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Justicia de Colombia condena a agente de la policía por muerte de adolescente en 2005

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BOGOTÁ (Sputnik) — Un juez de Bogotá emitió fallo condenatorio contra el agente de la Policía Nacional, Néstor Julio Rodríguez Rúa, a quien halló responsable de disparar una granada de gas lacrimógeno que ocasionó la muerte de un menor de edad durante una protesta registrada en Bogotá en el año 2005, informó la Fiscalía.
"De acuerdo con los testimonios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el funcionario, adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, accionó un arma conocida como gaseador o truflay sin orden previa de sus superiores", indicó la Fiscalía en un comunicado.
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"Los peritajes de balística y los dictámenes médico-forenses evidenciaron que el patrullero desconoció los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos y lo disparó de forma lineal y directa contra la multitud", dijo la Fiscalía.
Agregó que "una de las granadas alcanzó a un joven, de 15 años (identificado como Nicolás Neira), quien con otras personas acompañaba la jornada".
El joven murió cinco días después del hecho, producto del trauma craneoencefálico que le ocasionó el disparo.
El fallo se dictó luego de que el juez avaló los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía, y el próximo 5 de marzo se conocerá la pena impuesta contra el agente de la Policía, a quien se le acusó como responsable del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.
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Según los registros de prensa de la época, el joven, quien cursaba noveno grado, se unió a la marcha de los trabajadores y pocas cuadras después se vio envuelto en disturbios entre algunos manifestantes y agentes del Esmad.
De acuerdo con los testigos, los agentes del Esmad golpearon de manera contundente al adolescente, luego de lo cual sufrió el impacto en la cabeza con una munición disparada por el agente Rodríguez Rúa.
El joven fue socorrido por los propios manifestantes, quienes lo condujeron a un centro médico donde fue internado y falleció cinco días después.
Los padres de Nicolás pasaron por varias instancias en búsqueda de justicia y en el proceso fueron amenazados de muerte, por lo que pidieron asilo político en España, luego de lo cual el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En abril de 2011 el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá condenó a la nación a pagar una millonaria cifra a los padres como indemnización por la muerte de Nicolás.
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