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Venezuela repudia postura de los relatores de la ONU sobre activistas de ONG Azul Positivo

© AP Photo / Phil NijhuisJorge Arreaza, canciller venezolano
Jorge Arreaza, canciller venezolano  - Sputnik Mundo, 1920, 18.02.2021
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CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela expresó su repudio por el comunicado publicado por los expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la puesta en libertad de cinco miembros de la Organización No Gubernamental, Azul Positivo.
"Venezuela rechaza el Comunicado publicado por un grupo de representantes de los procedimientos especiales del Consejo de DDHH, ante las averiguaciones judiciales cursadas a la Organización No Gubernamental 'Azul Positivo', por violaciones a la ley venezolana", escribió en Twitter el canciller Jorge Arreaza, acompañando la publicación de un comunicado.

En el texto, el Gobierno de Venezuela señaló a los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cambiar los hechos.
"Venezuela observa con preocupación la tergiversación evidente en la que incurre este grupo de representantes de los procedimientos especiales, ante las averiguaciones judiciales cursadas a la Organización No Gubernamental 'Azul Positivo', tras detectarse una práctica de transferencia de recursos en divisas extranjeras a individuos bajo una modalidad financiera no autorizada, ni contemplada en las leyes venezolanas", se afirma en el comunicado.
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Durante un mes, Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz, miembros de la referida ONG, que se encarga de brindar respaldo a pacientes con enfermedades de transmisión sexual, estuvieron detenidos, y el 17 de febrero fueron excarcelados con cargos por financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
El grupo de relatores de la ONU exigió el levantamiento de los cargos contra los activistas y acusó al Gobierno venezolano de criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil.
"Las detenciones y acusaciones penales forman parte de un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, que ya operan dentro de un marco legislativo restrictivo, incluyendo la 'Ley contra el Odio' de 2017, que restringe el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, entre otros", dijeron los expertos.
El Gobierno de Venezuela denunció estas declaraciones, las calificó como injerencistas y aseguró que están descontextualizadas con el objetivo de complicar las relaciones de su país con el Sistema de Naciones Unidas y especialmente la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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