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"La prioridad no es sancionar, sino que llegue": el posible retraso de la vacuna de AstraZeneca tensa a la UE

CC BY 2.0 / Tim Reckmann / Flickr / ImpfstoffDosis de la vacuna contra el COVID-19 (referencial)
Dosis de la vacuna contra el COVID-19 (referencial) - Sputnik Mundo
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El contrato entre la Comisión Europea y el laboratorio que ha trabajado con la Universidad de Oxford genera polémica, poniendo en duda el calendario y la seguridad de las inyecciones.
Quizás sea el asunto más hablado en los últimos meses. La vacuna del COVID-19, que ha empezado a distribuirse en el mundo en las últimas semanas, ocupa el espacio central del tablero político, social y económico. Encontrar un antídoto al virus y frenar el avance de la pandemia es fundamental para gobiernos y ciudadanos.
Logo de AstraZeneca - Sputnik Mundo
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Reportan un incidente en la planta de la vacuna AstraZeneca en el Reino Unido | Fotos
Un contrato que no se ha hecho público, pero del que se conoce la firma, el pasado agosto, de una compra de 300 millones de dosis (con derecho a 100 millones más). La distribución se produciría en estos primeros meses del año. Sin embargo, el anuncio de la compañía de reducir esa cantidad hasta en un 60% ha causado un revuelo que incluye cambios continuos en la agenda europea, acusaciones mutuas y un conato de crisis entre Londres y Bruselas.
"El volumen inicial será menor del anticipado originalmente debido a una reducción de la producción en el lugar de fabricación de la cadena de distribución europea", remarcó un portavoz de AstraZeneca el día 21 sin aportar más detalles. Stella Kyriakides, comisaria europea de salud, respondió en Twitter que la Comisión Europea había expresado a la compañía "profunda insatisfacción".
"Hemos insistido en un calendario preciso de entrega que sirva como base a los Estados para planear sus estrategias de vacunación", apuntó, reclamando un "aceleramiento" en el reparto de dosis.
AstraZeneca ha elaborado su antídoto junto a la Universidad de Oxford y, aunque firmara un acuerdo con la UE, aún no ha obtenido la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento EMA, en sus siglas en inglés). Hasta ahora, solo la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna han sido autorizadas e inoculadas. Aun así, ha reservado 2.300 millones de dosis de la farmacéutica multinacional con sede en Inglaterra.
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Y entonces llegó el escándalo. La compañía alegó problemas en una planta de Bélgica. La Unión Europea dijo que era una excusa para entregar más cantidad en Reino Unido. Se le unió una explosión en una fábrica de Inglaterra. Y la escalada de tensión ha ido subiendo hasta provocar una pequeña crisis entre Londres y Bruselas, precedida por la que tuvo lugar a finales de 2020 con las últimas cláusulas del Brexit.
Como corolario a esta llamada "guerra de las vacunas", Alemania ha decidido no usar la de AstraZeneca en mayores de 65 años y la Unión Europea ha amenazado con sanciones económicas e incluso, según han aseverado algunos medios, con aprobar un mecanismo de control para bloquear las exportaciones a Reino Unido u otros países del mundo si las compañías no cumplen plazos.
​Decisión que desde las islas británicas han considerado "proteccionista" y que no ha tenido réplica desde AstraZeneca. Hasta el momento, las últimas declaraciones de su director ejecutivo, Pascal Soriot, han sido de concordia. Desde el departamento de comunicación esgrimen que el CEO "se complació en participar en una reunión con la Junta Directiva de Vacunas de la UE" el 27 de enero y emiten a Sputnik una de sus valoraciones.
"Tuvimos una conversación constructiva y abierta sobre las complejidades de aumentar la producción de nuestra vacuna y los desafíos que hemos encontrado. Nos hemos comprometido a una coordinación aún más estrecha para trazar conjuntamente un camino para la entrega de nuestra vacuna en los próximos meses mientras continuamos nuestros esfuerzos para llevar esta vacuna a millones de europeos sin ganancias durante la pandemia", indicó.
No obstante, el problema traspasa el episodio puntual y provoca varias dudas. Una de ellas es la de saber cuál es el mecanismo para controlar el cumplimiento de la ley. Otra, si la opacidad de los contratos en este tipo de negocios es una de las causas de la controversia. Y, por fin, si la rigidez del mercado europeo impide dar opciones a otros laboratorios, como los rusos o los chinos.
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"El incumplimiento de contratos en el sector público, en mayor o menor medida, es relativamente frecuente. Ocurre tanto a nivel UE, como a nivel nacional o local. Hay algunos elementos, no obstante, que hacen este caso distinto", adelanta Carlos Canino, asistente parlamentario del grupo Ciudadanos en Industria y Comercio.
"Lo primero es que, por su naturaleza, son contratos que se hacen 'a ciegas', antes de saber si el producto que compras será sanitaria y comercialmente viable. No es lo mismo comprar un cargamento de bolis que proyectos de vacunas. De ahí que la redacción de los contratos sea algo sui generis", explica. "Otro elemento diferencial, claro está, es la urgencia y la gravedad. Si el contrato de suministro de ordenadores se retrasa medio año, por ejemplo, se sanciona por incumplimiento y no habría mayor drama. Aquí la prioridad de la UE no es sancionar a AstraZeneca por incumplimiento, sino lograr que las vacunas lleguen a tiempo como sea".
​En ese sentido, defiende, lo que pueda o no ocurrir en un juicio para la UE es secundario. Igual que son secundarias otras coordenadas geopolíticas como el Brexit  o el Mercado Único: "En principio no hay relación directa. Si la UE decidiera restringir las exportaciones de vacunas, dado que el Reino Unido ya no es estado miembro, sí tendría impacto, porque las fabricadas en la UE (como Pfizer) ya no se podrían enviar allá, como hasta ahora. Pero es algo que de momento no está en la mesa".
Una vacuna contra el coronavirus (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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Canino, con formación de jurista y economista especializado en política comercial e industrial, no descarta la posibilidad de adquirir otras vacunas, incluidas las china y rusa. Aunque cree que, "probablemente", no sería una solución al problema. Sostiene dos motivos: "Uno es que, al menos hasta donde yo sé, ninguna de esas vacunas ha pedido siquiera autorización a la EMA para su comercialización en la UE, de modo que aunque se compren no se podrían usar hasta bien pasados varias semanas o meses". Otro, la capacidad de producción.
"Por mucho que compres la vacuna rusa, por ejemplo, si el productor ruso no puede fabricar un número indeterminado de millones de dosis más inmediatamente, de poco sirve. Dicho de otro modo: lo que le urge a la UE es poder seguir vacunando en febrero y marzo. Tener vacunas en septiembre está bien, pero no urge", sentencia el asesor, que apunta cómo a España le afecta en la misma medida que a los demás miembros europeos.
​A este obstáculo se le suma otro: la ciudadanía desconoce las condiciones que se pactan con estas entidades. La farmacéutica Eva Iraizoz, parte del equipo de la plataforma Salud por Derecho, cree que "lo relevante" es que no sabemos qué ocurre ni qué ocurrirá porque "no hay acceso a los contratos".
"Hemos visto cómo en la pandemia, una situación de emergencia y de colaboración público-privada, se sigue igual: la transparencia es muy parcial", arguye.
Iraizoz ve "interesante" descubrir qué términos se pactaron y resaltar un comportamiento habitual de opacidad. "Los precios, las dosis, los plazos… no es algo de la vacuna del COVID-19 sino que se repite con otros tratamientos", expone quien investiga sobre el acceso a medicamentos desde hace años. "Ignoramos los costes, algo tremendamente grave cuando la participación estatal ha dado un acelerón a la investigación y cuando hemos comprobado una cosa clara: que somos todos interdependientes en todo el mundo y que la salud es un derecho".
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