Abogado advierte sobre peligroso precedente para la impunidad en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El cierre del juicio sobre el asesinato de seis jesuitas y dos asistentes en 1989, recientemente dictado por dos magistrados acusados de prevaricato, sienta un peligroso precedente para combatir la impunidad en El Salvador, dijo a Sputnik el abogado Manuel Escalante.

"Esta negligencia llevó a dictar una sentencia injusta, que no solamente niega la reapertura del juicio, si no que sienta un precedente nefasto para otros procesos relacionados con el conflicto armado, como la masacre de El Mozote y el magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero", afirmó Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca).

Dicha institución denunció ante la Fiscalía General de la República a Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños, magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes admitieron un recurso de casación presentado por la defensa de los imputados en la matanza perpetrada en el campus de la universidad José Simeón Cañas (UCA) en noviembre de 1989.

Los denunciantes alegan que Argueta y Bolaños incurrieron en el delito de prevaricato al omitir una sentencia de 2016 que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, y que impide que prescriban los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1980-1992).

Escalante señaló que, con su fallo para archivar la causa sobre la masacre de la UCA, la Sala de lo Penal entiende que los crímenes ya prescribieron, sobre la base de una ley de Amnistía ya derogada, ignorando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la guerra.

"Es un asunto muy grave desde el Estado de Derecho, porque confirma que hasta el órgano judicial es capaz de incumplir la jurisprudencia constitucional", advirtió Escalante, quien espera que la Fiscalía cumpla sus funciones e investigue el posible prevaricato.

Además, tanto la UCA como el Idhuca llamaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema a ejercer control sobre sus sentencias, y advirtieron que el próximo año emprenderán nuevas acciones para corregir los retrocesos en la implementación de una justicia transicional en El Salvador.

Un polémico fallo

Según el artículo 310 del Código Penal del país, "el juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años".

En una polémica decisión, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó el pasado 29 de octubre una casación presentada por la defensa de varios generales, señalados como autores intelectuales de la matanza de seis jesuitas y dos asistentes en plena casa pastoral.

La referida Sala estimó que el caso prescribió, y por ende, no podía ser reabierto, pese a que en septiembre pasado un tribunal de España condenó a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano por su papel en la cadena de mando que condujo a la matanza de la UCA.

La casación blinda a los imputados y afianza el interés de sectores influyentes de pasar página al capítulo del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1992, y que dejó unas 75.000 muertes, según una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas.