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"España quiere mostrar un escaparate del horror al estilo Grecia para evitar el efecto llamada de migrantes"

© AP Photo / Javier BauluzMigrantes de Marruecos son detenidos por la Policía española tras llegar a la costa de las Islas Canarias. 16 de octubre de 2020.
Migrantes de Marruecos son detenidos por la Policía española tras llegar a la costa de las Islas Canarias. 16 de octubre de 2020. - Sputnik Mundo, 1920, 06.02.2021
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Según datos oficiales de la delegación del Gobierno en Canarias, las infracciones penales han caído un 6% durante el último cuatrimestre de 2020, lo que desmentiría la teoría del aumento de la inseguridad en las islas por la presencia de extranjeros.
Toto, nombre ficticio, tiene 25 años y es saharaui, de la ciudad de Dajla, en el Sahara Occidental. Es un chico normal de una familia normal de cuatro hermanos y unos padres que les han inculcado desde pequeños que hay que trabajar duro para ser algo en la vida. Es lo que ha hecho Toto desde que tiene uso de razón. Estudiar, diplomarse como técnico de tecnología e informática, y trabajar y trabajar para cumplir su sueño: viajar a España y tener una vida mejor, lejos de la ocupación marroquí que ha marcado su infancia y su juventud.
Es un portento con los teléfonos móviles. Los arregla, los destripa, los compra y revende; y con ese oficio ahorró durante meses para conseguir los 2.000 euros que las mafias de trata de personas e inmigrantes le pidieron para meterse en una de las pateras que le llevarían hasta las Islas Canarias.
Salió a las 6 de la mañana del 20 de noviembre del año pasado, solo, a pesar de las reticencias de su familia, y lo hizo disfrazado de pescador.
"Hay mucha policía en la costa vigilando las embarcaciones ilegales y no podemos subirnos todos a la vez en la misma patera; así que las mafias llevan barcas pequeñas hasta la orilla y subimos en grupos de tres o cuatro simulando que somos pescadores. Después de dos o tres horas en el mar aparece la patera grande y nos subimos en ella. En la mía íbamos 31 personas", cuenta en conversación telefónica con Sputnik.
Pasó tres días y medio navegando por el mar, comiendo y bebiendo los escasos víveres que había metido en su mochila para la ocasión y haciendo sus necesidades en el agua o a través del borde de la barca, con pudor y preferentemente cuando caía la noche, para no ver y no ser visto, o al menos serlo lo menos posible. Afortunadamente, dice, en su bote solo había hombres, varios de los cuales eran menores de edad.
​Su embarcación fue interceptada por la Guardia Civil a 14 km de la costa del municipio de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Los primeros tres días los pasó en un campamento improvisado del gobierno para los recién llegados; y allí le tomaron las huellas dactilares y le hicieron la prueba del coronavirus. Después lo trasladaron a un hotel privado y allí permaneció hasta hace aproximadamente diez días, cuando fue reubicado con el resto de sus compañeros en el campamento Canarias 50 de Cruz Roja, después de que el dueño del hospedaje diese por finiquitado su contrato de acogida con el gobierno de España.
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Canarias 50 forma parte del plan de la Secretaría de Estado de Migraciones anunciado el pasado mes de noviembre (el llamado Plan Canarias) para poner en marcha seis instalaciones para alojar inmigrantes llegados a las islas de manera ilegal. Se trata de un despliegue inédito de plazas de acogida en super campamentos para realojar a unos 7.000 inmigrantes que continúan viviendo todavía en hoteles privados de las islas.
Según datos oficiales del Ministerio del Interior del pasado mes de noviembre, en los últimos trece meses, habían llegado a España 32.427 personas migrantes de manera ilegal por vía marítima. En aquel momento, ya suponía un 45,5% más respecto al mismo periodo de 2019, y de todos ellos, el 51,7%, un total de 16.760 migrantes, entraron por Canarias. La cifra no ha dejado de aumentar en las últimas semanas provocando un embotellamiento en el archipiélago que preocupa a vecinos, migrantes y autoridades, aunque han dejado de darse cifras exactas, algo que denuncian las propias organizaciones humanitarias en el terreno, sobrepasadas por la situación.
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"¿Cuántas personas hay atrapadas en las islas? No lo sabemos. Solo en enero llegaron unas 2.000 personas y calculamos que todavía quedan más de 10.000 en territorio insular, aunque es una aproximación relativa porque el gobierno no da cifras reales", denuncia en entrevista con este medio, Txema Santana, portavoz de CEAR en el archipiélago.
"Las personas migrantes viven en una situación de incertidumbre total y eso es lo más doloroso. No saben si van a ser expulsadas o no. Se supone que el Estado debe dar salida a los más vulnerables, susceptibles de solicitar asilo o acogida humanitaria de emergencia. Es inadmisible que, si hay plazas en territorio continental, se empeñen en acumular aquí a las personas, en un territorio donde ya no hay espacio y se está provocando una situación cada vez más precaria violentando todos sus derechos como seres humanos", sostiene.
Santana asegura que la respuesta oficial del Ministerio del Interior es que esta situación responde a no crear un efecto llamada. Sin embargo, en boca de su delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, no se estaría incurriendo en ninguna falta de agilidad para sacar a los migrantes sino más bien todo lo contrario; y niega que se quiera convertir la zona en una cárcel al aire libre. Según Pestana, más de 16.500 magrebíes y marroquíes ya habrían salido de Canarias.
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Las organizaciones humanitarias denuncian el efecto demoledor que esta situación de abandono y confinamiento pueda tener en la salud mental de los migrantes. La mayoría sufre estrés postraumático tras un viaje de varios días en patera, y a ello se suma la incertidumbre sobre su futuro, el aislamiento, la soledad, la falta de acompañamiento psicológico y el miedo a las agresiones racistas que han comenzado a proliferar en las islas.
Según fuentes de diversas ONGs consultadas por Sputnik que prefieren no ser identificadas por miedo a represalias políticas, la estrategia del gobierno de España pasa por crear en Canarias una situación similar a la de los campamentos de refugiados en Grecia, como Moria, en la isla de Lesbos. Mostrar un escaparate del horror de personas que están sufriendo y que sirvan de espejo para disuadir a los migrantes que todavía quieren llegar.
​Toto tiene su pasaporte marroquí en regla y antes de salir, sus amigos le dijeron que con sus papeles en orden no tendría problema para viajar a la Península, pero no ha sido así. Hasta en dos ocasiones ha intentado salir de las islas de manera legal. Una de ellas por el aeropuerto de Las Palmas y la otra a través de Fuerteventura. Las dos fueron intentonas infructuosas y en una de ellas terminó detenido y pasando dos días en la cárcel.
"Fui al aeropuerto con mi pasaporte para comprar un billete para la Península, con mi dinero, pero apareció la policía y me detuvieron y me llevaron a la cárcel. Fue horrible, yo lloraba porque no entendía qué hacía allí. Yo no soy un delincuente. No he matado, no he robado a nadie, no vendo drogas. Solo quería coger un avión como hacía todo el mundo, pero a los que somos migrantes no nos dejaban pasar y no nos dan ningún tipo de explicación", sostiene.
Toto está desesperado con la espera y las horas muertas sin hacer nada dentro del campamento. Como él habla español está ayudando a los médicos de Cruz Roja como intérprete y así, dice, mata el tiempo y distrae la mente. Junto a otros compañeros ha pensado comenzar una huelga de hambre si no les dan soluciones pronto o algún tipo de información. Incluso ha comenzado a pensar en la idea de volver a casa porque cada vez ve más lejano su sueño de hacer una vida en España arreglando teléfonos móviles en cualquier barrio bonito de una ciudad peninsular.
​Los últimos días están siendo muy duros porque está lloviendo con fuerza en las islas y el agua no para de colarse en las tiendas del campamento. Sputnik ha podido acreditar las malas condiciones en las que se encuentran en su interior con vídeos facilitados por el propio joven donde se aprecia la precariedad de las instalaciones castigadas ahora por la climatología.
​"Dormimos con el suelo y la ropa mojada. Hace frío. El campamento no está preparado y ya está lleno". Toto dice que hay más de 500 migrantes dentro, aunque la capacidad oficial del Canarias 50 es para 444 personas.

Conflicto con algunos vecinos y agresiones xenófobas

Algunos migrantes han sido expulsados de los campamentos por infringir las normas, principalmente por beber alcohol o pelearse. Según Cruz Roja, entre los que han sido expulsados y los que han renunciado a su plaza de manera voluntaria hay unas 60 personas fuera, aunque se trata solo de una aproximación. Sin embargo, y según cifras aportadas por comedores sociales como el de Cáritas, este número sería mucho mayor. Solo el pasado mes de enero, Cáritas de Gran Canaria aseguró haber recibido a 250 migrantes provenientes del sistema de acogida, una cifra que doblaría a los atendidos el pasado mes de noviembre, antes de que se agravase la crisis social.
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Durante los últimos días, además, se han incrementado en algunos puntos las agresiones racistas y xenófobas por parte de algunos vecinos, que no quieren a los migrantes en las islas. El propio Toto corrobora esta situación y asegura que en el campamento en el que se encuentra actualmente, los vecinos lanzan botellas y objetos de cristal en su interior para agredirles. La Fiscalía de Las Palmas ya investiga por posibles delitos de odio a varios participantes en grupos de WhatsApp que han intentado organizarse para golpear y agredir a estas personas bajo el lema "la caza del moro", según denuncia la Fundación Cruz Blanca.
Félix Alonso es el presidente de la Federación del barrio de La Isleta, una asociación que agrupa a 30 asociaciones vecinales de este barrio, que es uno de los más populares ubicados en la zona Puerto-Canteras al norte de Las Palmas de Gran Canaria.
Es un barrio tradicionalmente obrero e industrial, y una zona "pobre" y compleja, tal y como la define el propio Alonso en entrevista con este medio.
Alonso no cree que las agresiones xenófobas a los migrantes representen al sentir mayoritario de los vecinos, que, según él, quieren todo lo contrario y han manifestado una voluntad de ayudar a estas personas que además no quieren quedarse en Canarias sino continuar su viaje migratorio hacia la Península o hacia otros países europeos.
Las instalaciones del campamento Canarias 50 están ubicadas dentro del barrio de La Isleta y pertenecen a una zona militar propiedad del Ministerio de Defensa cedidas ahora a la Cruz Roja para su uso provisional de acogida. Alonso explica que los vecinos de La Isleta llevan años pidiendo el uso público de estas instalaciones para la gente del barrio ante la falta de servicios y que esta nueva situación habría sido parte del detonante de algunas de las manifestaciones de protesta.
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"El problema es que no hay transparencia por parte de las instituciones", explica el portavoz vecinal. "Estamos pidiéndoles que nos informen, qué va a pasar con estas personas, cómo nos va a afectar, qué podemos hacer. Nada más. Pero se están moviendo muy lentamente y nadie nos da explicaciones sobre el programa de acogida. Tenemos miedo de que la situación se vaya de las manos y no queremos dar una mala imagen porque somos un barrio históricamente acogedor".  

Desmontando la teoría de la inseguridad

"Es profundamente injusto hacer una relación vinculante entre la presencia de migrantes y la sensación de inseguridad", sostiene Txema Santana, de CEAR.
Según datos aportados por la delegación del Gobierno en las islas, las infracciones penales han caído un 6% durante el último cuatrimestre de 2020, y según el delegado Anselmo Pestana, durante los meses de octubre y noviembre, los mayores en presión migratoria, la criminalidad cayó en un 1% y un 3% respectivamente. En diciembre, el descenso fue de un 18,1%.
​Las infracciones penales cometidas en los últimos 80 días por personas llegadas en patera son un total de 122. De ellas, 60 son delitos de falsedad documental que, según el delegado, "no contribuyen a esa supuesta sensación de inseguridad ciudadana".

¿Por qué el gobierno de España está incurriendo en la ilegalidad con los migrantes?

Dani Arencibia, abogado canario especializado en migración explica porqué el gobierno está incurriendo en irregularidades legales respecto a su gestión de la crisis migratoria. En primer lugar, critica que no se está cumpliendo con la necesidad de asistencia jurídica exigida por ley a estas personas.
"¿Cuántos miles de personas se han quedado sin ser entrevistadas debidamente con sus abogados? ¿Qué va a hacer la Administración para subsanarlo?", se pregunta.
Según el portavoz de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados, la mayoría de los inmigrantes no han tenido entrevista con ningún abogado por la falta de condiciones en los lugares a los que llegan y después no son citados en ningún lugar debido a las condiciones especiales por la pandemia. "De esta manera se está violando el artículo 520.6d de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se estaría incurriendo en un delito de obstaculizar la asistencia letrada recogido en el artículo 537 del Código Penal", sostiene.
Por otro lado, Arencibia explica que también se están violando derechos fundamentales de estas personas porque se están produciendo "detenciones ilícitas" al llegar a las zonas portuarias, en ocasiones de hasta 24 días (cuando el plazo legal no puede superar las 72 horas) y que el trato a muchos de estos ciudadanos subsaharianos o magrebíes está siendo "degradante", violando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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