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Así acaban los Países Bajos con el movimiento okupa y la falta de viviendas

CC BY 2.0 / Mauro / Ámsterdam Ámsterdam (Países Bajos)
Ámsterdam (Países Bajos) - Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
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España padece de una excesiva ocupación de viviendas. La dificultad para acceder a una residencia y la falta de alquileres sociales empeoran la situación, que busca ser resuelta en la próxima ley de vivienda. Los expertos señalan a los Países Bajos como un ejemplo para erradicar la problemática.
La ocupación de viviendas es un fenómeno en alza. En los últimos años, este problema no ha parado de crecer en España. Desde 2015, el número de denuncias presentadas por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50%. Se ha pasado de 10.376 en 2015 a las 14.621 de 2019, último año con datos completos. Cataluña es la comunidad más afectada, seguida por Madrid y la Comunidad Valenciana.
Las previsiones indican que este escenario se podría agravar. Avivan la situación la crisis del coronavirus, las últimas medidas del Gobierno o las dificultades de acceso a la vivienda que tienen colectivos como los jóvenes o las familias con pocos recursos. Tres puntos clave para José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y autor del informe El acceso a la vivienda en España: ¿qué hacer con el problema de la ocupación?, publicado en el think tank Europa Ciudadana.
El experto indica que es imprescindible que las instituciones impulsen iniciativas para resolver ambos problemas: la ocupación y la dificultad de acceso a la vivienda. Cano Montejano da una serie de recomendaciones, basadas en la legislación desarrollada en otros países. En concreto, destaca la normativa de los Países Bajos, a la que presenta como un ejemplo.

Modelo neerlandés

La ley de ocupación e inmuebles vacíos y la de alquiler temporal conforman el eje de la solución neerlandesa. Ambas han favorecido el arrendamiento de corta duración y la creación de empresas dedicadas a dicha actividad, además de consolidar una vía de acceso a un bajo precio a la vivienda y por ende reducir los porcentajes de ocupación.
Ámsterdam promulgó en 2010 la Ley Wet Kraken, traducida al castellano ley de ocupación y vacantes, aproximadamente. Esta permitió desarrollar una amplia política sobre la ocupación de viviendas. La norma establece que no se pueden emprender acciones legales cuando un inmueble ha estado vacío durante más de un año. Pero, en caso de no darse esta circunstancia, la pena puede llegar a la privación de libertad entre dos años y ocho meses.

"Por supuesto, esta pena tan elevada busca un efecto disuasorio respecto de los posibles precaristas o también conocidos como squatters u ocupantes ilegales",

José Carlos Cano Montejano
Profesor de Derecho Constitucional de UCM
Además, esta ley obliga al propietario a indicar al ayuntamiento que una determinada vivienda va a quedar vacía. Si un año no ha sido alquilada, la corporación municipal puede buscar a un inquilino para el inmueble. Incluso, tiene la posibilidad de forzar al propietario a realizar reformas para mejorar la habitabilidad.
En 2016 llegaría la Ley Wet Tijdelijke verhuur o de alquiler temporal. Esta permite cerrar contratos de arrendamiento a corto plazo por un periodo de tiempo determinado, que puede llegar a los dos años. Si el propietario no notifica la rescisión del acuerdo, el contrato pasa a considerarse de tiempo indefinido. Eso sí, el arrendatario no tiene la obligación de cumplir con la duración establecida en el documento. Por otro lado, se instaura una cláusula de uso personal urgente, con la que el propietario, en determinadas situaciones, puede recuperar su vivienda.
Inquilinos de un piso de vivienda pública vendido a un fondo buitre - Sputnik Mundo, 1920, 06.03.2020
Internacional
"¡La vivienda en España debería ser un derecho, no un bien para especular!"
Estudiantes, trabajadores, inquilinos que dejan su casa por obras o personas en situación de urgencia son los destinatarios de este tipo de contratos. Dentro de la regulación, además de inmuebles de todo tipo, también se incluyen habitaciones, sujetas a las mismas disposiciones que una vivienda completa.
La legislación ha provocado que la ocupación haya caído un 30% desde 2010. Actualmente, solo un 2% de las viviendas del país están vacías. Distintas entidades, tanto privadas como públicas, han reconvertido espacios abandonados en áreas industriales y puertos en lugares habitables. En los Países Bajos, se pueden hallar ciudadanos residiendo en molinos de viento o almacenes de agua reformados. Una forma de aumentar el parque residencial, del cual el 35% está destinado a vivienda social. En España, tan solo llega al 1 %.

Nueva ley de vivienda

Mientras, en España, la primera ley de vivienda de carácter estatal sigue perfilándose. Unidas Podemos propondrá que en el borrador se defina como gran tenedor a propietarios que tengan cinco o más inmuebles. Actualmente, esta definición se aplicaba a personas que contaban con 10 pisos, según el decreto antidesahucios.
Además, la formación morada quiere que los grandes propietarios dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social. Propuesta que se une a la intención de prohibir de forma permanente los desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y de disponer medidas "efectivas" que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.
La ley de vivienda ha provocado choques de nuevo entre PSOE y Unidas Podemos. El partido que dirige Pablo Iglesias ha reconocido "discrepancias sustanciales" con los socialistas. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó la inclusión en el texto legal de la prohibición de desahucios de población vulnerable recogida en el estado de alarma, ya que es una medida de carácter temporal. Por su parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, desestimó definir como gran tenedor a un propietario con más de cinco viviendas.
La normativa se encuentra en un punto muerto, con los socios de Gobierno enzarzados por sus puntos. De momento, los técnicos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana trabajan para precisar el texto de la ley de vivienda, en la que se regularán por primera vez los precios del alquiler.
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