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6 violencias que enfrentan quienes luchan por el agua en Ecuador

© AFP 2021 / Rodrigo BuendiaUna mujer indígena grita duranta la protesta contra las concesiones de los territorios para la minería en Cuenca, Ecuador, en 2009
Una mujer indígena grita duranta la protesta contra las concesiones de los territorios para la minería en Cuenca, Ecuador, en 2009 - Sputnik Mundo
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Luchan contra empresas extractivistas y gobiernos para poder gozar de suelos, aires y aguas limpias y ecosistemas sanos en Ecuador. Pero han sido reprimidos por el propio Estado y por privados. En diálogo con Sputnik, el ambientalista ecuatoriano Kléver Calle relata cuáles son los ataques más comunes que enfrentan los defensores de la naturaleza.
Cuenca, un valle en el callejón interandino, es la tercera ciudad más grande de Ecuador. Está ubicada en Azuay (sur), una de las provincias con mayor historia minera del país. Allí viven aproximadamente 600.000 personas en "condiciones privilegiadas", especialmente por la calidad y cantidad de agua a la que la población puede acceder, dijo a Sputnik el ambientalista ecuatoriano Kléver Calle, miembro de la organización YASunidos.
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En diciembre, la Corte Constitucional de Ecuador autorizó una consulta popular que busca prohibir actividades mineras a gran y mediana escala en las fuentes de recarga hídrica de Cuenca. Se trata de un fallo histórico: pues sienta un precedente para decenas de comunidades que defienden el agua de las empresas mineras en todo el territorio nacional. 
Desde hace dos décadas, cuando los territorios de páramos y bosques nublados comenzaron a ser concesionados, ha habido intentos de frenar la actividad minera. Diversos grupos sociales, especialmente indígenas y campesinos, se han movilizado en todo el país para cuestionar la industria minera a gran escala como factor de producción nacional y para exigir el cumplimiento del derecho a la participación, establecido en la normativa nacional e internacional. Sin embargo, hasta ahora no han logrado frenar el avance minero, y por resistir, han sido violentados. 
© Foto : Cortesía de Kléver CalleMiembros del Cabildo por el Agua de Cuenca (Ecuador), el día que presentaron el proyecto de consulta popular antiminería
Miembros del Cabildo por el Agua de Cuenca (Ecuador), el día que presentaron el proyecto de consulta popular antiminería - Sputnik Mundo
En este escenario, la consulta popular que se celebrará el 7 de febrero cobra mayor relevancia. "Las compañías mineras y el propio Gobierno [que ha alentado la minería], se ponen a temblar por este ejercicio de democracia directa por el peso que tiene Cuenca, y porque abre las puertas a que otras poblaciones soliciten consultas populares sobre el mismo tema", concluyó Calle. 

¿Cómo atacan a los defensores de la naturaleza?

"La lista es larga", y comienza desde el momento que se otorgaron los territorios a las empresas "sin ningún tipo de consulta a las comunidades y poblaciones" que los habitan, advirtió Calle. Él y YASunidos consideran que representa "un hecho de violencia institucional". 
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Este tipo de violencia ha sido amparada por los distintos Gobiernos, que "han promocionado la minería en el país como una fuente de ingresos, una fuente de riqueza, de desarrollo, de empleo", dijo Calle. El resultado es que las compañías mineras terminan otorgando regalías anticipadas a la aprobación de los proyectos mineros para que los Gobiernos realicen obra pública, "lo cual rompe toda lógica", porque "si las compañías no han cumplido todos los requisitos para pasar a la fase de explotación, no tiene sentido que anticipen regalías".
La violencia institucional no es la única que sufren los defensores de la naturaleza en todo Ecuador. También hay violencias que se constituyen en agresiones físicas, maltratos y en la criminalización de la protesta. 
Calle señala que el hecho que marcó un punto de inflexión ocurrió en 2007, cuando las comunidades de Azuay se lanzaron a las calles y carreteras para pedir la anulación de las concesiones mineras en las fuentes de agua, pero "fueron fuertemente reprimidas por la fuerza pública". 
​Desde entonces, ese tipo de hechos se han repetido, tanto en la mina Río Blanco de la empresa Ecuagoldmining (en el centro de Azuay), como en la mina Loma Larga, de la compañía INV Metals (en el sur de Azuay), y en otros lugares concesionados del país. 
Ha habido defensores ambientalistas asesinados. El caso del homicidio del líder del pueblo shuar José Tendetza, rabioso opositor a la minería en su tierra, en la Cordillera del Cóndor (sur), es un caso paradigmático. El miércoles 2 de diciembre se cumplieron seis años del crimen.
​Según publicó El Comercio, su muerte sigue impune y su familia espera que el Estado aclare qué pasó con el dirigente, cuyo cadáver apareció flotando en el río Zamora, cerca del puente peatonal de Chuchumbletza, en la zona de influencia del proyecto minero Mirador, en el sur de la Amazonía del Ecuador.
"Hay varios casos famosos", recuerda Calle. Quizá uno de los más conocidos sean el del actual candidato a la presidencia por el partido del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez Guartambel —que llegó incluso a ser acusado de terrerorismo—, estuvo preso ocho días en 2013 por "interrupción de servicios públicos" por protestar en pos del agua limpia en Cuenca. Hay otros casos más graves, donde la criminalización ha llevado a encarcelar por "rebelión" hasta 10 meses a otros dirigentes, como le sucedió a Javier Ramírez.
Las compañías mineras actúan de forma similar en todas los territorios en los que se instalan, explicó Calle. Intentan "cooptar" a las comunidades que los habitan a través de "acciones de financiación de pequeños proyectos productivos", indicó. Realizan obras en las localidades como "canchas de fútbol, ayudan a mejorar el sistema de agua potable, apoyan con labores educativas, donan un laboratorio de computación para la escuela", explicó.
​Ahora que Cuenca tiene por delante la consulta popular, INV Metals "lanzó una campaña en las redes y medios de comunicación para mostrar todo lo que hace por la ecología, la educación y el agua", ejemplificó. 
Las constantes amenazas y agresiones físicas que sufren los manifestantes no sólo provienen de las fuerzas de represión, sino que también de las guardias privadas de las empresas. Según Calle, funcionan como "una suerte de grupo paramilitar que intimidan a la población y protegen las operaciones mineras".
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