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Preocupa a inversores intento de reforma a Ley de Industria Eléctrica en México

CC0 / pexels / Líneas eléctricas (imagen referencial)
Líneas eléctricas (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 05.02.2021
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un ambiente de preocupación predomina entre los inversores nacionales y extranjeros ante una iniciativa presidencial enviada al Congreso, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) a favor de la compañía estatal en detrimento de las firmas privadas, estiman analistas y empresarios del sector energético.
El lunes 1° de febrero, mientras convalecía de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa la LIE.
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Dos días después, el 3 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la llamada política de "confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad" del sistema eléctrico nacional, que buscaba el mismo objetivo de la reforma por la vía de una orden de Poder Ejecutivo, a través de una política emitida en mayo del año pasado por la cartera federal de Energía.

El nodo de problema

El director de la firma Connect Energy, Edgar Murga, explicó a Sputnik que la iniciativa de reforma a la LIE prioriza a la CFE como proveedor de servicios eléctricos básicos, "eliminando requisitos para hacerle más fácil el camino".
View from the deck of the tower of La Muralla IV exploration oil rig, operated by Mexican company Grupo R and working for Mexico's state-owned oil company PEMEX, in the Gulf of Mexico on August 30, 2013. - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2020
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El especialista en políticas contractuales de la industria energética señaló que el controvertido proyecto de reforma constitucional reformula el orden de prioridades para dejar en el último lugar el suministro de los generadores independientes.
Murga, quien es consultor asociado de Woods & Smith LLP, firma de abogados expertos en asuntos corporativos en Estados Unidos y América Latina, advirtió que ese proyecto debe ser analizado por los legisladores porque podría suprimir derechos actuales a la luz de la ley.
El proyecto de reforma "se traduce en una clara violación al derecho adquirido con el que cuentan (los generadores privados) al haber obtenido tal carácter al amparo de la actual LIE", indicó el jurista.

Rectoria del estado versus derechos adquiridos

El jueves 4 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intentó darle valor constitucional al proyecto de ley enviado por el presidente, haciendo énfasis en la "rectoría económica del Estado".
La encargada de la política interior esgrimió en conferencia de prensa que, a la luz de la Constitución mexicana, el sector eléctrico es un asunto de "seguridad nacional".
El consultor jurídico en contratos energéticos dijo a Sputnik que este argumento es válido.
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Sin embargo, acotó que "ello no puede negar el derecho de las empresas" que ya son proveedoras del sistema eléctrico nacional.
Murga indicó que en esa misma circunstancia se encuentran las empresas generadoras de energías limpias, eólicas y fotovoltaicas; también los productores de autoconsumo energético, que obtuvieron sus permisos y registros al amparo de la LIE actual.
El Gobierno también argumenta que está en juego "la continuidad en el suministro de energía eléctrica", y que ante cualquier contingencia es la estatal CFE la que debe garantizar los servicios básicos en caso de incumplimiento de los generadores particulares.
La funcionaria ilustró su postura con suposiciones de fallas al sistema eléctrico en los hospitales para pacientes de COVID-19.
No obstante, el especialista indicó que si el objetivo de la estrategia es obtener energía limpia, más barata, con un equilibrio y buen desempeño del sistema eléctrico nacional "es fundamental contar con generadores particulares".

La controversia que viene

La posibilidad de que el Estado mexicano sea llevado ante las cortes está en la Constitución vigente.
El abogado señaló que en este país ese posible un litigio "denominado por lo común juicio de amparo versus leyes".
El problema se tornaría mayúsculo si las apelaciones a la justicia suprema reclaman "daños y perjuicios ocasionados por el Estado, que podrían ser millonarios", advirtió Murga.
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La Corte Suprema sentó un precedente esta semana al establecer la ilegalidad de la Secretaría de Energía del Gobierno al eludir los criterios de la Comisión Reguladora de Energía, entidad autónoma del Estado.
El proyecto de reforma también abre la puerta a querellas internacionales por incumplimiento de compromisos ambientales, como el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así las cosas, la agencia calificadora de riesgo financiero Fitch Ratings advirtió el 4 de febrero que "al suprimirse las reglas existentes para la competencia en los proyectos de energía se desalentarán de nuevo las inversiones", particularmente de Estados Unidos.
Por su parte, la Cámara Americana de Comercio de México alertó que "los cambios drásticos pueden abrir la puerta para la reinstalación de un monopolio en el sector eléctrico y, podemos creer, puede contravenir directamente a los compromisos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá" de libre comercio.
Los empresarios estadounidenses advirtieron en un comunicado que el intento de reforma es parte de "un patrón de decisiones problemáticas" gubernamentales que ha venido a "disminuir la confianza de los inversionistas" en el país latinoamericano.
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