En la cuenta atrás del fallo contra la extradición de Julian Assange a EEUU

LONDRES (Sputnik) — Faltan seis días para que el tribunal de Westminster se pronuncie sobre la petición de extradición de Julian Assange a EEUU y el fundador de WikiLeaks sigue encerrado en la prisión de alta seguridad de Londres sin acceso a familiares ni abogados, mientras se intensifica la campaña internacional por su liberación sin cargos.

El portón del penal de Belmarsh no se abrirá este martes 29, cuando Assange esperaba la visita de su novia y sus dos hijos pequeños. "Han cancelado mi visita con los niños a la prisión de Belmarsh para el 29… Los niños no han visto a su padre desde octubre. Le echan en falta", tuiteó Stella Moris.

London has gone into Tier IV (lockdown). My visit to see Julian in Belmarsh prison with the kids on the 29th has been cancelled. All prison visits are. The boys haven't seen their father since October. We miss him so.@realdonaldtrump #FreeAssangeNOW#pardonAssange#Assange pic.twitter.com/p6g3TmCVGt

— Stella Moris (@StellaMoris1) December 22, 2020

​La capital británica está sujeta al tercer régimen de confinamiento, con duras restricciones sociales y de movilidad para intentar contener el avance de la última cepa de coronavirus, lo que ha frustrado la reunión familiar.

Perdón presidencial

"Estos son los hijos de Julian: Max y Gabriel. Necesitan a su padre. Nuestra familia necesitar estar al completo otra vez", escribió semanas atrás, junto a una foto de los menores, la pareja de Assange, enlace crucial en el equipo legal del profesional australiano. Con este mensaje, Moris lanzó una campaña, que está creciendo exponencialmente, urgiendo al presidente de EEUU, Donald Trump a que indulte a Assange antes de abandonar la Casa Blanca.

These are Julian's sons Max and Gabriel. They need their father. Our family needs to be whole again.

I beg you, please bring him home for Christmas @realDonaldTrump.#PardonAssange#FreeAssangeNOW pic.twitter.com/dzwSFxNUnc

— Stella Moris (@StellaMoris1) November 26, 2020

​La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un cargo de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y por 17 supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje, de 1917. Conllevan en su conjunto una pena entre rejas de hasta 175 años.

La acusación está relacionada con la publicación de secretos militares y de Estado —desde los partes de Irak y Afganistán a informes diplomáticos y de la base detención de Guantánamo– que han desvelado aparentes crímenes de guerra, abusos de poder y violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios y militares de EEUU.

"Si Trump quiere dejar un legado válido, debería hacer una cosa: perdonar a Assange", tuiteó Moris. La petición cuadra con una rama de la estrategia de la defensa durante el juicio de extradición, que incidió en el carácter y la motivación política de la orden de entrega emitida por la administración republicana.

Proceso político

Entre los testigos llamados a declarar en las vistas públicas, que se celebraron en dos distintivas sesiones en febrero y septiembre de 2020, el profesor universitario Paul Rogers, experto en justicia y seguridad internacional, argumentó que Trump reconoció a Assange como un "adversario político" al que trató de subyugar en lo que "parece un juicio político".

El abogado penalista estadounidense, Eric Lewis, expuso también el móvil político de un procedimiento judicial que, según recordó, se basa en "hechos que se conocían desde 2012" y que la administración del presidente Barack Obama rechazó procesar.

"El procesamiento de Julian Assange forma parte del esfuerzo de Trump para desviar la atención de la ayuda que le prestó WikiLeaks… Quiere encarcelar a Assange para silenciarlo", declaró por video conferencia ante la jueza Vannesa Baraitser, que preside el caso en primera instancia.

Lewis se refería a los correos electrónicos presuntamente hackeados del sistema informático del Comité Nacional Demócrata (DNC), que WikiLeaks publicó, en 2016, durante la campaña del duelo presidencial entre Hillary Clinton y Trump.

Emisario de Trump

Sobre esa polémica filtración, la abogada australiana, Jennifer Robinson, dio fe de una oferta de indulto presidencial transmitida a su cliente y compatriota, que ella misma presenció en la Embajada de Ecuador en Londres, en agosto de 2017. De acuerdo con su testimonio, el congresista republicano Dana Rohrabacher instó a Assange a "identificar la fuente de publicaciones sobre las elecciones de 2016 a cambio de alguna forma de perdón, garantía o acuerdo que beneficiaría políticamente al presidente Trump y al mismo tiempo prevendría un auto de imputación y extradición de EEUU".

Un asociado de Trump, Charles Johnson, acompañó a Rohrabacher durante la reunión y, según Robinson, les hicieron "creer que venían de parte del presidente. Dijeron que el presidente Trump estaba al corriente y había aprobado que vinieran a ver al señor Assange para discutir una propuesta y que, cuando regresaran a Washington, el presidente les recibiría en audiencia para discutir la cuestión", afirmó en su declaración escrita.

La Fiscalía británica, que actúa en nombre de EEUU en el proceso, no disputó el testimonio de Robinson, aunque observó a la jueza que "obviamente no aceptamos la verdad de lo que otros dicen".

Libertad de palabra

En la querella sobre el pirateo de los archivos demócratas, el juez del distrito de Nueva York, John G Koeltl, reafirmó el principio constitucional de libertad de prensa y amparó el derecho de WikiLeaks y del resto de medios digitales y tradicionales a "publicar documentos robados que el editor haya solicitado a una fuente, siempre que el editor no participe en dicho robo".

"Está permitido que los periodistas soliciten documentos robados y que publiquen dichos documentos", dictó el juez en su sentencia de julio de 2019 contraria al DNC. Ahora, la administración republicana trata de desacreditar la labor periodística de Assange y le acusa de conspirar con la exanalista Chelsea Manning para romper códigos de bases de datos confidenciales y de publicar secretos de Estado que pudieron arriesgar la vida de confidentes de EEUU.

Por el contrario, el relator de la ONU en Tortura y otros tratos inhumanos, Nils Melzer, advierte de que la causa abierta contra el periodista y exdirector de WikiLeaks "está sentando un precedente legal por la puerta trasera de nuestra propia autocomplacencia, que en el futuro puede aplicarse y será aplicado también a las revelaciones que publiquen The Guardian, The New York Times y ABC News".

La decisión de la magistrada Baraitser, que está prevista de dictarse para el 4 de enero, podrá ser apelada automáticamente, sin garantías de que Assange logre la libertad provisional y pueda vivir en su hogar familiar a la espera del nuevo juicio.