Bolsonaro, denunciado por indígenas y bajo la sombra del 'impeachment'

Reconocidos líderes indígenas demandaron al presidente brasileño ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, mientras miles de ciudadanos pidieron un juicio político en su contra. 'En Órbita' consultó a José Reinaldo Carvalho, secretario general del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz.

El documento de la denuncia presentada ante la CPI destaca asesinatos, traslados forzosos de pueblos originarios, persecución y daños a la Amazonía, entre otras acusaciones. No es la primera vez que el presidente es denunciado en estos asuntos ante organismos internacionales.

En este caso, el reclamo fue presentado por el cacique del pueblo kayapó, Raoni Metuktire, y el jefe de la tribu surui, Almir Narayamoga. Ambos son considerados símbolos de la lucha por los derechos de la cultura indígena y la preservación de la selva.

"La situación en el país se agrava. (...) Las denuncias contra el presidente son variadas y sobre el conjunto de su gestión", dijo a En Órbita José Reinaldo Carvalho, secretario general del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz.

De acuerdo con el entrevistado, desde su llegada a Brasilia en enero de 2019, "Bolsonaro inició una política deliberada en perjuicio de la población indígena". Recordó que el mandatario "facilitó a latifundistas y aventureros a cometer crímenes ambientales" en la Amazonía.

De acuerdo con los caciques, la deforestación de la zona no es exclusivamente un problema nacional, sino que afecta a todo el planeta. Varios líderes internacionales han criticado públicamente a Bolsonaro por este problema.

Carvalho destacó el problema de los desplazamientos a las poblaciones originales en estos meses de pandemia, dejándolos en situaciones vulnerables. "El Gobierno no les da asistencia, no tiene políticas públicas específicas para proteger a estas personas", acotó.

Bolsonaro no solo enfrenta estos cuestionamientos de los pueblos originarios y otros desde la oposición política, sino también de quienes lo apoyaron durante la campaña electoral que lo llevó al poder.

Este domingo 24, dos importantes grupos que reúnen a militantes de centroderecha en el país organizaron protestas en su contra. Realizaron caravanas en ciudades para pedir que el mandatario sea sometido a un juicio político de destitución. Le recriminan por su gestión de la pandemia por el coronavirus, que tiene a Brasil como uno de los países más afectados.

"Las clases dominantes eligieron un rumbo que ahora no funciona (...). Empiezan las disputas entre facciones y se abre una brecha para encontrar una salida política de transición, que tiene como primer paso quitar a Bolsonaro del poder. Y la forma para hacerlo sería la de un impeachment", reflexionó el secretario general del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz.

Juicio popular

El Estado Colombiano será denunciado por genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad ante el Tribunal Permanente de los Pueblos. La acusación es respaldada por más de 200 organizaciones, además de académicos, políticos y artistas.

Este martes 26 de enero se hará la presentación de las sesiones que tendrán lugar entre el 25 y el 27 de marzo.

El tribunal juzga casos graves de violaciones a los derechos humanos por parte de Estados, autoridades, grupos y organizaciones privadas.

Colombia ya recibió al tribunal en 1991, en sesión por los crímenes de lesa humanidad en el continente. También entre 2006 y 2008 cuando se desarrollaron sesiones sobre las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en ese país.

El Estado será citado para su representación y defensa, al igual que en aquellas dos oportunidades, aunque nunca asistió un representante.

"El actual Gobierno ha sido opositor de los procesos de paz y, en general, de las políticas integrales de los derechos humanos. Haremos formalmente la citación y esperamos que el Gobierno decida participar", dijo a En Órbita Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, una de las organizaciones convocantes del Tribunal.

El Tribunal Permanente de los Pueblos surgió en los años 70 como continuidad de los tribunales Russell sobre Vietnam y las dictaduras de América Latina. Sus resoluciones no tienen implicaciones judiciales pero actúa como herramienta para visibilizar y condenar éticamente las violaciones a los derechos humanos.

Arboleda explicó que también se convocará a la Comisión para la Verdad para la instancia. En tanto, resaltó que "el Gobierno debe entender que hay un llamado de atención de sectores de la sociedad que estamos preocupados por las prácticas genocidas, los crímenes contra la paz, la impunidad.

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