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¿Cazar o proteger más al lobo? La decisión que divide a España

© Foto : Pixabay / Pixel-mixerUn lobo, imagen ilustrativa
Un lobo, imagen ilustrativa - Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
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La posible prohibición de cazar lobos divide a las comunidades autónomas y escenifica posturas contrarias en el Ministerio de Transición Ecológica y en el de Agricultura. El sector de la ganadería extensiva habla de que las ayudas apenas cubren la mitad de los daños ocasionados por estos depredadores. El Gobierno tendrá la última palabra.
La decisión emana de una ajustada votación el 4 de febrero en el seno del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, y que reflejó una enorme división entre las comunidades autónomas del país.
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El debate y el resultado de la votación evidenció una disparidad de criterio total que atiende no solo a filiaciones políticas y a la presencia de este animal, pues Andalucía y Murcia (ambas sin lobos y gobernadas por PP y C's) han coincidido en el sentido negativo de su voto con Castilla y León (PP y C's), Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), Galicia (PP) y País Vasco (PNV). Y Aragón (PSOE y UP), que apoyó la propuesta, posteriormente ha matizado su apoyo. Su presidente, el socialista Javier Lambán, ha criticado el voto favorable emitido por su director general de Medio Natural (Diego Bayona, UP).
Por ley, pues la competencia es estatal, el Gobierno instruyó la propuesta de la comisión, que contaba con el aval de un comité científico y recomienda la inclusión del lobo en el LESPE. Pese a que la propuesta se debatió entre autonomías en esta comisión, la decisión no es vinculante, ya que la última palabra la tiene el Gobierno, que no obstante prefiere una aprobación por consenso antes que una imposición.

Más allá de la división

Las organizaciones ecologistas siempre apoyaron la protección integral del lobo ibérico, especie que entre los años 70 y 80 estuvo al borde de la extinción en España. La idea choca con los intereses de parte del mundo rural, el sector de la ganadería extensiva. De resultas, el Ministerio de Agricultura se opone a incrementar la protección del lobo promovida por el de Transición Ecológica. "Como ministro de los ganaderos, estoy a su lado y comparto su preocupación", manifestó el ministro Luis Planas.
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En España, buena parte del mérito por los esfuerzos empleados en la recuperación de la especie se atribuyen al documentalista y naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, una figura que reivindican tanto ecologistas como cazadores y que obró que el lobo dejara de tener el estatus de alimaña. En WWF recuerdan que fue la propia Comisión Europea, mediante un informe sobre el estado de la naturaleza europea, la que consideró al lobo "en estado de conservación desfavorable", luego de contemplar los datos aportados por las comunidades autónomas. La inclusión del lobo en el LESPE comporta la elaboración de estrategias para su recuperación.
Sin embargo, las federaciones de caza y el Colegio de Ingenieros de Montes sostienen que, muy al contrario, las poblaciones de lobos se han recuperado y que no es necesario acudir a esta medida, la cual, según este último, solo exacerbaría las controversias entre ganaderos, cazadores y asociaciones conservacionistas. La población estimada en España asciende a 297 manadas, entre 1.600 y 2.700 lobos en función de la época del año, según el último censo (realizado entre 2012 y 2014, y publicado en 2016) bajo la égida del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El modelo de control cinegético

Castilla y León es la región española que mayor población de lobos alberga. Santiago Iturmendi Maguregui, presidente de la Federación de Caza de esta región, también afirma que la población de cánidos ha aumentado en los últimos años y no ve necesario elevar el estatus de su protección. Es más, a su parecer, es precisamente su caza lo que garantiza su supervivencia.
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"Mientras se ha cazado el lobo en Castilla y León, las poblaciones han ido a más", declara telefónicamente a Sputnik, aludiendo al anteriormente mencionado censo de 2016. "Es un dato incuestionable, proveniente del mejor censo que se ha hecho en España, que realizó una consultora de prestigio durante más de dos años". Iturmendi califica de "grave error y despropósito sin base científica" la inclusión del lobo en el LESPE, "pues condenarlo a una situación en que no tenga un aprovechamiento razonable y sostenible, traerá graves consecuencias para sus poblaciones en Castilla y León, la comunidad donde más hay en España".
"Alguien tan poco sospechoso como Félix Rodríguez de la Fuente dijo que lo peor que le puede pasar al lobo es que no se regule su población a través de la actividad cinegética, algo que también dice su hija Odile, y no son unos naturalistas cualquiera".
En World Wildlife Fund (WWF) la opinión es la contraria. En declaraciones a Sputnik, Gemma Rodríguez Cáceres, responsable del programa de Especies en Peligro de la organización en España, critica el sistema de cupos a través de la caza "para controlar preventivamente" los ataques al ganado. "Si tienes una especie con un valor incalculable para los ecosistemas, hay que protegerla mediante las directivas europeas por su estado de conservación desfavorable. Aparte, el control de la especie mediante la caza no da resultados, porque los ganaderos de Castilla y León siguen protestando, y eso que cada año se caza la especie. En pleno siglo XXI no se puede mantener un modelo cinegético con el lobo".
"Los cupos se establecen en función de las necesidades de animales que habitan en una determinada zona y están censados, y con un criterio de gestión sostenible. Si hay 20, se hace un cupo de 2 ó 3. Y si hay 10, pues de 1 ó de 2", discrepa Santiago Iturmendi, que duda también de la validez del aval del comité científico que apoyó la propuesta en la comisión. "El ministerio no ha hecho ningún informe científico".
"Una especie protegida no puede ser cinegética, lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, es un atavismo", afirma por su parte Ignacio Martínez Fernández, presidente y portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). "La caza y su normativa permite matar indiscriminadamente, algo incompatible con el régimen de protección especial".

La postura conservacionista

Los distintos grupos ecologistas celebran la decisión. Piensan que el modelo basado en el control de la especie mediante la caza dará paso a otro basado en la coexistencia del lobo en los ecosistemas. En otras palabras, que su protección es compatible con la ganadería extensiva.
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En WWF valoran positivamente el resultado de la votación. "Es una especie que se halla en estado de conservación desfavorable y merece una protección homogénea en todo el territorio, que no dependa de la gestión de cada comunidad autónoma", declara Gemma Rodríguez, al tiempo que señala el reto de proteger también la ganadería extensiva, "una línea que WWF trabaja". En su opinión, el fin de la consideración del lobo como especie cinegética no implica un daño a este tipo de industria agropecuaria. "La caza comercial no tiene una vinculación directa con la disminución de daños, pues se caza por cupos establecidos sin criterio científico".
"Para compatibilizarlo [el lobo y la ganadería extensiva] hace falta poner en marcha medidas preventivas, y si se producen ataques, valorar otras opciones, como el control de individuos problemáticos, pero no de poblaciones. Es lo que dice la Comisión Europea".
"Al lobo se le mata básicamente de dos maneras, ambas intencionadas: por cazadores y por los controles de los guardas forestales. Porque hay comunidades donde el lobo es cinegético y lo matan los cazadores, y otras donde no y lo matan los guardas, como en Asturias", explica Ignacio Martínez desde ASCEL, la organización que promovió la iniciativa en octubre de 2019. Y también advierte del carácter enrevesado y dual del sistema de protección de especies en España, donde junto al LESPE también figura el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Este último otorga una protección mayor que la del Listado, que es preventiva. "Un chequeo cada seis años y no se mata en general", apunta.
Y subraya que, además de la caza, también se tienen que acabar los controles. "No vamos a permitir que el listado solo sea una restricción de la caza. Porque si se traslada la idea de que el lobo se puede gestionar mediante controles generalizados, supondría entonces un retroceso brutal e ilegal del resto de las especies listadas. ¿Vamos a empezar a hacer controles a los osos?"

Ganaderos afectados

La ganadería extensiva ve en el lobo una amenaza constante y entienden su inclusión en el LESPE como un ataque al sector. Las principales organizaciones agropecuarias del norte y centro-norte peninsular suscribieron un comunicado conjunto en el que califican de "verdadero despropósito" la decisión adoptada en la comisión de Patrimonio Natural.
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"Incomprensiblemente, han sido las regiones menos afectadas las que, junto con el propio Ministerio, han inclinado la balanza hacia una mayor protección del lobo", reza en el escrito, donde aludiendo al carácter no vinculante de la votación, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que "no materialice" la decisión. En la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA) señalan las pérdidas ocasionadas por los lobos y juzgan que la coexistencia "ha sido siempre a su favor". "El lobo lleva campando a sus anchas al norte del río Duero en los últimos 30 años sin problemas", asegura a Sputnik Francisco Bello, presidente de ASAGA. "En Galicia, en la provincia de Orense, en 2020 se contabilizaron más de 200 ataques, a consecuencia de los cuales perecieron más de 500 animales. Pero en los últimos 12 años no ha habido ni una sola batida de lobos".
"Nosotros no queremos matar lobos, sino un control de la especie, también cinegético cuando tenga que haberlo. E indemnizaciones a los ganaderos, en tiempo, forma y cantidad".
"El lobo mata cuando tiene hambre donde tiene más facilidad, en montes y en cercados y hasta en aldeas. Nosotros no estamos en contra del lobo ni creemos que tenga que desaparecer. Pero no estamos de acuerdo en que seamos nosotros los que los debamos alimentar. Tiene que haber un equilibrio, pero no es fácil organizar batidas en las zonas donde hay ataques, hacen falta muchos permisos y las batidas muchas veces solo sirven para alejar al lobo de esa zona durante algún tiempo. En Galicia pocas veces se llega a cazarlos", afirma Bello.
"En Galicia se caza poco", conviene Gemma Rodríguez, "por lo que no entendemos que haya votado en contra. Las batidas se hacen cumpliendo unos requisitos, la toma de medidas preventivas, por ejemplo. Si estas no sirven, la directiva europea establece que se puede plantear un control de individuos".
Los representantes de este sector de la industria agropecuaria señalan que el sistema de ayudas públicas para hacer frente a los ataques de los lobos no es suficiente y que su protección especial supone socavar los esfuerzos para frenar la despoblación en la España vaciada. "Las ayudas públicas que se conceden son escasas y con una burocracia importante, apenas cubren el 50% de las bajas que tenemos", explica Francisco Bello.
"Las ayudas son para compensar los daños, pero también hay que combatir la sensación con la que acudes a ver si tu ganado está vivo o muerto, se trata de evitar que se cierren explotaciones, algo que conlleva el fenómeno de la España vaciada y el riesgo de incendios. El coste del abandono del medio rural al final se paga".
"La ganadería extensiva necesita apoyo, porque está en declive por otros factores estructurales", matiza Gemma Rodríguez, subrayando que lo que se acaba es la caza y que "la ganadería extensiva no recibe el mismo apoyo de la PAC" [Política Agrícola Común de la UE, con ayudas a las rentas y medidas de mercado y desarrollo rural] en comparación con otros sectores.
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"Hay que eliminar trabas burocráticas a sus gestiones, como con la ganadería intensiva. Pero lo que no se puede hacer es poner al lobo en el centro de todos los problemas de la ganadería extensiva y que salgan algunas comunidades autónomas a decir que esto es el fin del mundo rural. Es una manera de eludir las responsabilidades de las administraciones con la ganadería extensiva, un sector que aporta a la sociedad productos de calidad y servicios ambientales", explica, recordando los proyectos en común entre grupos ecologistas y este sector ganadero de los últimos años. "Pedimos una estrategia para ella".

Reticencias en comunidades autónomas

El lobo ibérico se concentra en Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria, regiones que albergan más del 95% de su población en todo el país. En Asturias, su presidente, el socialista Adrián Barbón, ha prometido frenar la aplicación de la decisión adoptada, al entender también que esta vulnera las competencias autonómicas en materia de caza.
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Durante el pleno del 10 de febrero en la Junta General del Principado, Barbón ha defendido el control poblacional del lobo y ha declarado que su Ejecutivo usará "todos los resortes" para seguir asumiendo competencias en materia de caza. El día anterior, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, advirtió que la inclusión del lobo en el LESPE es producto de "un subterfugio" aprovechado por el Ministerio de Transición Ecológica, dado que, a su juicio, existe desde hace años una "estrategia nacional" que puede modificarse con el concurso de las comunidades autónomas.
"Se busca un subterfugio, una vía indirecta para algo que es perjudicial para los intereses del Castilla y León, estaremos en lucha constante y, si es necesario, acabaremos en los tribunales", dijo en declaraciones recogidas por Efe, recalcando también que la medida supone "un ataque al medio rural y a los ganaderos".
"Las comunidades pueden mejorar la normativa, pero no empeorarla", matiza Ignacio Martínez, que resta de paso importancia a la divergencia de pareceres entre el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica. "No es una competencia de Agricultura. Y los ganaderos afectados no son todos. A los ganaderos de la leche esto les da igual, y en Asturias son tropecientos mil. Es una tormenta en un vaso de agua, asegura. "En Asturias hay un Gobierno secuestrado afectivamente por ese sector, que representa a una parte minoritaria de la población. Pero ni el monte ni el campo son suyos".

La presencia del lobo

La estrategia promovida por el Ministerio de Transición Ecológica prevé que el lobo experimente hasta 2030 un aumento poblacional cifrado en 350 manadas, así como una extensión de entre el 10% y el 20% del área de su distribución. También se busca favorecer los corredores ecológicos y evitar el aislamiento de los grupos de animales, para los que se intentará habilitar bosques-islas como refugios, también para su reproducción, en zonas agrícolas.
"El lobo es un bien público, no es de nadie, es de todos", afirma Ignacio Martínez. "El lobo está en la Constitución, la caza y la ganadería no. Hay gente con actividad agropecuaria en zonas con lobos, les va muy bien y tienen cero daños. ¿Por qué? Porque lo cuidan. Hay que contratar pastores. El lobo básicamente actúa sobre especies silvestres. El lobo no tiene superpoblación, es un superdepredador. Se controla a sí mismo".
"Hace un papel que no le pagamos, por eso tiene que ser una especie protegida. Los necesitamos para controlar la carroña, las poblaciones de ungulados [cabras montesas], los ungulados enfermos, para controlar la transmisión de zoonosis, la peste porcina o la tuberculosis".
"Hace un papel que no le pagamos, por eso tiene que ser una especie protegida. Los necesitamos para controlar la carroña, las poblaciones de ungulados [cabras montesas], los ungulados enfermos, para controlar la transmisión de zoonosis, la peste porcina o la tuberculosis".
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En ASCEL aseguran que el lobo posee "una dinámica poblacional propia" que obra que no se reproduzca si el animal no ve asegurado su sustento. "El lobo ataca lo silvestre, pero también lo que tenga más fácil. Si el rebaño está protegido, se irá a buscar un corzo. Y no se está expandiendo; de dos censos en 26 años, hay el mismo número de grupos. Llegan a los Pirineos lobos italianos, pero no llegan de los Pirineos al sistema ibérico, porque los masacran. Es anormal que no lleguen a Huesca, estamos haciendo un sumidero en Castilla y León con la caza".
"El concepto de que las especies se regulan solas es obsoleto y lejos de la realidad", contrapone Santiago Iturmendi. "Es una falsedad científica". Afirma que en 2020 "no se cazó ninguno" debido a un tema judicial. "Y de los cupos establecidos anteriormente, no se llegaba al 70%-80% de las capturas. Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, se debe lograr un equilibrio entre los intereses de la especie, y la convivencia con el mundo rural, cuyas actividades son difícilmente compatibles con el exceso de estos animales. La gestión sobre la especie debe ser razonable y racional. Lo prioritario es que los controles poblacionales consigan hacer viable otros aprovechamientos, tan importantes como la existencia de poblaciones gigantescas de lobos en Castilla y León".

Los daños ocasionados

Las organizaciones ecologistas cifran en torno al 1% el número de reses muertas a causa de estos depredadores del total de cabezas de ganado que se pierden por diferentes motivos. "Es una media sobre todas las bajas. No está contrastado, es una estimación sobre el porcentaje de pérdidas debido a los lobos, cuyos censos los realizan los guardas forestales y a veces no con métodos científicos, son estimaciones", explica Gemma Rodríguez.
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"Ya me gustaría saber de dónde sacan ese dato, porque ni siquiera se sabe cuántos lobos hay en conjunto al norte del Duero. En Galicia se estiman unas 90 manadas, pero no se sabe cuántos animales hay", discrepa Francisco Bello. "Lo que sí sabemos es que en Galicia los lobos matan más de 2.000 reses al año, son números contrastados. Otros son más difíciles de demostrar. Por otra parte yo quiero negar la mayor: los ecologistas de verdad somos los que vivimos en el medio rural, somos los que cuidamos el medio. Porque no queremos incendios, ni malezas. No conozco a ninguna asociación ecologista que tenga un solo metro cuadrado de terreno".
De similar opinión es Santiago Iturmendi: "Yo soy tan ecologista como el que más y pongo en valor que en el colectivo de cazadores muchísimos de nosotros somos ecologistas. A mí el lobo me maravilla, tengo la suerte de contactar con ellos a través de la actividad cinegética. Pero tenemos el sesgo de que hay que hacer controles poblacionales, porque si no, se nos van de las manos".
En ASCEL dudan de que las bajas ocasionadas por ataques de lobos lleguen siquiera a ese 1%. "Los perros atacan al ganado. Y los lobos pueden carroñear lo que matan los perros", explica Ignacio Martínez. "Si el ganadero pastorea el ganado, el lobo no ataca. La PAC paga a los ganaderos para que protejan al medio, así que no pueden matar lobos o quemar el monte. Los inconvenientes de vivir en ese medio se pueden reducir a cero si se cuida bien al ganado. En el norte hay casos de gente con cero daños, porque lo cuidan".
En cualquier caso, hay que certificar los ataques para recibir las ayudas, punto en el que Martínez alerta de los casos de fraude. "No se puede decir que los lobos son el problema", apostilla.

La última palabra la tiene el Gobierno

En este contexto y con el choque de intereses entre ministerios de por medio, el Gobierno de España podrá inclinar la balanza hacia uno u otro lado. De momento no hay nada firmado, el BOE todavía no ha registrado la inclusión del lobo en el LESPE.
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"El presidente del Gobierno tendrá que adoptar una postura y decidir si quiere mantener una ganadería viva, o prefiere que el lobo campe a sus anchas y, en sentido figurado, se vaya comiendo poco a poco a los ganaderos", resumen en ASAGA. "Porque ahora mismo", continúa Francisco Bello, "con el estatus que tiene, no se puede cazar y matar al lobo al libre albedrío, para nada. Y con esta nueva protección no se podrán hacer batidas bajo ningún concepto".
"Yo pido a las personas que vayan a tomar esta nefasta decisión, que reflexionen sobre su historia [del lobo], sobre lo que le ha pasado y los incrementos de su población en los últimos 10 ó 15 años", añade Santiago Iturmendi. "Y que piensen si pueden asumir la responsabilidad en un futuro cercano por dar gusto a unas minorías que enarbolan la bandera del animalismo exacerbado que dicen que no hay que cazar ningún tipo de especie porque se autoregulan, una utopía".
"El debate no es entre conservacionistas y ganaderos, ni entre rural y urbano", concluye el conservacionista Ignacio Martínez. "Hay una ley de medioambiente, no puede ser que, por ejemplo Javier Lambán salga ahora diciendo que Aragón va a cambiar de posición. Y además en una votación que no era vinculante. La interpretación de que el lobo está protegido al sur del Duero y al norte se puede cazar, no es tal. El Convenio de Berna dice que está protegido a ambos lados, ya sea más o menos".
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