Cataluña condena los disturbios pero pide no criminalizar a los pacíficos

BARCELONA (Sputnik) — El vicepresidente y máxima autoridad en funciones de Cataluña, Pere Aragonès, condenó los disturbios de la última semana en Barcelona y otras ciudades de la región pero pidió que no se criminalice a los manifestantes pacíficos.

En rueda de prensa para evaluar los incidentes tras el encarcelamiento del rapero español Pablo Hasél, Aragonès afirmó que "el saqueo de comercios, la quema de mobiliario público y los enfrentamientos con trabajadores públicos no son libertad de expresión".

No obstante, el vicepresidente catalán pidió "evitar la criminalización de los que salen a la calle para ejercer libremente su derecho a la manifestación de forma pacífica".

El dirigente catalán compareció públicamente este lunes 22 de febrero tras casi una semana de ininterrumpidos altercados en Barcelona y otros incidentes registrados en las principales ciudades de Cataluña en el marco de las protestas por el ingreso en prisión de Pablo Hasél el pasado 16 de febrero.

La Policía catalana —Mossos d'Esquadra— cifró en 129 el total de personas detenidas durante los disturbios nocturnos que provocaron decenas de heridos entre agentes y manifestantes, además de importantes destrozos en el centro de la capital catalana.

El vicepresidente del Gobierno catalán advirtió que "de esta situación no se saldrá con enfrentamientos" y efectuó un llamamiento a "la calma y al ejercicio de los derechos y libertades con paz y seguridad".

En paralelo reclamó "responsabilidad política" para abordar "con serenidad y determinación" el origen de un malestar que atribuyó a amplios sectores de la sociedad catalana.

Aragonès agradeció la tarea de los Mossos d'Esquadra durante los altercados pero aseguró que se analizará si hubo actuaciones "incorrectas" por parte del cuerpo policial hacia los manifestantes.

También se ofreció a comparecer en el Parlamento de Cataluña para dar cuenta de la gestión de los incidentes.

Los disturbios arrancaron apenas dos días después de las elecciones de Cataluña del 14 de febrero, que reforzaron la mayoría independentista y situaron a Aragonès como futuro presidente de Cataluña si los nacionalistas catalanes consiguen pactar una nueva coalición de Gobierno.

Las negociaciones postelectorales quedaron empañadas por las protestas, ya que el partido independentista CUP pidió la dimisión del consejero de Interior, Miquel Sàmper, de la formación también separatista Junts per Catalunya.

Mientras que en una comparecencia televisiva Sàmper calificó los hechos de "puro vandalismo", desde la CUP criticaron su gestión y señalaron varios episodios de violencia policial que llevaron a una manifestante a perder un ojo, entre otros incidentes.