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"Los mayas cuestionamos el modelo de agricultura industrial": la ganadora mexicana del Premio Goldman 2020

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Las comunidades mayas de Los Chenes lograron lo que ningún pueblo afectado por la producción agrícola industrial: que se revoquen los permisos para sembrar soya genéticamente modificada en el sureste mexicano. Sputnik conversó con Leydy Pech, líder de Sin Transgénicos que presentó una demanda contra el Gobierno en siete estados de México.
Leydy Pech no ha parado de brindar entrevistas desde que se la anunció como ganadora del Premio Ambiental Goldman 2020, que año a año reconoce la labor destacada de una persona o grupo en la defensa del medioambiente y la biodiversidad.
En este caso, el premio fue otorgado a una mujer originaria de Holpechén, Yucatán, quien fungió como vocera de un movimiento que nucleó a las comunidades mayas afectadas por el avance de la frontera sojera sobre territorios que habían convivido con los pueblos originarios por generaciones, respetándose mutuamente.
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"Las comunidades mayas históricamente hemos tenido una relación muy importante con nuestro medioambiente y nuestros ecosistemas, teniendo una forma de aprovecharlos de manera sustentable, porque hemos manejado una forma de producir alimentos de manera más sencilla", explicó Leydy Pech en entrevista con Sputnik, desde el sureste mexicano.
La activista y defensora de derechos humanos comentó que la diferencia que hizo posible el triunfo de los pueblos mayas es su forma particular de "mirar el territorio, cómo lo comprendemos y qué es importante para nosotros".
Para la vocera de los pueblos mayas organizados, este galardón permite que otras luchas territoriales protagonizadas por pueblos indígenas y campesinos de distinto tenor adquieran mayor visibilidad, en las que "cada quien aporta desde su trinchera"; particularmente mencionó las resistencias a la instalación de granjas porcícolas, a los megaproyectos turísticos y a todas las actividades económicas que ponen en peligro la subsistencia de sus medios de vida, como el acceso al agua potable.

El camino de la soya

Cuando en 2012 el Gobierno mexicano entregó a Monsanto los primeros permisos de siembra comercial en siete estados de la república para su soya genéticamente modificada que entonces era la estrella en la producción de la multinacional que actualmente fue fusionada con la alemana Bayer, también con fuerte presencia en el rubro de la agro-industria, altamente concentrado por un puñado de empresas.
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Para cuando consiguió permiso para la siembra comercial en 253.000 hectáreas en San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, estos dos últimos estados mencionados habían iniciado recursos de amparo en contra de un permiso anterior, otorgado a la misma empresa para su siembra experimental de soya modificada que, al concedérsele la comercial, se amplió también a esta.
"Para nosotros la soya transgénica es algo nuevo porque nunca habíamos tenido esta forma de producción tan grande en nuestro territorio. Nosotros cuestionamos este modelo de agricultura industrial que se está introduciendo", dijo Pech.
El proceso judicial llegó hasta la Suprema Corte de Justicia que en 2017 falló por primera vez en contra del permiso comercial, argumentando que en el proceso no se había realizado la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios del lugar que serían afectados, como mandata la legislación mexicana y los pactos internacionales.
"Desde el 2012 al día de hoy ha sido una situación que hemos podido ir cuestionando y mirando cómo se ha venido transformando todo, cambiando el paisaje, disminuido la producción de miel, muerto las abejas, incrementado el uso de plaguicidas y de la deforestación. También miramos otros problemas como la contaminación del agua y los problemas de salud asociados a la soya transgénica", explicó en entrevista.
El primer fallo judicial contra la soya en México reconoció a los pueblos demandantes como indígenas mayas y también, la afectación que sufrirían en sus actividades cotidianas de sustento, como el trabajo de los apicultores de la región. Por tanto, argumentó que debían revocarse los permisos para aplicarse el principio precautorio, que refiere que mientras exista riesgo ante la aplicación de una nueva tecnología, esta debe abstenerse de usarse en el país.
La ganadora del Premio Goldman explicó que a pesar de las revocaciones, la soya se ha seguido sembrando en el territorio maya. En septiembre de este año, la sala especializada en materia ambiental y de regulación del Tribunal de Justicia Federal y Administrativa confirmó la revocación del permiso de 2017, haciendo hincapié en la necesidad de aplicar el principio precautorio a la tecnología transgénica.
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"Hoy tenemos fragilidad ambiental dado que estamos todo el tiempo expuestos a las fumigaciones aéreas de esta agricultura a gran escala, estamos mirando problemas de salud en los pueblos cercanos a estos cultivos que están asociados al uso de plaguicidas de esta producción", agregó la fuente.
La base del modelo de la agricultura industrial es triple: por un lado, las semillas transgénicas que han sido modificadas en laboratorio para tomar genes de otros seres vivos y hacer que la semilla se vuelva resistente a algún tipo de agroquímico o insecto, según sea la modificación genética que se le haya introgresado.
El segundo elemento son los plaguicidas y herbicidas que se utilizan en grandes extensiones de terreno, que vienen a sustituir la mano de obra campesina que antes se necesitaba para poner a trabajar esas hectáreas de tierras. Y el tercero y menos conocido de sus elementos es precisamente la modificación de las formas de trabajo campesino, por medio de los mecanismos de la llamada "siembra directa", que implica el uso de maquinaria agrícola pesada tanto para la siembra, la fumigación y la cosecha de los cereales genéticamente modificados.
"Las comunidades hemos estado pendientes, cada año hemos realizado nuestras denuncias pero estamos mirando que se necesita que las autoridades competentes realicen su trabajo, porque como comunidades ya hicimos lo que nosotros teníamos que hacer", dijo la entrevistada a este medio.

Prohibir el glifosato

Además de esta victoria única que las 36 comunidades mayas del sureste organizadas lograron contra una de las mayores multinacionales del mundo, México se ha planteado una ruta crítica para el abandono del glifosato de sus campos agrícolas hacia el año 2024.
Sin embargo, esta puja inédita también ha causado fuertes turbulencias dentro del Gobierno Federal, sobre todo en lo que tiene que ver a cómo será el texto del decreto que va a pautar ese camino para la eliminación del químico más usado en la agricultura industrial; al punto que este tema estuvo en la base de la renuncia del exsecretario de Medio Ambiente Víctor Toledo.
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Consultada Leydy Pech sobre esta iniciativa, la vocera de la Comunidad de los Chenes dijo a Spuntik que "es una buena iniciativa", pero matizó los resultados que puedan alcanzarse en el corto plazo.
"Falta mucho esfuerzo para poderlo traducir en una realidad, no es fácil pero esta decisión nos da una primera muestra de que se está intentando hacer algo. Como comunidades estamos mirando esta complejidad y haciendo acciones de manera en nuestros territorios, porque todo lo que viene del exterior va a ser más lento, por eso nosotros estamos haciendo pequeñas acciones alternativas para ir mitigando este problema", concluyó.
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