Canciller de Venezuela califica de insólita sanción de EEUU contra dos funcionarios
20:10 GMT 30.12.2020 (actualizado: 21:49 GMT 30.12.2020)
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que el Gobierno de Estados Unidos ampara los planes para destruir la empresa petrolera Citgo, al imponer insólitas sanciones contra los dos funcionarios que sentenciaron a los seis ejecutivos estadounidenses de la compañía por presunta corrupción.
"En su obsesión antivenezolana, el agonizante Gobierno de (Donald) Trump toma una decisión insólita, que sólo puede ser resultado de la barbarie imperial. Amparan la corrupción y los planes para desmantelar nuestra industria petrolera. Han convertido a EEUU en la vergüenza mundial", señaló Arreaza a través de Twitter.
En su obsesión antivenezolana, el agonizante gobierno de Trump toma una decisión insólita, que sólo puede ser resultado de la barbarie imperial. Amparan la corrupción y los planes para desmantelar nuestra industria petrolera. Han convertido a EEUU en la vergüenza mundial. https://t.co/58SrjaqG02
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a la jueza venezolana Lorena Carolina Cornielles Ruiz y al fiscal Ramón Antonio Torres Espinoza, quienes condenaron a prisión a los exdirectivos de la petrolera Citgo.
Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que los funcionarios desempeñaron papeles críticos en los juicios de cada uno de los ejecutivos de Citgo.
25 de octubre 2019, 01:40 GMT
En noviembre pasado, un tribunal venezolano condenó a prisión a los seis exdirectivos de la petrolera Citgo que se encontraban detenidos en Caracas desde el 2017, por su supuesta participación en una trama de corrupción dentro de esa empresa estatal.
José Pereira, expresidente de Citgo, fue condenado a 13 años de prisión, por peculado doloso, concertación con contratista y asociación para delinquir.
Mientras, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, y José Luis Zambrano fueron condenados a cumplir ocho años por los delitos de concertación con contratista y asociación para delinquir.
Los ejecutivos con nacionalidad venezolana-estadounidense habían sido llamados por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a una reunión de urgencia en Caracas, y cuando arribaron al aeropuerto de Maiquetía (La Guaira, norte) fueron apresados y trasladados a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde fueron recluidos.
De acuerdo al Departamento de Estado, los seis ejecutivos fueron detenidos sin juicio y se les negó el contacto con el departamento, así como con organizaciones humanitarias y grupos religiosos.
