Cuba y Venezuela se unen contra el bloqueo económico

Los Gobiernos de Cuba y Venezuela anunciaron la creación de un observatorio binacional contra las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos. Con ese nuevo paso de fortalecimiento de relaciones entre ambos países, se pondrá en marcha un instrumento para combatir los impactos del bloqueo en diferentes niveles.

La iniciativa cubano-venezolana fue anunciada durante la reciente visita a la isla de la vicepresidenta y ministra de Finanzas venezolana, Delcy Rodríguez, quien se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel y diferentes autoridades del Gobierno de Cuba.

"Hemos acordado crear un observatorio binacional para dar seguimiento a las medidas coercitivas unilaterales, ilícitas e ilegítimas contra Cuba y Venezuela", señaló la vicepresidenta, en un viaje que tuvo entre los objetivos principales el de presentar y abordar la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en octubre del 2020.

La iniciativa de la creación del observatorio surge del hecho de que ambos países están enfrentados a agresiones económicas estadounidenses entre las cuales, según William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, "existen profundas similitudes".

Luis René Fernández, profesor de Economía Internacional en la Universidad de La Habana, señala que las medidas "unilaterales, coercitivas, ilegales, criminales contra Cuba y Venezuela", además de parecerse, tuvieron en la administración de Donald Trump "la característica de ser coordinadas con el objetivo de dividir esta relación de colaboración, hermandad entre ambos países".

Ante esa situación, las posibilidades abiertas por la Ley Antibloqueo, y una alianza histórica entre los dos Gobiernos, se decidió crear el observatorio, que "permita hacer seguimiento, investigación, sobre el tema del bloqueo a cada uno de los países, y pueda servir para alimentar las estrategias diplomáticas, políticas y económicas en cada uno de los países", afirma Castillo.

Los objetivos del bloqueo

Las sanciones económicas, así denominadas por EEUU, buscan afectar las áreas estratégicas de las economías de los países que son blanco del ataque. En el caso de Cuba, abarcaron "tanto el bloqueo físico que intentó evitar la llegada de barcos a la isla", señala Castillo, como un conjunto de legislaciones que se fueron ampliando con los años. 

Una de las últimas medidas ocurrió a principio de enero, cuando la administración saliente de Donald Trump designó a Cuba como "Estado patrocinador del terrorismo". Otra, central, es la conocida como Ley Helms-Burton, creada en 1996 por el Gobierno estadounidense de Bill Clinton (1993-2001) y reforzada por Trump.

"La ley Helms-Burton que agredió las inversiones en Cuba, tiene capítulos que han sido reactivados por Trump para impedir la llegada de inversiones, tratando de quitarle los ingresos del turismo, con sanciones contra cruceros y vuelos a la isla", explica Castillo.

Así, desde el principio de la revolución cubana, "EEUU entendió que para destruirla tenía que producir un profundo cambio en su economía", señala el viceministro venezolano. Ese ataque, según René Fernández, "tiene el carácter de guerra económica, hay que considerarla en eso términos y enfrentarla en todos los ámbitos". 

En el caso venezolano, Castillo indica que el proceso es similar: "EEUU entiende que después del fallecimiento de Hugo Chávez se abre un proceso de inestabilidad política y cree que están dadas las condiciones para, atacando la economía, poder detener el proceso, derrocar al Gobierno, y colocar un Gobierno afín a sus intereses".

Las lógicas son las mismas, según explica René Fernández: "Cuba y Venezuela están en una situación de vulnerabilidad, y EEUU trata de afectar las fuentes de ingreso, las posibilidades de reproducir sus economías para afectar a los pueblos y que se produzca una revuelta popular, una crisis económica, social y política para cumplir sus objetivos".

No solamente Cuba y Venezuela han tenido que enfrentarse a una agresión económica. "También fue aplicada en Chile, entre el año 1970 y 1973 en el gobierno de Salvador Allende, es la misma política exterior, de destrucción de procesos democráticos que no son afines a EEUU, y para ello se usa la agresión económica", analiza Castillo.

En la actualidad existen acciones de agresión económica contra varios países, como Irán, Siria, Rusia, en diferentes escalas, intensidades. En cuanto a la efectividad para lograr los objetivos políticos a través de bloqueos, según el viceministro venezolano, "se ha posicionado en la opinión pública la idea que las sanciones no cambian gobiernos, pero eso es relativo".

En efecto, si bien el bloqueo no ha logrado un derrocamiento del Gobierno en Cuba, Venezuela o Irán, en otros casos, como en Nicaragua en los años 80, sí dio resultados: "Condujo al sufrimiento durante años al pueblo con una política que combinó la agresión paramilitar con el sabotaje económico, la quema de plantaciones, la negación de créditos, y condujo a una derrota electoral que fue producto de las condiciones políticas y económicas creadas, el bloqueo y la agresión económica".

Una política bipartidista

"La política de sanciones es una política normalmente bipartidista en EEUU, que cuenta con el respaldo de ambos partidos, son políticas de Estado", afirma Castillo. En el caso de Cuba, el bloqueo se ha mantenido desde el presidente Dwight Eisenhower (1953-1961) hasta Trump, es decir durante 60 años por 12 presidentes.

"EEUU ha ido desarrollando los instrumentos de guerra económica, se ha ido perfeccionando, haciéndose cada vez más agresivo, intenso", analiza René Fernández.

En el caso de Venezuela, "Trump tomó el decreto de Barack Obama que es el elemento fundamental que legitima las sanciones, y las expandió". El decreto de Obama fue firmado en 2015, y allí se afirmó que Venezuela representaba una "amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad de EEUU. Se trató de un pilar central en la construcción de las sanciones que se fueron ampliando hasta golpear directamente sobre la industria petrolera, en 2017.

Por lo tanto, ha existido un acuerdo entre ambos partidos para llevar adelante el bloqueo, al igual que lo hubo en enero del 2019 para reconocer a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela.

La expectativa de que exista un cambio es, según Castillo, limitada: "No parece que eso vaya cambiando en términos estructurales, lo que va cambiando es la forma en que es aplicada, los demócratas hablan hoy de unas 'sanciones inteligentes' que es una forma de edulcorar y darle algún giro semántico".

El término de "sanciones inteligentes" refiere al debate acerca de si, para lograr los objetivos estadounidenses, es preferible llevar un bloqueo completo, o "si las sanciones deben dejarse solamente en el campo personal de funcionarios o políticos, y no a entidades, como el caso de PDVSA, la Corporación del Oro, o el Banco Central de Venezuela".

Aún es temprano para saber si existirá una modificación en la forma de llevar adelante el bloqueo, "seguramente va a haber algún tipo de diferenciación", afirma Castillo, "pero Biden fue muy claro en la campaña electoral que su objetivo es sacar al Gobierno venezolano del poder". En cuanto a la administración de Trump, su última medida el día 19 de enero, fue imponer nuevas sanciones sobre el sector petrolero venezolano.

Las respuestas

Las Naciones Unidas "han dicho que esas medidas son ilegales, son contrarias al derecho público internacional, producen daño económico, e incluso son delitos de lesa humanidad, porque son delitos contra toda la población de forma indiscriminada, de forma consciente y planificada", explica el viceministro venezolano.

Sin embargo, aunque sean ilegales y rechazadas por una amplia cantidad de países, como el caso del rechazo del bloqueo hacia Cuba, las medidas unilaterales de agresión económica se mantienen, con un impacto significativo. "Ese deterioro de los ingresos del país, con el ataque sobre la industria petrolera, produjo una caída de 98%, hizo que pasáramos de 52.000 millones de dólares por venta de divisas en el 2014, a poco más de 740 millones este año 2020".

Ante esa situación nació la Ley Antibloqueo, que Castillo caracteriza como "una respuesta estratégica del Estado venezolano, una respuesta en lo jurídico, en lo económico, que busca que todo el país, la economía, el Estado, se adapten a un conjunto de condiciones creadas por el bloqueo que hacen más difícil su superación".

El viceministro subraya la necesidad de "adaptar nuestro régimen jurídico a las agresiones, persecuciones financieras". Eso, señala, tiene importancia para lograr contrarrestar uno de los efectos del bloqueo que hace que las "empresas se retiren por temor, en un chantaje, se retiren aunque no estén sancionadas por el temor a la extensión de las sanciones, el efecto de que si una empresa es sancionada puede ser sancionada cualquier empresa".

Esa necesidad de adaptación también es experimentada por la isla: "Cuba, debido a las profundas agresiones que produjo Trump contra su economía, está en un proceso de reconstrucción de su política económica, ha lanzado un nuevo programa, ha hecho ajustes al sistema cambiario, a las leyes de inversiones".

La creación del observatorio entre ambos países es entonces un paso coordinado para "articular políticas para defendernos de esta agresión criminal del imperialismo", señala René Fernández.

El economista cubano destaca la importancia de que el observatorio tenga "niveles en el plano diplomático, legal, comunicacional, económico, dirigido a desenmascarar las mentiras con que la política imperialista trata de presentarlas, y al mismo tiempo acciones legales en los países, en organismos internacionales para denunciarla".

Esta nueva iniciativa entre ambos países es producto de un lazo político que lleva más de dos décadas y que, con esta acción, se refuerza, como afirma René Fernández: "Lo que se está diciendo políticamente es ustedes trataron de dividirnos aplicándonos sanciones unilaterales, coercitivas, ilegales, pero a nosotros nos llevan a mayor unidad, coordinación, para derrotar esta guerra económica".