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El papel que juegan las energías limpias en el despojo de comunidades rurales en México

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El análisis de tres investigadoras sobre la instalación en el territorio mexicano de los parques de generación de energía limpia, revela cómo estos siembran discordia en las comunidades y empujan la pérdida de los derechos colectivos que las caracterizan.
A partir del análisis de los proyectos de energías limpias establecidos entre 1992 y 2018, las autoras del trabajo titulado La explotación de energías limpias en México: una nueva forma de despojo de los territorios indígenas y rurales, se describen diversos mecanismos cotidianos que permanecen a la sombra de la luz proyectada por las energías limpias.
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Las autoras señalan cómo el marco internacional que promovió el cambio de la matriz energética mundial —con el cambio climático como telón de fondo— funcionó como un elemento de presión en México, dónde el camino hacia el cambio de matriz energética "ha significado la continuidad de las dinámicas de acumulación del capital", señalan.
Al considerarse al sector energético de utilidad pública —refieren las autoras— los habitantes no pudieron negarse a que los proyectos para la explotación privada de energéticos se instalaran en sus territorios.
"Bajo este contexto se configuró el descontento social: al legalizar el despojo del territorio y facilitando el desarrollo de los proyectos eléctricos con fuentes limpias dentro de toda la República mexicana", escriben en el mencionado informe.

El contexto histórico

Las investigadores explican que los principales pasos internacionales comenzaron en 1992 con el acuerdo de las Naciones Unidas para estabilizar la emisión de los gases de efecto invernadero a la atmósfera (el cual continuó con las Conferencias de las partes, COP, que llevan ya 24 instancias), continuó en 1995 el Protocolo de Kyoto y llegó a su ápice con el Acuerdo de París, el cual contó con un fondo para impulsar estas metas ambientales.
Desde entonces, las energías eólicas, fotovoltaica, hidráulica y geotérmica pasaron a tener el visto bueno de ser consideradas limpias y a ser las protagonistas de las acciones de promoción de los organismos internacionales. México firmó los tres acuerdos arriba mencionados y modificó en consecuencia sus leyes internas referidas específicamente al cambio climático.
Estos fueron los tres momentos clave en este proceso:
Explican que el Gobierno mexicano estimuló a los privados a adquirir Certificados de energías limpias que les permitieron mejorar su situación en referencia a los objetivos mundiales trazados en los acuerdos multilaterales. Esto representó un maridaje entre las empresas privadas de generación de energía que avanzaron sobre un sector que hasta entonces había estado limitado y protegido por el Estado; y por otro, los distintos Gobiernos mexicano fueron cosechando prestigio internacional en su colaboración a los objetivos de cuidado climático global.

Despojo de tierras y derechos

Sin embargo, las investigadoras reportan que la realidad se ve radicalmente diferente desde los territorios dónde las energías limpias instalan sus máquinas de generación, los cuales tienen como característica sobresaliente que requieren grandes extensiones de terreno para funcionar.
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A partir de la revisión de un grueso volumen de información contenido en las manifestaciones de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) observaron que el 47,22% de los proyectos en el sector energías limpias involucran territorios de poblaciones indígenas. Por otro, el 22,28% se proyecta sobre terrenos de propiedad ejidal o comunal.
"Además de modificar el entorno natural, estos proyectos modifican el estilo de vida de la personas e incluso en ocasiones, se contraponen con las cosmovisiones de las comunidades, propiciando conflictos sociales", apuntan las autoras.
Por esto, desde 2014, el Gobierno mexicano estableció que todo proyecto de generación de energía eléctrica también debe presentar una Evaluación de Impacto Social a cargo de la Secretaría de Energía (Sener) cuya obtención tiene un carácter preceptivo: antes de lograr esta aprobación, las empresas no puede arrendar o comprar tierras en la zona para la construcción de las centrales eléctricas.
Sin embargo, las investigadoras revelan cómo de los 476 permisos para la generación de electricidad limpia propuestos en México desde 2014, sólo 118 tiene el resolutivo de Impacto Social de la Sener y de esos, sólo 16 están públicamente disponibles.
"Los efectos negativos señalados no impidieron que la Comisión Reguladora de Energía otorgara el permiso al desarrollo de los proyectos", señalan en el texto del trabajo.
Los proyectos eléctricos vienen a instalarse en zonas dedicadas a la ganadería, agricultura, apicultura o pesca, es decir, en zonas rurales que tienen cierta dependencia de los apoyos públicos para la producción, así como una nula o escasa disponibilidad de servicios públicos básicos.
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"Tal escenario es una oportunidad para que las empresas interesadas en desarrollar un proyecto de energía limpia obtengan el consentimiento de las comunidades con mayor facilidad. Suelen acudir a los comisarios ejidales, contratan miembros con poder o voz sobre los dueños de las zonas dónde se pretende instalar el proyecto y son los encargados de asociar los proyectos de generación limpia con ideales de futuro para la comunidad", describen las investigadoras.
Agregan que, según su análisis, las empresas también suelen usar a terceros para establecer los contratos de arrendamiento de las tierras, blindándose tras ellos. "Esto vulnera los derechos de los dueños de las tierras al no saber los verdaderos fines de su futuro uso, no tienen oportunidad de realizar negociaciones justas con la empresa. No especifican cuáles son los derechos de las empresas sobre la propiedad ni estipulan qué pasa si la empresa deja de pagar los montos acordados", analizaron.
Las empresas tampoco respetan los procesos internos de las comunidades en la gestión de la tenencia comunitaria de la tierra que en México son la mayoría.
"Omiten pasos o simulan asambleas, pero convencen a los propietarios por separado. En casos extremos, los empresarios acuden a los comisarios ejidales para el cambio de uso de suelo, sin tomar en cuenta a la comunidad", explicaron.
Sembrando la discordia, con contratos leoninos, las investigadoras hallaron que vistas desde el perspectivo de territorio, las energías limpias son un motivo de conflicto entre los habitantes del campo mexicano y que sobre todo, representan una pérdida de derechos para los pueblos a los que les toca convivir con ellas.
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