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Fiscalía de Uruguay imputa a sacerdote por abuso sexual contra menores

CC0 / Unsplash / Una niña, imagen referencial
Una niña, imagen referencial - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — La Fiscalía del departamento uruguayo de Lavalleja imputó a un sacerdote por abuso sexual y atentado violento al pudor contra menores de edad, en uno de los pocos casos de estos delitos cometidos por religiosos que llegan a la justicia en el país sudamericano.
La "Fiscalía de Lavalleja de 1º turno imputó a un sacerdote por abuso sexual y atentado violento al pudor", informó la Fiscalía General de la Nación de Uruguay en un comunicado.
Según medios locales, las víctimas fueron dos niñas de 9 y 13 años, de una familia que el religioso católico visitaba.
En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto envuelta en casos de abuso sexual en varios países de la región, entre ellos Chile, pero en Uruguay no es frecuente que un sacerdote sea judicializado por ese tipo de delitos.

Detalles del caso

Según el dictamen fiscal, difundido en el texto de prensa, una mujer, madre de tres hijos, mantiene "una relación de amistad con el imputado (Sacerdote de la Catedral de Minas), desde hace 16 años aproximadamente".
Desde 2014, el sacerdote frecuentaba la casa de la mujer, donde vive con sus tres hijos (todos menores de edad en ese entonces), ya que esta le pedía ayuda económica y él iba asiduamente a llevarle alimentos y bebidas alcohólicas.
"En esas circunstancias, el imputado mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba en virtud de oficiar como referente religioso de la familia, en reiteradas ocasiones realizó tocamientos de índole sexual a las víctimas", agrega el comunicado.
Prisión (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 04.02.2021
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En septiembre de 2019, las víctimas relataron a su hermano mayor los abusos que sufrían desde hacía varios años y este hizo la denuncia.
La fiscal del caso pidió la prisión preventiva del imputado, porque entiende que en libertad puede perjudicar la investigación.
Sin embargo, si bien aceptó la formalización de la investigación, la jueza del caso dispuso que el sacerdote se presentara una vez por semana a la seccional policial cercana a su domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas por 90 días.
La Fiscalía apeló la medida cautelar dispuesta por la jueza, añade el comunicado.
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