Empleados del Gobierno mexicano denuncian riesgo ante COVID-19 por trabajo presencial

Sputnik tuvo evidencia de la presentación de dos denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por parte de trabajadores del Instituto de Pueblos Indígenas, quienes atribuyen contagios y fallecimientos por COVID-19 a la obligación de asistir a trabajar en las oficinas.

El 24 de agosto de 2020, de forma anónima, se recibió una primera denuncia que trabajadores del Gobierno Federal presentaron mediante el Sistema integral de denuncias ciudadanas (Sidec). Se señaló el riesgo de contraer la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, que significa haber vuelto a trabajar a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

"Desde el lunes 3 de agosto (de 2020) no ha parado gente de ir a las oficinas ni de hacer trabajo de campo, no ha parado ninguna área", dijo uno de los trabajadores inconformes a Sputnik.

Explicó que más de la mitad de los trabajadores del INPI (aproximadamente el 60%) no están obligados a trabajar presencialmente, dado que tienen mayor cobertura por ser contratados "de base" o sindicalizados. Sin embargo, el otro 40% restante, que corresponde a los mandos medios y altos de la Institución que entraron con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "por el tipo de contrato", explicó la fuente, están obligados a ir.

Además de ellos, los trabajadores considerados "operativos", que van del nivel de Jefe de Departamento hacia abajo, también han sido obligados a sumarse a las "guardias" de personal desde agosto de 2020.

La situación se volvió más tensa desde el 12 de octubre de 2020, cuando un grupo de otomíes residentes en la Ciudad de México tomaron las oficinas del Instituto de Pueblos Indígenas ubicadas en la colonia Xoco, en reclamo de una solución de vivienda digna.

Para los trabajadores del Instituto, la falta de acuerdo o respuesta a este conflicto por parte de la dirección negociadora significó que desde la toma de Xoco, el INPI concentró todas sus funciones (y sus funcionarios) en una única sede, más pequeña, sobre la Avenida Revolución, cerca de Barranca del Muerto, al sur de la Ciudad de México.

Este 4 de febrero de 2021, una nueva denuncia anónima llegó a la Secretaría de la Función Pública señalando lo mismo que la anterior: "anomalías consistentes en que se está obligando al persona a asistir a las oficinas y en espacios pequeños, derivando en contagios y fallecimientos de compañeros", según el documento al que accedió Sputnik.

COVID-19 en el Instituto de los pueblos indígenas

El 2 de febrero de 2021, por medio de su red social, el director general del Instituto de los pueblos indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes, anunció haber dado positivo a COVID-19.

Al presentar algunos síntomas, me he realizado la prueba de #COVID19 y he resultado positivo.

Me mantendré aislado y estaré tomando los medicamentos que me han indicado.

Seguiremos luchando por la vida y por la transformación de México!

Cuidemos la salud de nuestros pueblos!

— Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) February 2, 2021

Según relató el trabajador que conversó con Sputnik, diariamente acuden más de cien personas a la oficina de Avenida Revolución. Explicó que primero la inconformidad se manifestó entre unos pocos, cuando comenzaron a aparecer los contagios.Luego las críticas por la falta de espacio para trabajar manteniendo sana distancia y sin tener una buena ventilación se generalizaron.

Tres días después del anuncio por parte del director Regino de su COVID-19 positivo, murió por las consecuenias de esta enfermedad uno de los trabajadores del sector de Administración y finanzas, Braulio Augusto Hernández Cordero, quien se desempeñaba en el área de recursos humanos.

"Al enterarse de su fallecimiento, primero no quisieron publicar una esquela por las condiciones en que se había dado la muerte, que fue la tercera en esa misma área. Pero como era una persona apreciada, los compañeros se inconformaron", explicó la fuente el INPI.

La molestia y la posterior denuncia formalizada llegaron al área de quejas y también a la titular del órgano interno de control del INPI, a cargo de Norma Leticia Castillo Lara, que según el análisis de la fuente que pidió anonimato para hablar con este medio, "presionaron para que se enviara condolencias a la familia tres o cuatro días después de su muerte, a nombre del Director del Instituto", explicó.

Las quejas recibidas en el Órgano interno del control del INPI se radicaron en un expediente que "está llevando a cabo la investigación correspondiente de quien resulte responsable del Instituto Nacional de los pueblos indígenas, prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas", según el documento al que accedió a este medio, fechado el 10 de febrero de 2021.