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Se acabó el chollo en Andalucía: declaran inconstitucionales las contrataciones exprés de la Junta por COVID

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El procedimiento es asombrosamente ágil. Firmas una declaración jurada, rellenas unos datos y mandas un mail. Solo con eso puedes convertirte en empleado público en Andalucía. Así ha sido como cientos de personas han cumplido el sueño de todo padre para sus hijos: convertirse en funcionarios. Pero este chollo se acabó.
La Junta de Andalucía, tras meses de pulso con sindicatos y funcionarios, asume una mala praxis y corregirá las polémicas contrataciones exprés de empleo público. El portavoz de la Junta de Andalucía y Consejero de Presidencia, Elias Bendodo, ha confirmado ahora que en las nuevas contrataciones de personal interino de emergencia se realizarán a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
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La respuesta del TSJA llega tras una denuncia del sindicato CCOO, una de las muchas recibidas en los últimos meses por la Justicia. "En Andalucía, con la excusa del COVID, no se garantizaba el derecho al trabajo y al libre acceso a la función pública", denuncia a Sputnik Carlos Sánchez, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF).

Modus operandi en la tierra del paro

Al desempleo crónico que afecta sobre todo a los jóvenes hay que sumar el azote pandémico. Andalucía es una región de turismo y servicios, los datos más recientes elevan a más del 23% la tasa de desempleo. Sobran los parados, los hay de todo tipo de procedencia y formación, sin embargo, para obtener un empleo de calidad en la administración pública, lo más importante ha sido tener una buena conexión a internet.
La administración andaluza creó el proceso de contratación por e-mail en orden de llegada. Una vez agotadas las bolsas de interinos existentes se habilitó la fórmula para recibir solicitudes en un plazo de 24 horas. Las primeras ofertas de empleo público ni siquiera fueron anunciadas en la web de la administración.
"¿Cómo te enteras de eso el primero?", se pregunta uno de los solicitantes que llegó tarde a la convocatoria de técnico en prevención de recursos humanos, "te enteras si tienes contactos que te avisen con antelación de la convocatoria", se responde a sí mismo este licenciado que prefiere no compartir su nombre con nosotros.
Este periodista, a modo de prueba, se inscribió en el plazo previsto de 24 horas para una bolsa de técnico administrativo en las oficinas de la Junta tras enterarse de la apertura mediante un WhatsApp de amigos. El proceso es más que sencillo: rellenas tus datos personales y académicos, rellenas un breve campo con tu experiencia profesional y firmas una declaración jurada de que todo lo que expones es cierto. Por otro lado, declaras que no tienes enfermedades ni factores de riesgo ante el COVID.
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Una vez que envías el email de repente llega la nada. Ni siquiera se obtiene un acuse de recibo de la administración. Uno se pregunta si habrá llegado su email y si optará o no a la plaza. Las primeras convocatorias con esta fórmula hicieron colapsar el buzón de correo de la Junta de Andalucía, que se vio obligada a ampliar otras 24 horas la ventana de oportunidad para enviar tu solicitud.
"No hay filtro de calidad, no hay prioridad en las contrataciones", explica Carlos Sánchez, "simplemente se acepta a los candidatos por orden de llegada. Al final gana el que mejor conexión o ancho de banda tenga".
Según fuentes sindicales, la Junta ha llevado a cabo 23 convocatorias mediante este proceso y ha llegado a recibir más de 150.000 emails. Oficialmente hablamos de 4.000 contrataciones, de las que 3.000 fueron los famosos "vigilantes de la playa". El millar restante son funcionarios interinos cuya contratación con carácter urgente por el COVID expirará este 31 de diciembre.
"El COVID está siendo un cheque en blanco para esta administración", lamenta Sánchez. Llama la atención que las contrataciones de urgencia no se refieren tanto al ámbito sanitario o a las labores de rastreo.
Los interinos de la Junta que accedieron al puesto mediante un fulgurante e-mail han desarrollado todo tipo de funciones:

Sindicatos en guerra

Desde un principio las contrataciones exprés por el COVID contaron con el rechazo de los principales sindicatos implicados en la función pública. El método de el primer e-mail en llegar gana atenta contra principios básicos constitucionales como mérito y capacidad o igualdad.
Una mujer pasa frente a una tienda cerrada en Madrid. 9 de julio de 2020 - Sputnik Mundo
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Ahora que el TSJA ha confirmado la inconstitucionalidad, los principales grupos sindicales denuncian una actitud de prepotencia y ninguneo total hacia las fuerzas sindicales por parte de la Junta.
Desde CSIF esperan que el nuevo proceso ofrezca "una mayor tranquilidad a la ciudadanía, que participó masivamente en los procedimientos anteriores", detalla a Sputnik Enrique Álvarez de Toledo, "se creó un caos generado por la incomprensión de la fórmula de admisión y selección de los candidatos".
Elias Bendodo ha recordado en su intervención ante medios que el sistema de contrataciones fue consensuado y pactado con los sindicatos, algo que ha sido ampliamente desmentido a este periodista. "Es radicalmente falso, solo se habló de un sistema ágil, no de contratar al primero que enviara un email", detalla Carlos Sánchez, presidente del SAF.

La prisa mata

La intervención del TSJA vino precedida en octubre por la Fiscalía provincial de Sevilla, calificando este proceso como "un atentado al derecho de igualdad de acceso a la función pública". Los sindicatos recalcan que las contrataciones "ni siquiera hacían honor a su nombre", explica Sánchez. Las contrataciones urgentes venían a colapsar el trabajo de los propios funcionarios de la administración que tenían que asumir una demanda masiva de empleo.
"Al final el proceso de contratación ha llegado a demorar más de un mes, y en ocasiones se ha tenido que repetir, o sea, ni es urgente ni es constitucional".

Sin respaldo legal

Las contrataciones exprés viene a vulnerar diversos derechos. Básicamente, según el TSJA "la convocatoria es contraria de plano a los principios de mérito y capacidad". Pero además, se vulnera "el principio de jerarquía normativa del artículo 9.1", y "el artículo 14, porque se discrimina a aquellas personas que padezcan determinadas enfermedades o factores, las embarazadas o en periodo de lactancia y el colectivo mayor de 60 años".
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La convocatoria rellenada por este periodista excluía a personas que padezcan enfermedad renal crónica, pulmonar, hepática, cardiovascular e hipertensión, diabetes y enfermedades inmunodeficientes y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y a los mayores de 60 años.
No solo los sindicatos. Sputnik consultó sobre estos procedimientos de contratación a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que ya antes de la sentencia del TSJA se mostró "sorprendida" ante el proceder de la Junta, "nunca se había visto algo así", y calificó como "posible extralimitación" el proceso de contrataciones.
Además, tras varios requerimientos sobre las contrataciones, y sin obtener aclaraciones a este órgano de control parlamentario, la oficina lamentó la "actitud entorpecedora" de su labor por parte del gobierno andaluz. Finalmente ha sido la Justicia la que ha puesto, meses después, fin al carácter de urgencia de los mails mágicos. Sin prisa pero sin pausa.
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