Generación COVID-19: las pérdidas irreversibles para los más jóvenes en Argentina

Cuatro de cada 10 hogares donde viven menores de edad en Argentina han sufrido una reducción de ingresos laborales, de los cuales el 70% perdió la mitad o más de salarios y ganancias, según Unicef. La agencia de Naciones Unidas para la infancia insiste en que se vacune a los docentes y que se retomen las clases presenciales en el país.

Las cifras de la pandemia de COVID-19 en Argentina no dejan de impactar. Al millón y medio de contagios y las más de 40.000 muertes se le suma el efecto negativo sobre el trabajo y las economías familiares, que afecta directamente los ingresos de la población, que superó el 40% de pobreza, y, como resultado, a los más jóvenes en un porcentaje mayor: seis de cada 10 niños y niñas argentinos crece pobre y son el rango etario más afectado por este indicador.

Según la tercera encuesta sobre el impacto de COVID-19 presentada por Unicef el 15 de diciembre, cuatro de cada 10 hogares donde residen niños y adolescentes (unas 2 millones de familias o 9 millones de personas) afrontan una reducción en los ingresos laborales, y alrededor del 70% de estos perdió la mitad o más de sus remuneraciones como consecuencia.

Los números se condicen con el estudio realizado entre agosto y octubre por el Indec, que arrojó que 49,3% de los hogares del Gran Buenos Aires, que incluye la capital nacional y sus alrededores y donde vive un tercio de la población argentina, tuvo una reducción de sus ingresos totales debido a la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio.

Emergencia alimentaria y sanitaria

42% de los hogares con menores de edad recibió en octubre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 33% accedió a la Tarjeta Alimentar u otros mecanismos de apoyo alimentario otorgados por el Estado, aunque más de la mitad de los hogares no recibe transferencias destinadas a poblaciones en situación de vulnerabilidad social.

Según los resultados de la encuesta de Unicef, 88% de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) destinó el dinero a comprar alimentos y bebidas, y 28% de los hogares tuvieron que dejar de comprar víveres por falta de dinero. Más del 40% de los hogares no han podido dar seguimiento a los controles de salud y 20% descontinuaron los calendarios de vacunación anuales en el marco de la pandemia.

"Mucho se debe no a que no se ofrecen los servicios sanitarios sino más bien a que las familias durante todo este período no han ido a los centros y estas son dos cosas clarísimas que hay que hacer: controles regulares en la niñez y calendario de vacunación. El mensaje para las familias es que vayan a los centros de salud porque es importante y deberían ser universales", dijo Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, durante la presentación del informe.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social nacional, antes del inicio de la pandemia de COVID-19, ocho millones de personas requerían asistencia alimentaria en todo el país, pero desde el inicio de las medidas de aislamiento y distanciamiento el número subió a 11 millones, con lo cual 25% de la población depende hoy de la asistencia de organizaciones sociales y fondos del Estado para comer.

En todas las villas y barrios populares de mayor pobreza de la capital, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en los márgenes de todas las grandes aglomeraciones urbanas del país se registra un colapso de las capacidades de comedores y merenderos para dar abasto con una demanda que, reclaman, se cuadruplicó.

Una de cada cinco familias enfrenta al menos una deuda y, entre los hogares endeudados, 36% utilizó fondos prestados para comprar alimentos. En el caso de las villas y asentamientos, entre julio y octubre aumentó de 25% a 30% el porcentaje de familias que debieron recurrir a un préstamo o fiado para adquirir comida.

En la tercera encuesta se detectó el mayor porcentaje de pérdida de empleo en el año, que alcanzó a 10% de las familias con hijos, aunque en casas con mujeres como jefas de hogar subió a 12%, y a 16% entre grupos familiares con más de cinco miembros, indicó Unicef Argentina.

La deuda con la educación

La pandemia de COVID-19 impidió que hubiera clases en las aulas en todo el territorio argentino. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por ofrecer contenidos multiplataforma para evitar que se profundice la desigualdad educativa entre clases sociales, la falta de acceso a computadoras y de conexión a Internet dificulta el cumplimiento del derecho a la formación primaria y secundaria de niños y niñas en los barrios populares.

El golpe a la educación básica es probablemente el que tendrá mayores consecuencias a largo plazo porque los años lectivos avanzan y los contenidos que no se llegan a cubrir no se recuperan. Mientras los jóvenes de escuelas públicas y privadas de la clase media y alta han logrado adaptarse lo mejor posible gracias a la tecnología, la mayoría de los niños en situación de vulnerabilidad no cuenta con las herramientas para compensar el cierre de escuelas.

"Ya en todo el sistema está acordado a través de diferentes resoluciones la preparación, tanto de las normativas como de los acuerdos federales, para avanzar progresivamente al retorno de las clases presenciales. En estos últimos meses, casi la mitad de las jurisdicciones iniciaron acciones en algunos contextos como en ambientes rurales, pero todavía es marginal. La apuesta y lo que nosotros instamos es que se pueda avanzar en 2021 en la reapertura para todos los niveles y en todas las provincias", dijo a Sputnik Cora Steinberg, especialista en Educación de Unicef Argentina, durante la presentación de los resultados de la encuesta.

Argentina se encuentra en la antesala de un megaoperativo de vacunación masiva, con el objeto de inocular a un tercio de la población en el primer trimestre de 2021. Se empezará por el personal de salud, las fuerzas de seguridad, docentes, y tendrán prioridad los mayores de 65 años y quienes tengan comorbilidades.

El presidente, Alberto Fernández, firmó un contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa en Argentina para recibir las primeras 600.000 dosis de la vacuna Sputnik V antes de fin de año, con la que se inoculará a 300.000 personas. En enero llegaría otro envío para vacunar a otros 5 millones de ciudadanos y en febrero se completarán las dosis para llegar al total aproximado de 10 millones de vacunados. Son las primeras y únicas vacunas confirmadas.

Aunque los menores de edad no se encuentran entre el público prioritario para recibir las dosis, la posibilidad de evitar un segundo brote sobre la ciudadanía más propensa a que su vida corra riesgo por COVID-19 podría permitir el regreso de una de las pocas actividades que no han sido todavía beneficiadas por la nueva normalidad: el regreso a clases presenciales.

Steinberg enumeró cinco puntos esenciales donde Unicef está focalizando en este tema. "Por un lado, la urgencia en definir el sector como esencial, por lo que celebramos que se haya incluido a los docentes entre los prioritarios para la vacunación. Un segundo aspecto es profundizar la planificación estratégica y los acuerdos locales para que todas las instituciones cuenten con las condiciones para asegurar la vuelta a clases."

El cierre de escuelas tiene consecuencias devastadoras.

Instamos a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura segura de las escuelas y a anteponer el interés superior de los niños. pic.twitter.com/tNn6NOZst6

— UNICEF en Español (@UNICEFenEspanol) December 14, 2020

​En tercer lugar, proteger los recursos materiales y humanos para sostener esta situación en 2021, con incremento en los presupuestos educativos. Cuarto punto, seguir fortaleciendo y acompañando a los equipos directivos, docentes, estudiantes y sus familias para poder desplegar mejores oportunidades de aprendizaje con políticas de revinculación necesarias.

"En quinto lugar, avanzar con un principio de equidad, es decir, priorizar los contextos de mayor vulnerabilidad y exclusión, donde chicos y chicas han sido quienes sufrieron la mayor desconexión", concluyó la especialista en Educación de Unicef.

Salud mental y bienestar

El impacto en la salud mental y el bienestar de los más jóvenes, como consecuencia del aislamiento y la disrupción de la socialización y de las dinámicas intrafamiliares, viene siendo monitoreado en todo el mundo.

El informe de Unicef detectó que 10% de los menores de edad demostraron dificultades y temor a la hora de salir nuevamente a la calle y 7% mostró síntomas de miedo extremo y alta resistencia al exterior luego de un extenso período de aislamiento obligatorio. También más de 40% tuvo alteraciones en la ingesta de alimentos y en el sueño.

Entre los adolescentes, se duplicó el porcentaje de quienes respondieron tener síntomas de depresión, en comparación a la primera encuesta, que subió de 6 a 12% de abril a octubre. Además, 24% dijo tener angustia y 14%, miedo debido al contexto de incertidumbre.

Una de las sorpresas que mostró la encuesta fue la detección de que 16% de los adolescentes se encuentra realizando actividades relacionadas con el mercado, es decir, que se han incorporado a algún rubro de trabajo, actividad laboral que la mitad de los que respondieron afirmativamente no lo hacía antes de la pandemia.