El independentismo catalán: aún rebelde pero engullido por la pandemia

BARCELONA (Sputnik) — Cataluña vivió en 2020 una nueva serie de terremotos políticos que, pese a quedar en un segundo plano por la pandemia del coronavirus, volvieron a evidenciar la grave inestabilidad institucional que atraviesa esta región española gobernada por independentistas.

Volcados en la gestión de la crisis sanitaria, los dirigentes catalanes aparcaron durante unos meses la urgencia de sus aspiraciones nacionalistas para centrarse en doblar la curva de contagiados y fallecidos que asoló todo el país.

El desafío al Estado continuó, pero dejó de ser la máxima preocupación después de un 2019 extremadamente turbulento, marcado por las condenas a prisión de nueve de los líderes del movimiento independentista.

El año de la pandemia deja una Cataluña agotada, con su bulliciosa capital —Barcelona— desprovista de las habituales hordas de turistas, impactada de lleno por la grave crisis económica y con un Gobierno sin rumbo, en funciones hasta las elecciones previstas para febrero de 2021.

El divorcio de la coalición independentista

El año arrancó entre hostilidades políticas, de los líderes catalanes a los españoles y entre los propios partidos independentistas, divididos por el voto a la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Mientras que los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) facilitaban con su abstención el ascenso de Sánchez a la presidencia, sus socios en el Gobierno regional —Junts per Catalunya (JxCat)— se decantaron por el 'no' y cuestionaron la lealtad de ERC.

Este episodio voló por los aires la famosa unidad que hasta entonces había proclamado el independentismo catalán y abrió una brecha entre partidos que culminó en febrero con la muerte de la legislatura.

En paralelo a la contienda de las fuerzas catalanas en el Parlamento español, los problemas judiciales del presidente Quim Torra comenzaban a amenazar su futuro al frente del Ejecutivo catalán.

A finales de 2019, Torra había sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por haberse negado a descolgar unos carteles de apoyo a los políticos catalanes presos de la fachada de edificios públicos.

El dirigente desobedeció la orden de retirar las pancartas en período de elecciones en España, cuando está prohibido exhibir símbolos políticos.

Pese a que su condena estaba pendiente de una resolución final del Tribunal Supremo, la Junta Electoral Central vio conveniente retirarle su acta de diputado en el Parlamento catalán, y así lo comunicó a la Cámara en enero de 2020.

La mesa parlamentaria presidida por Roger Torrent, de ERC, aceptó apartar al presidente de su escaño pese a la propuesta de JxCat —partido de Torra— de desobedecer el veredicto y mantener la participación de Torra en los plenos.

Esta decisión provocó la fractura definitiva en el seno del Gobierno catalán y, el 29 de enero, el presidente Torra declaró públicamente el fin de la legislatura y anunció una futura convocatoria de elecciones.

España y cataluña vuelven al diálogo

Pese al colapso del Ejecutivo catalán, el Gobierno de Pedro Sánchez estaba dispuesto a mantener la promesa que había hecho con ERC para conseguir su apoyo a la investidura: entablar una mesa de negociación España-Cataluña.

Un encuentro privado entre Sánchez y Torra en Barcelona a principios de febrero precedió a la que sería la primera y última reunión de alto nivel entre los máximos dirigentes de ambos gobiernos.

La cita del 26 de febrero en Madrid culminó con escasos avances, si bien un compromiso entre las dos partes de trabajar para la resolución del conflicto político por la senda del diálogo.

El estallido de la pandemia puso punto y aparte a los encuentros que iban a celebrarse una vez al mes, y desde entonces no hubo objeciones a retomarlas pero tampoco intentos.

Sigue imperante el principal escollo de las negociaciones: los independentistas quieren un referéndum con todas las garantías legales, y España lo descarta por completo.

Al final, el amago de prosperar en la resolución de un conflicto ya histórico en España quedó demorado 'sine die' por la emergencia pandémica.

El virus también prolongó la agonía de la legislatura catalana, obligada a aparcar diferencias para coordinar la gestión de la crisis sanitaria, y aplazó las elecciones anunciadas por Torra que debían celebrarse este año.

En paralelo, el rechazo a la independencia entre la población creció en las encuestas mensuales del Gobierno catalán, llegando a situarse durante el mes de julio en un 50,5%, el dato más elevado desde 2014.

Adiós a Quim Torra

Tras un verano de tregua llegó otro otoño caliente: en septiembre, toda España estaba pendiente de la inminente inhabilitación del presidente Torra a manos del Tribunal Supremo español.

Casi un año después de la sentencia que condenó a entre 9 y 13 años de cárcel a varios miembros del antiguo Gobierno de Carles Puigdemont, las calles amenazaban con volver a encenderse con protestas.

Tal como todos —y el mismo Torra— esperaban, el Supremo anunció el fin de la presidencia del líder independentista tras hallarle culpable de desobediencia a las autoridades electorales del país.

Tras la marcha del sucesor de Puigdemont, el Gobierno de Cataluña se negó a escoger un nuevo candidato a presidente y entró en un período de funciones hasta el 14 de febrero de 2021, cuando están fijadas las elecciones.

Con el vicepresidente Pere Aragonès —futuro candidato de ERC a presidente— como presidente interino, este periodo de transitoriedad dejó al Ejecutivo catalán con competencias reducidas para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

La salida de Torra del Govern, que en otro contexto habría sido motivo de manifestaciones multitudinarias, pasó prácticamente sin pena ni gloria, con unos pocos episodios de protestas callejeras que pronto quedaron opacadas por la segunda ola del COVID-19.

En busca del próximo líder independentista

Este año termina con el independentismo catalán ya en campaña de cara a los comicios de febrero, todavía previstos para el día 14 pese a que la evolución epidemiológica arroja dudas sobre su celebración.

Dirigidos por Puigdemont desde Bélgica, los de Junts per Catalunya abogan por seguir con su habitual estrategia de "ruptura democrática" y confrontación con el Estado español para convencer al votante independentista.

Su candidata a la presidencia será la líder de la formación en el Congreso de Madrid: Laura Borràs, una habitual en las televisiones españolas y amiga de la desobediencia frente a los pactos con España.

Borràs llega a la cabeza de las listas ya imputada en una causa judicial, que la investiga por la presunta adjudicación a dedo de varios contratos cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas.

Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya aprovecha estos meses con Pere Aragonès como presidente interino para proyectarle como futuro presidente del Gobierno catalán.

Sin renunciar a la independencia, los republicanos optan por un punto de vista más pragmático que JxCat y se muestran abiertos a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

A tres meses del 14-F, la última encuesta electoral publicada por el Centro de Estudios de Opinión catalán sitúa a ERC como vencedora en las urnas.

El sondeo fechado en noviembre otorgó a los republicanos un máximo de 37 escaños, llegando a conseguir el 24% de votos, mientras que dio a los de Puigdemont hasta 30 escaños y un 18% de apoyos.

Si la ventaja de ERC pronosticada en los últimos meses por las encuestas se cumple, será la primera vez que los republicanos ganarán unas elecciones en Cataluña.

En la horquilla alta de estimación, no obstante, los actuales socios de Gobierno —JxCat y ERC— no conseguirían mayoría absoluta y tendrían que pactar con otras formaciones parlamentarias, como las también independentistas CUP y PDeCAT.

Indultos sin resolver 

El fin de 2020 viene marcado también por la polémica sobre los indultos a los líderes independentistas sentenciados el año pasado, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.

El ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en septiembre que el Gobierno comenzó a tramitar las peticiones de conmuta de pena para los políticos catalanes.

Esta medida de gracia puede tardar entre cuatro y cinco meses y su concesión, si llega, es efectuada por el rey de España a petición del ministro de Justicia y con previa aprobación del Consejo de Ministros.

En las últimas semanas se intensificó el debate en torno a esta vía, que permitiría liberar a los políticos condenados por el referéndum de independencia ilegal de 2017.

El horizonte temporal previsto sitúa su resolución muy cerca de la cita electoral de febrero en Cataluña, pero el Gobierno de Sánchez evita aclarar si llegará antes o después de la votación.

El posible indulto para los políticos catalanes, la identidad del nuevo presidente independentista y el futuro de Puigdemont —aún pendiente de extradición— en Bélgica son algunas de las incógnitas que cierran este año político en Cataluña y que con toda probabilidad marcarán el próximo 2021.