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Otra vez la policía: furia en Argentina por un nuevo femicidio a manos de un agente

© AP Photo / Natacha PisarenkoFeminicidio de Úrsula Bahillo en Argentina
Feminicidio de Úrsula Bahillo en Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 12.02.2021
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A Úrsula Bahillo la mató su exnovio, Matías Ezequiel Martínez, un policía de la provincia de Buenos Aires a quien ya había denunciado por violencia y amenazas 18 veces. Sus allegados reclamaron en la comisaría y fueron respondidos con balas de goma. Argentina está de luto, indignada, hastiada y conmovida por otro femicidio, violento y evitable.
En la última década, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías en Buenos Aires, Argentina. El último fue el de Úrsula, el 8 de febrero, en el poblado bonaerense Rojas. Un femicidio que demuestra la inacción del aparato judicial argentino, la protección que reciben entre sí los agentes denunciados, y el desamparo al que se someten las valientes que alzan la voz.
Úrsula tenía 18 años y ya había hecho 18 denuncias por violencia de género y amenazas cuando fue asesinada por las 15 puñaladas que le hundió hasta matarla su exnovio. Martínez, un policía de la provincia de Buenos Aires de 25 años, está inactivo por licencia psiquiátrica, y acumula un historial de denuncias por violencia. A pesar de haber pedido ayuda a la Justicia, de tener el coraje para hacer la denuncia ante los colegas de su agresor, de manifestar su miedo y desesperación a familiares, amigas y otra expareja, también violentada por él, Úrsula no fue escuchada.
"Una mujer en situación de violencia, cuando va a realizar una denuncia y le dan una medida cautelar es porque está en riesgo. Pero en el caso de que el agresor pertenezca a las fuerzas de seguridad, el riesgo, por supuesto, es aún mayor, porque tiene acceso a un arma", dijo a Sputnik Ada Rico, presidenta de La casa del encuentro, una de las primeras organizaciones en confeccionar estadísticas sobre femicidios en Argentina.
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Según datos de la asociación civil, que actualiza la información recopilada en el libro titulado Por ellas, con 10 años de informes de femicidios, transfemicidios y travesticidios en Argentina, desde 2008 hasta febrero de 2021, 214 de los perpetradores pertenecían o habían pertenecido a alguna fuerza de seguridad. En los últimos tres años, creció de 8% a 12% el número de víctimas de femicidio que ya habían hecho la denuncia contra su agresor.
Entre 2010 y 2020, en Buenos Aires y el área metropolitana, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una de reconocida organización de Derechos Humanos argentina. Parejas y exvínculos cometen el 66% de los femicidios en este país, según los datos del observatorio de violencia de género Ahora sí nos ven.
"La violencia de género en el caso de las fuerzas de seguridad, acelera el miedo que sienten ellas y el temor que tiene toda la familia. A Úrsula la abandonaron, porque nadie monitoreó que tuviera un botón antipánico para ella o una tobillera electrónica para el agresor", resaltó Rico.

Un crimen prevenible

"No doy más, amiga. Estoy muy triste. Me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano. No puedo mover la muñeca. Me quiero ir de acá. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos. Me recagó a palos". Esto le decía Úrsula a sus amigas más cercanas hace tan solo semanas, como se difundió en las redes sociales, detallando la agresión de su exnovio, luego de siete meses aguantar la agonía y el terror en silencio.
Belén Miranda, expareja anterior del agresor, también lo había denunciado por violencia de género. Ella y Úrsula se habían puesto en contacto en solidaridad a través de las redes y se conocieron en persona días antes del femicidio. "Si me matan, ya sabés quién fue", le había dicho.
Martínez se incorporó a la fuerza de seguridad bonaerense en 2015, había sido desafectado en 2018 por acumuladas denuncias de violencia de género, pero fue reincorporado en 2020. Desde septiembre de ese año, se encontraba con licencia psiquiátrica y una junta médica había definido que no era apto para prestar servicio en el marco de denuncias de ataques sexuales, entre las que había una a una menor de edad.
Úrsula lo denunció 18 veces, las últimas, dos en enero y una en febrero. Sin embargo, el juez de Paz Luciano Callegari las desestimó y aseguró que el agresor no era peligroso. Su madre insistió por su cuenta en la Comisaría de la Mujer el sábado 6 de febrero, dos días antes de la muerte de su hija, pero no fue atendida porque no hay guardia los fines de semana.
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El lunes 8 de febrero, Martínez llamó a su tío para pedirle ayuda. El hombre acudió al encuentro en un descampado en las cercanías del pequeño poblado de Rojas, provincia de Buenos Aires, acompañado de la policía.
Allí encontraron al joven en su vehículo, donde se halló también el cuchillo homicida, y a pocos metros, el cuerpo sin vida de Úrsula. Martínez tenía heridas en el vientre, que se estiman fueron autolesiones, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona, antes de iniciar su procesamiento.
El acumulado de señales de desidia y negligencia policial y judicial, sumado a los indicios de inacción y encubrimiento expresados por los familiares en los momentos de insistir en las denuncias desoídas, llevaron a la indignación popular en Rojas. "Si un día no vuelvo, hagan mierda todo", había escrito en las redes la joven a manera de descargo ante las denuncias ignoradas.
Familiares y amistades de Úrsula, así como un centenar de vecinos, realizaron un escrache en la comisaría del pueblo la noche del asesinato. Hubo pedradas dirigidas hacia la seccional y una violenta represión con balas de goma apuntadas a la población por parte de los oficiales. Una de las amigas de la víctima, que solo desahogaba su furia y dolor a los gritos, casi pierde un ojo, como se registra en los videos caseros grabados en el momento.
El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la jefatura de la Policía Bonaerense ordenaron la intervención de la comisaría local y de la Comisaría de la Mujer de la localidad de Rojas para investigar el accionar de los agentes frente a las denuncias por violencia de género y en las represalias a las protestas.
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