidad del Gobierno español, Carolina Darias, desaconsejó por completo la celebración de cualquier tipo de acto multitudinario el próximo 8 de marzo.

"Lo que usted me está planteando no ha lugar", respondió rotunda a una periodista en la rueda de prensa posterior a su reunión con las Comunidades Autónomas, el Consejo Interterritorial de Salud.

"La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría, ni se entendería el llevar a cabo los actos que usted está comentando", dijo en respuesta a la profesional que le preguntó en relación a las manifestaciones que se puedan celebrar y si incluso ella acudiría, como hizo el año pasado.

Este 24 de febrero, la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, expresaba el apoyo de su Ministerio a las manifestaciones convocadas.

Las manifestaciones feministas del 8-M del año pasado fueron durante meses objeto de polémica en España, ya que el Gobierno decretó el primer estado de alarma contra el coronavirus el 14 de marzo de 2020, pocos días después de que los colectivos feministas sacaran a la calle a cientos de miles de personas en todo el país.

Desde la oposición —sobre todo los partidos conservadores y de ultraderecha— culparon al Gobierno de mantener las manifestaciones por interés político pese a ser conocedores de la alerta sanitaria.

Estas críticas derivaron incluso en la apertura de una causa judicial en la que el propio José Manuel Franco estuvo imputado por un posible delito de prevaricación.

Además, la causa creó una crisis en el Ministerio del Interior después de que un coronel de la Guardia Civil enviara a la jueza instructora un informe nutrido con recortes de prensa descontextualizados y bulos de internet para asegurar que el Gobierno mantuvo las marchas a pesar de conocer el riesgo sanitario.

Finalmente, la causa fue archivada por falta de indicios delictivos, pero su mera existencia dejó una polarización que todavía es visible en España.

Por ejemplo, la formación ultraderechista Vox —que el mismo fin de semana del 8-M reunió a más de 10.000 simpatizantes en un acto en Madrid— propuso esta semana cambiar el Día Internacional de la Mujer por un homenaje nacional a las víctimas del coronavirus, en un intento por mantener viva la polémica.