El alcalde de la capital de Ecuador con grillete electrónico por investigación por peculado | Vídeo

QUITO (Sputnik) — El alcalde de Quito, Jorge Yunda, porta desde este 19 de febrero un grillete electrónico, por orden de un juez, por estar inmerso en una investigación de la Fiscalía por supuesto peculado en la compra de test para detectar el COVID-19 en la capital del país.

"La mejor presea que he recibido por salvar más de 50.000 vidas (…) Saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto", dijo Yunda en su cuenta de la red social Twitter, en donde posteó además un video de la colocación del grillete.

La mejor presea que he recibido por salvar más de 50.000 vidas, gracias @lindaguaman @XimenaAbarcaD saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto. pic.twitter.com/2UdI4vusVk

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 19, 2021

Yunda es procesado penalmente por una compra irregular de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el contrato para la adquisición de esas pruebas se firmó con una empresa privada para pruebas PCR Polimerasa, pero se recibió pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus, por lo que es necesario duplicar el procesamiento de cada prueba.

Pese a que el proveedor incumplió las condiciones técnicas especificadas en el contrato, fueron validadas por el municipio para terminar el contrato por mutuo acuerdo entre la empresa y el cabildo de Quito.

Adicionalmente, las pruebas fueron adquiridas en Corea, pero no estaban validadas por ese país.

Las pruebas fueron adquiridas el 16 de abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, y pese a que la ley y el contrato especifican que la fecha de expiración de los productos no debe ser menor a los doces meses, contados desde el momento de la recepción, la fecha de expiración de esas pruebas fue el 26 de septiembre.

Según un informe de la Contraloría de la Nación, en el proceso de compra no se justificó la necesidad de la adquisición ni sus objetivos y tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas.

El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años.

Según la Fiscalía, la compra habría representado un perjuicio económico de más de 4,2 millones de dólares.