Ecologistas cuestionan proyecto de reforma eléctrica en México

Un proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, recién enviada al Congreso de México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un modelo basado en la explotación de hidrocarburos fósiles que causaría "graves impactos al ambiente y a la salud", dijeron organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.

El proyecto para reformar y agregar nuevas disposiciones a la LIE, presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 29 de enero, "fomenta un modelo basado en combustibles fósiles, los cuales generan emisiones que deterioran la calidad del aire y de vida de las personas", dice el posicionamiento conjunto.

Las modificaciones legales propuestas mediante una "iniciativa presidencial preferente", atentarían contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y los compromisos de México en el Acuerdo de París, de diciembre de 2015, de cumplir acciones para un futuro global sostenible, con bajas emisiones de carbono en el planeta .

Esa reforma para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados de energías limpias, fomenta un modelo eléctrico que "favorece mayores emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta, cuyos impactos en la salud y en el ambiente han sido científicamente comprobados", advierten los ecologistas.

Las organizaciones hacen un llamado a los legisladores para que tomen en cuenta esas consideraciones dentro de la discusión en el Congreso del proyecto de reforma dice el Observatorio compuesto por 14 organizaciones.

Entre los integrantes de esa red están la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Poder del Consumidor, Greenpeace, Transita Seguro, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), Bicitekas y Fundación Tláloc, con el apoyo de otras veintena de asociaciones ecologistas.

Objeciones ecologistas

Las cuatro principales objeciones ecologistas comienzan por plantear, en primer lugar, que el proyecto relega el despacho de energía de los proyectos de energías renovables al sistema eléctrico y favorece antes a las hidroeléctricas y centrales más contaminantes de la CFE estatal, "que generan energía a partir de carbón o combustóleo".

El Gobierno propone favorecer a proyectos "que generan emisiones de gases con comprobados efectos en la salud", como enfermedades respiratorias, y en el ambiente, pues "los gases de efecto invernadero son la principal causa del cambio climático".

En segundo lugar, señalan que la iniciativa profundiza la "pobreza energética", dado que las energías renovables, fotovoltaica y eólica, "pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible", generando empleos, ahorro y eficiencia en el consumo de energía.

En México, más del 30% de los hogares sufren algún tipo de "pobreza energética", mientras el sistema eléctrico centralizado basado en combustibles fósiles "no ha sido logrado ofrecer más "energía a precios más accesibles".

En tercer lugar advierten que el Estado mexicano firmó el Acuerdo de París, con medidas estipuladas en las leyes nacionales vigentes de Cambio Climático y de Transición Energética.

La reforma modificaría "el mecanismo de Certificados de Energía Limpia, "dejando sin incentivos a la introducción de nuevos proyectos de energía renovable", y contempla un plan de negocios de la CFE para el quinquenio 2021-2025, que "relega cualquier proyecto de renovables hasta 2027".

Finalmente, la cuarta objeción apunta que los proyectos de energías renovables son relegados esgrimiendo un "supuesto cumplimiento de un criterio de 'confiabilidad', y se hace caso omiso al criterio de 'sustentabilidad', como lo mandata la Constitución", y la LIE actual.

Los ambientalistas terminan señalando que en el marco de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 la generación de energías renovables y limpias "es una solución clave para la recuperación", mientras que el proyecto de reforma "nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción".

Una veintena de organizaciones se adhirieron al pronunciamiento, entre ellas la Alianza Jaguar; Cambio de Ruta; Energía, Género y Ambiente; Legado Sustentable; la Red Mexicana de Carta de la Tierra, y Ruedas del Desierto y la Alianza Mexicana contra el Fracking.