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España no es una democracia plena

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España no es una democracia plena, por más que lo diga The Economist en su ranking. Así lo indica una denuncia de Amnistía Internacional debido a la Ley Mordaza de España que atenaza la libertad de expresión de sus ciudadanos, entre otras cosas. Asimismo, el régimen político que reina en ese país no permite la independencia de poderes.

España y su democracia: realidad y fantasía

El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, tuvo que pisar suelo comunitario para decir cosas de Rusia que no pronunció de frente a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, ni tampoco en la rueda de prensa conjunta que dieron en Moscú.
Una vez en Bruselas, y al compás de los latigazos que amenazan con dejarle marcas de estigma a su carrera política, se envalentonó para ponerse detrás de una pantalla y escribir en su blog que "Parece que Rusia se está desconectando progresivamente de Europa y mirando los valores democráticos como una amenaza existencial".
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De esta manera se ponía espalda con espalda junto a su compatriota y actual ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, quien tras la rueda de prensa en Moscú fungió de escudera de Borrell intentando lavarle sus heridas apelando a un ranking diseñado por The Economist, que entre otros, pertenece la familia banquera Rothschild y la aristocrática familia Agnelli, y responde a sus intereses.
"Yo quisiera recordar al ministro Lavrov que España es una de las 23 democracias plenas en el mundo y solo hay 23. Rusia está en el puesto 124 de 167 países. Quiero recordar que en España todos los ciudadanos, todos, tienen plenamente garantizados sus derechos y libertades".
"Que The Economist haga una lista en función de los intereses de la oligarquía capitalista y del gran capital anglosajón, pues imaginemos dónde van a estar Rusia, China, y un montón de países. Y dónde van a estar ellos [países occidentales]: por supuesto, arriba del todo, porque para eso hacen la lista ellos", apunta el analista internacional Juan Aguilar.
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Parece que a la ministra desconoce que con su declaración no está de acuerdo ni siquiera Amnistía Internacional [AI] –y eso es mucho decir tratándose España de un país del bloque occidental– que denunció a España por la Ley Mordaza.
"La Ley Mordaza es una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información. Durante cuatro años se viene empleando contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos, miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos", denunció AI.
Entonces era mediados de 2019 y Amnistía Internacional recogía firmas para pedir la modificación de dicha ley y hacía un exhorto: "Pedimos al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros seis meses desde su constitución". En 2020, volvía a denunciarlo.
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El Tribunal Constitucional hizo un amague de cambiarla, según se informaba en noviembre de 2020, pero menos de un mes después, en diciembre de 2020, el Gobierno reculaba, por lo cual la libertad de expresión sigue amordazada en la España modelo de 'democracia plena'. Hay ejemplos muy crueles de la aplicación de esta ley contra sus ciudadanos. Citamos un ejemplo:
"Una mujer de Petrel, un municipio de Alicante situado cerca de la costa mediterránea de España, fue multada en julio con 800 euros —la sanción ha sido efectiva hace unos días— por subir a Facebook una fotografía de un coche de Policía Local aparcado en una zona reservada para conductores discapacitados", constató una publicación. Y después está su lado económico nada despreciable: hasta noviembre de 2020 y con cinco años de vigencia, las multas impuestas invocando esta ley superaba los 563 millones de euros.
"Está claro que es una limitación de libertades formales, que si ocurren en uno de esos países donde esta señora ministra decide que no hay democracia, serían tremendamente criticados, y de hecho son tremendamente criticados. Es esa distinta vara de medir, donde no se ve las muchas leyes mordazas que existen en los países de la Unión Europea [UE], pero ser ve cualquier pequeña ley mordaza en cualquier otro sitio", expresa el también periodista.

En España no hay separación de poderes

Aguilar advierte que "la democracia, más allá de los derechos y las libertades formales, se caracteriza fundamentalmente por tres cosas".

"Una, que tenga legitimidad de origen, es decir, que en un período de libertad colectiva, una nación haya iniciado un proceso constituyente mediante el cual tenga una ley que garantice el equilibrio de los poderes dentro del Estado de esa nación. Eso en España, por ejemplo, no se da. Aquí no hay legitimidad de origen porque no hubo nunca proceso constituyente cuando se aprobó la Constitución de 1978, que es la que está actualmente vigente", remarca el experto.
Aguilar añade que "luego, la democracia exige la capacidad de los ciudadanos de ser libres e iguales ante la ley, y poder elegir a sus representantes. Eso en España tampoco existe: aquí lo que existe es una oligarquía de partidos, donde los dirigentes de una serie de partidos ponen en las listas a la gente que ellos quieren, y esas listas son la única opción que la gente tiene de elegir: elige listas cerradas, y por lo tanto, esos dirigentes de esos partidos son los que eligen lo que la gente puede votar para rellenar el Congreso de diputados, el legislativo. Luego, ese legislativo elige al Ejecutivo, y también elige al Poder Judicial. Es decir, no hay separación de poderes".
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"Luego, si no hay igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y no puede haber una representación mayoritaria, si no hay separación de poderes, y no hay legitimidad de origen, ¿de qué democracia nos habla esta señora?", se indigna Aguilar al referirse a las palabras de la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya.
Esto es más o menos así en otros países europeos, de acuerdo al analista. "Algunos tienen más antigüedad y efectivamente en su día tuvieron partidos constituyentes, por ejemplo Francia. En Alemania, la Ley Fundamental de Bonn [1949], que es su Constitución, también fue impuesta por la ocupación aliada tras la Segunda Guerra Mundial. Y si hablamos de otros países de la Unión Europea, podemos encontrar situaciones parecidas. ¿Separación de poderes? Sabemos que difícilmente existe —en unos más, en otros menos— en ningún país de la Unión Europea", afirma.
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Subraya que "la igualdad de los ciudadanos ante la ley y su capacidad de elegir representantes de forma directa, quitando los diputados de distrito que se eligen en Reino Unido y ya no están en la UE, el resto, nada. Lo que existen [en Europa] son partidos políticos, y deciden las cúpulas de los partidos políticos, es decir, estamos hablando de regímenes de oligarquía de partidos", concluye Juan Aguilar.
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