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"La única forma de que Venezuela se arregle es que se deje de hostigar al Estado"

© AP Photo / Matias DelacroixSimpatizantes del presidente Nicolás Maduro conducen en motocicleta cerca del Palacio de Miraflores. Caracas, 12 de diciembre de 2020
Simpatizantes del presidente Nicolás Maduro conducen en motocicleta cerca del Palacio de Miraflores. Caracas, 12 de diciembre de 2020 - Sputnik Mundo
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En una declaración conjunta, los 27 países miembros de la Unión Europea ratifican el no reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y rebajan su estatus a "interlocutor privilegiado".
Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Consejo de Asuntos Exteriores en su reunión del 25 de enero de 2021; una postura que echa por tierra la propuesta de un sector de la oposición venezolana de darle continuidad administrativa a la figura de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, a pesar de haber caducado su cargo tras las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020 y de instalarse un nuevo parlamento el 5 de enero de este año.
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Si bien con este comunicado de ocho puntos la Unión Europea da por descartado el proyecto de Juan Guaidó y Leopoldo López, también reafirma su postura en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Entre otras cosas, indican que:

¿Sesgo político?

Para el analista Temir Porras, uno de los problemas del abordaje de la UE sobre Venezuela es su "sesgo" hacia el Gobierno Bolivariano y hacia los militantes chavistas, una postura que alejaría al bloque europeo de jugar un rol de mediación "como el que ha jugado Noruega, un país que ha omitido expresar opiniones acerca de los actores en el conflicto", apunta Porras.
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"Porque uno no puede, por una parte, decir 'siéntense y negocien, resuelvan el problema entre ustedes' y, por otro lado, escoger cuál de las dos partes tiene que salir beneficiada del proceso, de decir cuál de las dos partes es la democrática", advierte Porras.
A su vez, Porras destaca que desde algunos sectores de la Unión Europea existe una "solidaridad automática" con quienes adversan al Gobierno Bolivariano "independientemente del comportamiento que tengan esos partidos u organizaciones de oposición, independientemente de cuán apegada a la ley, a la Constitución o, incluso a los principios más generales de la democracia".
"A mí me llama poderosamente la atención que cuando la Unión Europea dice que velará por el respeto de los derechos humanos en Venezuela diga que especialmente de tal o cual partido, como si no importara que quienes no forman parte de esas organizaciones de oposición también pueden ver potencialmente violados sus derechos", insiste Porras.
El analista venezolano también recuerda que en el conflicto político del país bolivariano hay víctimas en los dos bandos. Una imagen que sigue presente es la de Orlando Figuera, quien fue quemado vivo en una manifestación opositora por creer que era chavista.
"El conflicto venezolano ha tenido fases en las cuales las cosas se han salido de las reglas de convivencia política y democrática normal, ha habido enfrentamientos, víctimas. En los momentos de guarimba ha habido militantes chavistas que han sido agredidos, asesinados, militares, personas que sin haber expresado una tendencia política han sido agredidos simplemente por su color de la piel o porque por su forma de vestir, a ojos de algunos, les parecían chavistas. Lo que me parece terrible del lenguaje utilizado es que efectivamente pareciera que en Venezuela solo la oposición importa y que, independientemente del comportamiento violento, ilegal, anticonstitucional de actores políticos que hacen vida en la oposición, siempre se ven beneficiados con esa etiqueta colectiva de 'oposición democrática'", lamenta Porras.

¿Más sanciones?

En sus conclusiones, la Unión Europea también deja claro que está "dispuesta a adoptar medidas restrictivas específicas adicionales contra quienes socavan la democracia o el estado de derecho y los responsables de violaciones de derechos humanos". A la vez, aseguran que "estas medidas están diseñadas para no dañar a la población venezolana y pueden revertirse".
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Sin embargo, desde Venezuela se denuncia que estas medidas de la Unión Europea sí afectan a toda la población porque se ha obstaculizado la importación de bienes de primera necesidad, como alimentos, medicinas e insumos necesarios para garantizar la salud y los servicios sanitarios de toda la ciudadanía.
En un informe especial sobre las medidas coercitivas de la Unión Europea contra Venezuela, la organización defensora de los derechos humanos, Sures, cita varios ejemplos de cómo las retenciones ilegales de dinero venezolano por parte de países europeos han tenido un impacto negativo en toda la población.
Según indica esta organización, la suma de dinero venezolano retenido en más de 40 instituciones financieras, muchas de ellas europeas, asciende a "7 millardos de dólares".
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"Toda sanción afecta al país entero. Es cierto que las sanciones de la Unión Europea, que llaman medidas restrictivas, se aplican a personas, pero es que esas personas son miembros del Gobierno, eso interfiere cuando una persona ocupa una posición, por ejemplo, en la industria petrolera o en el Ministerio de Finanzas, porque al estar sancionado por la Unión Europea o por Estados Unidos, Canadá u otros países, impide que pueda ejercer sus funciones, actuar en nombre del Estado, firmar contratos, manejar cuentas oficiales que puedan facilitar el comercio en el país. Es decir, no hay sanciones de aplicación exclusivamente personal que no tenga perjuicio para el país, amén del hecho que puedan afectar a personas que son partidarias del diálogo", insiste Porras.
"Por ejemplo, la Unión Europea decidió sancionar a Elías Jaua, una persona que ha dicho repetitivamente que es partidario de una solución negociada. En el comunicado se dice que las medidas son reversibles, pero, al día de hoy, los que han sido sancionados quedan dentro de esas listas, excluyéndolos de jugar un papel constructivo en la negociación o diálogo que supuestamente la Unión Europea dice que quiere empujar".
"También por el hecho de haber decidido participar en una elección como la de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 fue motivo suficiente para que la Unión Europea decidiera sancionar a políticos venezolanos por el simple hecho de tomar una decisión que a la Unión Europea le pareció negativa", indica Porras.

Situación humanitaria

En sus conclusiones, los países de la UE también reiteran su preocupación "por la emergencia humanitaria cada vez más desesperante en Venezuela, agravada por el impacto del COVID-19". Insisten que es una situación que "debe abordarse con urgencia".
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A su vez, desde el Gobierno venezolano se denuncia que el dirigente opositor, Juan Guaidó, rechazó una propuesta del Gobierno para destinar 120 millones de dólares, retenidos en el Reino Unido, para la compra de las vacunas contra el coronavirus.
"Hay una gran hipocresía por parte de la Unión Europea de buscar al mismo tiempo una narrativa que se solidarice con el pueblo venezolano, con las dificultades que está pasando derivada de la crisis general y ahora con el COVID-19 y, por otra parte, imposibilitar a las autoridades que gobiernan Venezuela a movilizar activos en el exterior por el simple hecho de que la UE no reconoce a Maduro como el cuentadante de esos fondos y los mantienen bloqueados. La UE tiene que alinear su retórica con sus acciones desde el punto de vista político y legal, y permitir que el Estado venezolano recupere la utilización de los fondos", resalta Porras.
A juicio de Porras, si la Unión Europea realmente está preocupada por la situación en Venezuela y quiere contribuir a mejorar las condiciones y abrir vías de diálogo, debe tomar otro camino.
"La única forma de que la situación en Venezuela se arregle es que se deje de hostigar al Estado venezolano, independientemente de quien lo ocupe, que se le permita comerciar con su petróleo, cobrar sus exportaciones, utilizar los recursos que son legítimamente del pueblo venezolano y que deben manejar las autoridades legítimamente constituidas", concluye Porras.
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