Puerto Rico y el asunto pendiente de su independencia de EEUU

LA HABANA (Sputnik) — Puerto Rico, una pequeña isla del Caribe, la más chica de las Antillas Mayores, con apenas 9.104 kilómetros cuadrados de superficie y cerca de 3,7 millones de habitantes, todavía mantiene una condición colonial, 121 años después de haber sido ocupada por Estados Unidos sin el consentimiento de sus pobladores.

En 38 ocasiones, desde 1972 y hasta 2019, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas exhortó al Gobierno estadounidense a "promover un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales".

Un reclamo que tiene oídos sordos en Washington.

Si algo no han podido disfrutar los puertorriqueños en toda su historia ha sido la independencia, la soberanía y la autodeterminación. Primero como colonia de España durante 406 años (1493-1899), y después bajo la tutela de Estados Unidos, que convirtió a la isla en Estado Libre Asociado en 1952, una condición que no dista mucho de los preceptos coloniales.

A raíz de la resolución de Naciones Unidas de junio de 2019, el luchador independentista boricua Edwin González insistía en diálogo con Sputnik en la necesidad de buscar una solución al caso de su país.
"Los puertorriqueños seremos quienes decidamos nuestro futuro", afirmaba entonces González.

En los últimos 121 años, el Gobierno de EEUU controla las áreas fundamentales de la vida de Puerto Rico, entre ellas aduana, banca, justicia, inmigración, educación, telecomunicaciones y comercio exterior, entre otras.

Mantiene además bases militares en la isla, hostiga a los movimientos independentistas, e impuso desde 2016 una Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por la Casa Blanca, que ejerce poderes de control sobre los funcionarios ejecutivos y legislativos del Gobierno de Puerto Rico en todo asunto relativo a temas fiscales, económicos y presupuestarios.

"A Puerto Rico no lo gobiernan funcionarios electos, nos gobierna la Junta de Control Fiscal, impuesta por la Administración de Barack Obama (presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017), que son siete individuos por los que nadie votó y que tienen la última palabra en los asuntos fundamentales que afectan a los puertorriqueños", comentó a Sputnik la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, en una reciente visita a La Habana.

Persistente reclamo

En las pasadas elecciones del 3 de noviembre en la isla borinqueña, el Partido Independentista Puertorriqueño, con su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, alcanzó un 13,7% de los votos emitidos, una cifra histórica de votantes, con más de 169.000 simpatizantes en las urnas, en un país donde el bipartidismo se enfoca en organizaciones que se pliegan a los edictos de Washington.

En opinión de Gustavo Casalduc, veterano militante del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, la situación colonial de Puerto Rico ha sido utilizada por ambos partidos estadounidenses —Republicanos y Demócratas— para beneficio de sus propios intereses.

"A principios de la década de 1990 hubo un ejercicio de atender la situación colonial de Puerto Rico con un proyecto del senador estadounidense John Bennett Johnston Jr., demócrata por el estado de Luisiana, con la participación de las fuerzas independentistas, colonialistas y anexionistas", recordó Casalduc a Sputnik.

El resultado final luego de la exposición de cada una de las fuerzas "fue que la anexión (estadidad) no tenía ninguna posibilidad en aquel momento, la colonia statu quo era el problema, la independencia era una posibilidad real y hubo ofertas de parte del Congreso de EEUU de encaminar un proceso de indemnización mediante transferencias económicas para viabilizar la ruta en un período de 20 años con transferencias de capital", agregó.

Tras ese proceso y otras cinco consultas, el Congreso de EEUU "mantiene su posición de rechazo a la anexión, pero tampoco asume su responsabilidad histórica con encaminar un proceso justo de libre determinación" conforme al derecho internacional, que año tras año es avalado en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, explicó Casalduc.

El límite del desprecio llegó cuando en 2017, después de que dos huracanes arrasaran la isla caribeña con un saldo de más de 3.000 muertos, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a afirmar que "quería ver si podía vender Puerto Rico, o si podía cambiarlo por Groenlandia", porque era un país "sucio y la gente era pobre", según comentó meses atrás a la cadena MSNBC el exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Interior, Miles Taylor.

Más de un siglo después, Puerto Rico mantiene subordinación política a EEUU, agravándose la situación económica y social, con niveles de pobreza que alcanzan a casi el 60% de la población, una migración masiva que afecta los esfuerzos para lograr un desarrollo económico sostenible, y una deuda que supera los 72.000 millones de dólares.