Que no se lucre con el dolor: hasta 15 años de prisión en México por alzas en precios en la crisis

La Cámara de diputados de México aprobó sanciones de hasta 15 años de prisión a fin de asegurarse de que ninguna persona lucre con el dolor y la necesidad de la población en casos de emergencia.

Los legisladores aprobaron con 465 votos a favor reformas al Código Penal Federal, con el objetivo de aumentar los castigos contra quienes resulten responsables de ocultar o acaparar artículos de primera necesidad en momentos de amenaza, inminencia u ocurrencia de desastres naturales, riesgos sanitarios o cualquier otra circunstancia catastrófica que altere el orden público.

"Durante la pandemia vimos el incremento desmesurado e injustificado de productos de primera necesidad. Lo vimos con los cubrebocas, con el gel antibacterial, pero también lo vimos con el tanque de oxígeno, que se terminó volviendo un producto exclusivo para quienes tienen más y no se puede, en una sociedad como la nuestra, dar escoger a quien padece una enfermedad, darle de comer a las hijas e hijos o atender la salud", expresó.

La pandemia nos demostró que existen inmensas muestras de solidaridad, pero también que hay gente que se aprovecha de los momentos más vulnerables. Por eso aprobamos erradicar las prácticas que laceran a la sociedad, para que nadie lucre con el dolor y la necesidad: @eLiasLixa pic.twitter.com/MDk6LZQHoQ

— Diputados PAN (@diputadospan) December 2, 2020

La reforma, que ya fue turnada al Senado mexicano, establece que los responsables de acaparar o subir de precio artículos de consumo necesario, productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos, bienes destinados a la prevención de propagación o contagio de enfermedades o cualquier artículo de primera necesidad y los que se requieran para su conservación, serán acreedoras a penas de hasta 15 años de cárcel.

Actualmente, las personas que se aprovechen de alguna situación de emergencia para aumentar sus precios de manera injustificada pueden recibir una pena de 3 y 10 años de prisión, así como multas que van de los 200 y 10.000 días.

José Elías Lixa también hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar los precios y endurecer sus procedimientos con el objeto de castigar a quienes se aprovechan de las personas y las familias más vulnerables en momentos de emergencia.