Gobierno de Panamá estudia posibles reformas en sus fuerzas públicas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Panamá estudia una posible reforma en sus fuerzas de seguridad, que incluye una ley única para instancias como la policía y los servicios fronterizos y aeronavales, reportó el diario La Estrella.

"La propuesta promete cambios estructurales en los estamentos de seguridad. El documento se encuentra en evaluación en el Ministerio de Seguridad para posteriormente pasar al Consejo de Gabinete y a la Asamblea Nacional", publicó el medio en su web oficial.

La noticia sale apenas un día después del nombramiento de Gabriel Medina como nuevo director general de la Policía Nacional en reemplazo de Jorge Miranda, quien pasó a jubilación tras sobrepasar los 30 años de servicio.

Según Severino Mejía, coordinador presidencial de Proyectos y Programas de Seguridad y fuente de La Estrella, la propuesta busca eliminar la "estructura piramidal distorsionada" en los estamentos de seguridad, marcados por excesivos salarios y comisionados.

"Lo que se busca es poner orden y respetar la institucionalidad, evitar las perversidades que se dieron en las administraciones pasadas", declaró Mejía, en alusión a los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Ebrahim Asvat, exdirector policial también citado por La Estrella, señaló como un problema el ascenso de oficiales tomando en cuenta principalmente la antigüedad en la institución, en lugar de su preparación académica y profesional.

"Tratar de rectificar va a requerir de un director muy valiente que haga entender a toda la oficialidad y a la tropa que la institución requiere de una reforma profunda", advirtió Asvat, que también señaló la necesidad de "un presidente comprometido con esa reforma".

De acuerdo con datos oficiales, la Policía Nacional de Panamá cuenta con 135 comisionados y 184 subcomisionados, muchos de los cuales ocupan cargos que corresponden a mayores, capitanes y tenientes.

Entre los desafíos actuales de la Policía destaca el aumento en los homicidios registrados en 2020 respecto al año anterior, así como limpiar la imagen de abuso y permisividad con que la ciudadanía percibe a la institución.