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Más de 120 personas trans acceden a una reparación por violencia institucional en Uruguay

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Más de 120 personas trans accedieron en Uruguay a una pensión reparatoria por haber sido perseguidas durante la dictadura (1973-1985) debido a su identidad de género, tras la aprobación, en 2018, de una ley integral que establece medidas de protección y reparación para ese sector vulnerable de la población, informó el periódico local La Diaria.
"Desde su creación [en 2019] hasta diciembre de 2020, la comisión [que analiza los pedidos de reparación] aprobó 123 de las 198 solicitudes recibidas", informó La Diaria citando información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El reporte añade que sólo cuatro solicitudes fueron rechazadas y las otras 71 están en proceso de estudio.
La Ley Integral para Personas Trans fue aprobada en octubre de 2018 en Uruguay y establece en su artículo 10 que podrán recibir la reparación quienes documenten que sufrieron "daño moral o físico" y que fueron "impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado".
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La pensión reparatoria está destinada a personas trans nacidas antes del 31 de diciembre de 1975 que hayan sido víctimas de violencia institucional y/o privadas de libertad.
Las solicitudes para acceder a ella son recibidas y analizadas por una Comisión Especial Reparatoria, que se conformó en junio de 2019 con representantes de organismos públicos y de la sociedad civil, agrega La Diaria.
La prestación reparatoria, que es vitalicia y retroactiva, equivale a tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC) mensuales, un monto que con los valores vigentes equivale a 14.610 pesos (341,14 dólares).
La reparación no es aplicable para personas que sean titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial (salvo que prefieran la prestación reparatoria) o quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 BPC mensuales, que equivale a más 73.000 pesos (3.582,58 dólares), detalla el medio.
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Otro de los puntos del Ley Integral Trans indica a los organismos públicos a destinar "el 1% de los puestos de trabajo a ser llenados en el año con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos".
Un informe elaborado el año pasado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) reveló que durante el primer año íntegro de vigencia de la ley, sólo ingresaron a organismos del Estado siete personas trans, que representan un 0,03% de los cupos generados, según consigna La Diaria.
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