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Nuevas denuncias por muertes de civiles contra militares ascendidos en Colombia

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Cuatro militares ascendidos por el Gobierno de Iván Duque se encuentran involucrados en denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales que habrían cobrado la vida de al menos 3.000 inocentes. Sputnik accedió a testimonios de soldados que vinculan al general Leonardo Fabio Caro Cancelado con los casos.
Por solicitud del Gobierno colombiano, y con la aprobación del Congreso, ascendieron a generales siete militares del Ejército y nueve policías. El propio presidente de Colombia, Iván Duque, presidió la ceremonia de ascenso de los 16 uniformados el 8 de diciembre. Sin embargo, algunos aparecen vinculados a crímenes de lesa humanidad
Más específicamente, se trata de ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego reportaron como bajas en combate con la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), también conocidos como falsos positivos. En ese capítulo de crímenes de Estado se habría cobrado la vida de al menos 3.000 inocentes.
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Entre los casos más conocidos de uniformados relacionados con estas delicadas denuncias se mencionan a Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y a Édgar Albero Rodríguez Sánchez, señalados también por José Miguel Vivanco, director de la Human Rigths Watch (HRW) para las Américas. Evangelista fue comandante del Batallón Atanasio Girardot que, según HRW, habría perpetrado 55 ejecuciones sumarias entre 2006 y 2007, mientras estuvo al frente del batallón.
Respecto a Rodríguez Sánchez, Vivanco sostuvo que siendo comandante del Batallón Magdalena, entre julio de 2006 y diciembre de 2007, habrían ejecutado a 22 civiles presentándolos como muertos en combate para cobrar recompensas, de acuerdo al sistema de incentivos que para ese tiempo instauró quien era el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, hoy investigado por la Jurisdicción Especial de Paz en el macro caso sobre ejecuciones extrajudiciales
Por otro lado, el periodista Yoir Akerman dio a conocer el caso del general Óscar Reinaldo Rey Linares, nombrado como nuevo comandante de la Quinta Brigada del Ejército, y que, según Akerman, habría sido segundo comandante del Batallón La Popa, en el departamento del César (norte), el cual estaría relacionado con la ejecución de al menos 34 personas entre 2004 y 2005. Entre las víctimas se encontraba una niña de 13 años de la comunidad indígena wiwa-kakuma, quien fue asesinada y presentada como guerrillera muerta en combate.

¿Quién es el general Leonardo Fabio Caro Cancelado?

El recién ascendido a general de la República Leonardo Fabio Caro Cancelado tiene 50 años. Inició su carrera militar en marzo de 1989, alcanzó el grado de teniente en diciembre de 1991; se hizo capitán en 1998; alcanzó el grado de mayor en 2004 y el de coronel en 2014. En 2020, el 8 de diciembre, consiguió el rango de brigadier general y además se le nombró como comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, la cual opera en la región del Catatumbo, frontera entre Colombia y Venezuela, donde en este momento se desarrolla con mayor intensidad el conflicto armado colombiano.
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La hoja de vida de Caro Cancelado da cuenta de sus servicios como Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón Cartagena, entre el 20 de mayo de 2005 y el 6 de junio de 2007; así como de comandante del Batallón Córdoba, con sede en Santa Marta, del 14 de julio de 2010 al 7 de junio de 2012. Sobre su paso por estos dos batallones existen testimonios a los que tuvo acceso Sputnik que lo acusan de participar en actos ilícitos. 
Caro Cancelado fue oficial administrativo y segundo comandante del Batallón Cartagena, el cual opera en La Guajira, zona norte del país. Un soldado profesional, cuya identidad nos reservamos por motivos de seguridad, narró cómo en este batallón se realizaron "falsos positivos" para cobrar las recompensas. El soldado prestó servicio en el año 2006 en el batallón Cartagena y ha solicitado protección del Estado colombiano como testigo para revelar lo que sabe.
"Mi general [Mario] Montoya exigió 20 bajas y como que esas bajas se dieron rapidito y en poco tiempo. Al cabo del año fueron 70 bajas. Que si cinco o seis eran guerrilleros era demasiado. Lo demás era gente hecha pasar por guerrilleros", denunció. 
El testimonio fue entregado al defensor de derechos humanos, Carlos Andrés Varela, quien viene solicitando protección para el testigo a fin de que declare formalmente ante el tribunal de paz que se creó para sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. "Quiero denunciar a mi general Roosvelt, cuando era comandante de Batallón, y a mi mayor Caro Cancelado, quien ahora en este 2020 asciende a general. ¿Cómo llegaría un señor de esos, con ese nombre que lleva tan sucio de falsos positivos a ser un general de la República?", expresó el soldado.
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En otro aparte, el testigo narró con detalle cómo fueron asesinados cuatro civiles entre febrero y abril de 2006 para hacerlos pasar como guerrilleros. Su testimonio incluye más revelaciones sobre el general Montoya y sobre cómo eran utilizados los gastos reservados del Ejército para cometer los "falsos positivos" y para después legalizarlos.
La historia de los "falsos positivos" se remonta al primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), período en el que el general Montoya jugó un papel protagónico como comandante del Ejército e impulsó una directriz del Ministerio de Defensa (la 29 de 2005) para instaurar un sistema de incentivos y premios a las unidades que reportaran bajas en combate. 
La iniciativa condujo a que cientos de soldados del Ejército de Colombia asesinaran civiles, los disfrazaran de guerrilleros y los registraran como "bajas". Se hizo conocida la instrucción de Montoya, según la cual "la guerra se mide en litros de sangre". Las cifras sobre el número de asesinatos varían según los investigadores, pero la base de datos recibida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de manos de la Fiscalía contabiliza 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. 
Estos crímenes hacen parte de uno de los macrocasos que investiga la JEP—que surgió como parte del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 para conocer los delitos cometidos durante el conflicto armado—. Conocido como el macrocaso 003, ha recibido cientos de testimonios, incluyendo el del exgeneral Montoya, quien habría sido uno de los máximos promotores de la oscura directiva. Tan oscura que hasta la Corte Penal Internacional tiene los ojos puestos sobre el tema. 

¿Relación con grupos ilegales?

El abogado también tiene en su poder el testimonio de otro soldado que acusa al nuevo general de haberlo cambiado de batallón por haber descubierto una ruta de tráfico de combustible y drogas. Esta vez, el soldado sostuvo que corría el año 2012 cuando fue trasladado a la base del Banco, departamento de Magdalena (norte), donde se percató que los policías y militares que operaban en la zona tenían relación con grupos al margen de la ley.
"Para dar evidencia de esto, detuve un vehículo a media noche que transportaba todo este tipo de material [combustible e insumos para la producción de cocaína]. Lo llevé a la Policía, denuncié a la Procuraduría y a la Fiscalía. La demora fue hacer la denuncia para que me sacaran del batallón y me agregaran a otro. Los soldados me dijeron que el teniente que servía en esa base recibía dinero de esos grupos por dejar pasar esos camiones", narró el soldado en un audio al que también accedió Sputnik.
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En su declaración, agregó que llevó la denuncia hasta la oficina del entonces coronel Caro Cancelado, a quien le detalló lo que había descubierto. “Cuando yo me le presenté a la oficina, le conté todo lo que pasaba, solamente me miró así y me dijo: 'El mayor ya tiene órdenes'. Cuando salí me le presenté al mayor Duarte, quien me dijo 'alístese que se va para el batallón de Alta Montaña 6'. ¿Qué más palabras tenía que esperar? Ese riendazo, separándome de mi familia”, recordó.
Los testimonios que relacionan al nuevo general de la República están en custodia del defensor de derechos humanos, quien ha solicitado a las autoridades colombianas la protección de los testigos para que puedan rendir testimonio ante el tribunal de paz que le sigue la pista a los responsables de las ejecuciones de extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional entre los años 2005 y 2009. Sputnik trató de consultar al general Caro Cancelado, así como las Fuerzas Militares, pero no obtuvo respuesta.
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