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El Tribunal Supremo de España archiva la causa contra Pablo Iglesias por el caso Dina

© AP Photo / Francisco SecoPablo Iglesias, vicepresidente de España y secretario general de Podemos
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MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España acordó el archivo de la causa contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por el denominado 'caso Dina', recomendando la devolución de las actuaciones a la Audiencia Nacional.
El auto del Tribunal Supremo analiza la exposición razonada elevada el pasado mes de octubre por un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien atribuyó a Iglesias de forma indiciaria los delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa en relación al robo del móvil de Dina Bousselham, exasesora del partido político Unidas Podemos.
Tras analizar los argumentos de dicho juez —el encargado de investigar al polémico comisario Villarejo, considerado el cabecilla de las 'cloacas del Estado'— el Supremo concluye no hay base para imputar a Iglesias y recomienda a la Audiencia Nacional practicar más diligencias antes de decidir si vuelve a solicitar que el vicepresidente sea encausado.
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Por ejemplo, el alto tribunal recomienda tomar declaración a la propia Dina Bousselham para que "sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos", ya que el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por delitos de revelación de secretos.
Los hechos del 'caso Dina' se remontan a 2015, cuando Bousselham sufrió el robo de su terminal después de comenzar a trabajar en Podemos. Dos años después, en noviembre de 2017, el contenido de ese teléfono apareció durante un registro en el domicilio de Villarejo.
Según el relato de García Castellón, el contenido llegó a Villarejo a través de un periodista que también habría devuelto a Iglesias la tarjeta original en 2016, aunque este habría decidido guardársela sin decírselo a su propietaria.
Posteriormente, cuando medios de comunicación publicaron información procedente de esa tarjeta, Iglesias reaccionó tomando medidas legales, algo que según el juez es un movimiento "fraudulento" para intentar conseguir "una ventaja electoral" presentando al partido como víctima de una guerra sucia mediante una denuncia falsa.
De hecho, García Castellón parte de la teoría de que la denuncia era falsa porque esa información —unas capturas de pantalla— fue enviada por Bousselham a terceros, por lo que su origen no sería el teléfono robado, algo que, según dice, sabía el propio Iglesias.
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A ese respecto, el Tribunal Supremo responde que el juez no cuenta con indicios concluyentes para llegar a esa conclusión entre otras cosas porque no se realizó "una investigación específica de las fechas de los archivos de origen".
Pero sobre todo, el juez destaca que la clave del caso es conocer si Bousselham —que sigue colaborando en el entorno de Podemos como directora de un medio afín al partido— autorizó a Iglesias el acceso a sus archivos o si, en su defecto, manifiesta ese consentimiento ahora.
En consecuencia, el Tribunal Supremo pide a la Audiencia Nacional retomar la investigación, recomendando elevar de nuevo el caso "solo en la hipótesis de que el resultado lo aconseje".
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