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Lucha contra actividades extractivas no da tregua en Ecuador

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QUITO (Sputnik) — Las actividades extractivas enfrentan una férrea lucha en Ecuador, en donde pueblos indígenas, ecologistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) parecen resueltos a no dar tregua en su afán por defender el medio ambiente.
Ecuador fue uno de los primeros países en establecer los derechos de la naturaleza en su Constitución, y las comunidades indígenas dicen que harán cumplir con esos derechos pues no respetarlos afecta directamente sus vidas.
En 2021 dos acciones podrían marcar aún más la lucha de los defensores de la naturaleza contra petroleras y mineras: la decisión judicial sobre una demanda de amparo interpuesta por una comunidad amazónica contra una petrolera de capitales chinos, a la que acusan de contribuir al cambio climático; y el referendo sobre la minería metálica que se realizará en el sur del país, en Cuenca, el 7 de febrero.
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La comunidad waorani de Miwaguno espera que en enero un juez de la provincia amazónica de Orellana resuelva sobre la demanda de amparo que presentó exigiendo que la empresa PetroOriental cierre los mecheros de quema de gas que mantiene en el bloque petrolero 14.
La comunidad, que se asienta en los alrededores del bloque, en la provincia de Orellana, en el Parque Nacional Yasuní, sostiene que los mecheros contribuyen al cambio climático y afectan no solo su hábitat sino su modo de vida, en una de las áreas consideradas por los científicos como de las más biodiversas del planeta.
"Estamos reclamando porque el cambio climático está afectando nuestra vida, nuestro derecho a vivir en armonía con la naturaleza; el clima ahora es impredecible; las lluvias llegan a cualquier rato y acaban con nuestras chacras, el sol es demasiado fuerte, los animales se alejan; nuestra subsistencia está amenazada", dijo a Sputnik Juan Enomenga, presidente de Miwaguno.
La demanda fue planteada junto con la ONG Acción Ecológica, la Federación Internacional de Derechos Humanos, y la Unión de Afectados por Texaco.
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Alexandra Almeida, integrante de Acción Ecológica, comentó a Sputnik que tras los efectos económicos de la pandemia del COVID-19, las industrias extractivas iniciarán una arremetida por la explotación de los combustibles fósiles que provocan el calentamiento global, por lo cual es el momento más oportuno para entablar la demanda.
Con ella, Miwaguno espera no solo que se apaguen los mecheros, sino que se declare la vulneración de sus derechos y que la empresa repare los daños financiando programas de adaptación climática de la propia comunidad para recuperación de sus semillas nativas, de plantas tradicionales, medicinales y ancestrales.
La demanda es la primera por cambio climático que se realiza en el país y podría servir para que otras comunidades amazónicas asentadas en la zona petrolera, en donde varias empresas, incluida la estatal Petroamazonas, queman mecheros, presenten acciones judiciales similares.
En el tema minero, una decisión de la Corte Constitucional para dar paso a la consulta popular dio nuevos bríos a quienes se oponen a la minería metálica, que apenas está naciendo en el país, pero que ha captado el interés de empresas que consideran que Ecuador tiene un alto potencial geológico por ubicarse en el denominado Cinturón Andino de Cobre.
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Dicho cinturón es la zona que se extiende desde Chile hasta Panamá y en la cual se considera que existe cerca de la mitad de las reservas mundiales de cobre.
La consulta popular debe realizarse el 7 de febrero, junto con las elecciones generales; los pobladores de la ciudad de Cuenca decidirán si permiten la minería metálica en zonas consideradas de recarga hídrica, de 5 ríos.
Si gana la tesis de frenar la actividad minera, al menos dos empresas podrían parar sus planes, pese a que la Corte Constitucional advirtió que los efectos de la consulta regirían a futuro.
Quienes impulsan la consulta, liderados por el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, y el actual candidato presidencial del movimiento indígena, Yaku Pérez, sostienen que la explotación prevista en esas tierras aún no se realiza y, por lo tanto, frenarla no tendrá efectos retroactivos.
Tanto la demanda contra PetroOriental como la consulta antiminera en Cuenca, son apenas el preámbulo de lo que serán las batallas ambientales en Ecuador, país afectado por una severa crisis económica, por lo que expertos prevén que el próximo gobierno podría apostar fuerte por una mayor expansión tanto de la actividad petrolera como de la minera.
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