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Venezuela tilda de "atropellada" la convocatoria telemática sobre el Esequibo hecha por la CIJ

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CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró su rechazo a la convocatoria telemática que hizo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para abordar junto a esa nación y Guyana el diferendo por el Esequibo el 26 de enero.
"Venezuela considera atropellada la próxima convocatoria telemática de la CIJ sobre el caso Esequibo y reitera su demanda para que se postergue hasta el mes de abril de 2021 y se organice de forma presencial", escribió el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.
En un comunicado que acompaña el mensaje, Venezuela insiste en que la fijación de la videoconferencia le impide a su nación una defensa justa.
En ese sentido, argumenta que se trata de "una convocatoria que no proporciona al país el tiempo necesario para realizar las consideraciones y consultas que el Estado venezolano demanda, antes de asumir una posición ante una situación que es de vital importancia".
Venezuela insiste en que la convocatoria se hizo contraviniendo el Acuerdo de Viena de 1966, donde se establece que cualquier solución que se consiga a este diferendo debe ser de mutuo acuerdo.

Diferendo centenario

La CIJ se declaró competente el pasado 18 de diciembre para juzgar la validez del Laudo Arbitral de 1899, a petición de Georgetown, en el que se estableció la frontera entre Venezuela y Guyana, localizada en la región del Esequibo.
Jorge Arreaza, canciller venezolano  - Sputnik Mundo
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Arreaza afirma que Venezuela defenderá el territorio Esequibo hasta el último momento
El Gobierno venezolano rechazó el fallo de la Corte, al considerar que la decisión no le corresponde a ese organismo, sino que se debe tomar mediante el diálogo y el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo por el territorio del Esequibo, una zona que posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la CIJ en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899, que le da control absoluto sobre el territorio.
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